Por convicción colectiva

En política, la toma de decisiones no siempre sigue la lógica con la que pensamos las cosas de manera individual. La toma de decisiones públicas se distingue de las privadas porque en términos generales, sus efectos o consecuencias tienen impactos –positivos o negativos- sobre la sociedad. Tal vez no existan grandes afectaciones colectivas si Usted decide vestir con zapatos deportivos o botas vaqueras el día de mañana; pero promover una mayoría parlamentaria que tome decisiones presupuestales que fortalecen o cancelan programas públicos es cosa distinta. Esas decisiones políticas suelen tener efectos sobre determinados grupos de la sociedad.

Los cálculos con los que se decide en política –como en cualquier otra cosa que implica una responsabilidad sobre los demás- son complejos. Nos hace bien observar las cosas con la mayor objetividad posible y partir de la idea de que el gobierno no es una sola persona, que dentro de los poderes del estado hay enormes complejidades organizacionales, intereses antagónicos y disputas por poder. Las posiciones que toman quienes cumplen una responsabilidad pública son igualmente complejas: hay quienes buscan la justicia, hay quienes buscan dominio, hay quienes tratan de ser congruentes con el sistema de creencias del electorado al que se deben, hay quienes entran con nobles intenciones y al paso del tiempo, transforman sus propias metas personales. La política es compleja. 

Algunos políticos creen que la democracia representativa implica también la delegación de la razón pública. Es decir, que si en democracia se designan representantes populares, entonces esas personas serán las únicas facultadas para pensar, argumentar y decidir en nombre del pueblo. Están equivocados. Si bien la Constitución establece en su artículo 40 –mi favorito- que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa y democrática, esto no implica, de ninguna manera, el abandono de la aspiración del diálogo entre representantes y representados, entre mandatarios y mandantes, entre ellos y nosotros.

A estas alturas del partido, no estamos para soberbias ni simulaciones. Quien realmente se interese por construir decisiones públicas de calidad debe preocuparse por el método con el que se decide. Hemos visto por décadas cómo suelen organizarse foros consultivos para modelar leyes que no recogen la opinión, razonamientos o advertencias de quienes ahí participaron. Hemos visto la exposición mediática de personajes que llenan los discursos de lugares comunes y les llaman debate público. Hemos visto el sofocamiento de voces críticas pero también propositivas, cuyas antítesis permiten mejorar a la política. 

¿Quién detenta el monopolio de la razón pública? ¿cómo sabemos que en política se están tomando las decisiones con los razonamientos correctos? ¿Qué mecanismos tenemos para asegurarnos que las decisiones que se toman, se hacen pensando racionalmente en beneficio de la población y no de grupos de interés? ¿será lo mismo beneficiar a la población, al país o a las instituciones? ¿cómo podemos aspirar al bienestar general cuando existen intereses divergentes o antagónicos?.

Con el tiempo, viene un claro distanciamiento entre las distintas opiniones que la población puede tener sobre determinado asunto y las posiciones que adoptan las(os) representantes populares. Ahí habitan esas decisiones polémicas que a todo mundo disgusta, las que inexplicablemente favorecen a ciertos grupos de interés o peor aún, las que no tienen la capacidad de sostenerse en un debate público informado. En ocasiones llega aquello que algunos han calificado como la insatisfacción por la democracia: consiste en esa sensación de descontento por el desempeño de quienes han recibido el apoyo popular por medio del voto. Todos sabemos que la culpa no es de la democracia.

Aún así, en un país lleno de desigualdades, de violencia grotesca, de incompetencia y prevaricato, de polarizaciones inútiles, de empobrecimiento del debate público, hago una evocación de Hemingway. El mundo es un buen lugar y una razón por la que vale la pena luchar. Con nuestra democracia ocurre igual. Vale la pena creer en nosotros mismos porque ello implica preservar aquello que siempre nos ha pertenecido. Nos definimos como República, no por curiosidad histórica, sino por convicción colectiva. No podemos admitir ninguna reducción a nuestros espacios de discusión y participación, no podemos abandonarnos a la racionalidad de alguien más y no exigir cuentas por las decisiones que se toman en nombre de todos. 

Encuentro mayor virtud en quien reconoce errores y establece redes de conocimiento y colaboración para mejorar las cosas. Nunca he entendido por qué en democracia, pocos quieren gobernar así. 

Twitter. @marcoivanvargas