“Está todo muy mal,
pero no se puede hacer nada”.
Frase popular para (auto)justificar
la precariedad laboral
Manifestamos que estamos en precariedad cuando sufrimos una situación de inestabilidad o duración incierta.
En el ámbito laboral nos referimos a este concepto cuando el trabajador está sujeto a “condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal, especialmente cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona”.
Cuando se pierde calidad en el trabajo, calidad en el ingreso, calidad en las prestaciones laborales y, en general, calidad en el empleo, hablamos de una condición de precariedad laboral.
Un contexto salarial y laboral frágil dificulta una razonable estabilidad laboral. El resultado es un círculo vicioso donde la precariedad en el empleo nos lleva a mayores niveles de inestabilidad, incertidumbre… y pobreza.
A diferencia de los abundantes estudios existentes en temas de la pobreza en nuestro país, en materia de la precariedad laboral son escasos.
Los pocos existentes aceptan de manera general y con evidencia práctica, que al menos en los últimos 50 años los niveles de bienestar de la sociedad mexicana han tenido una disminución importante principalmente por la pérdida de poder adquisitivo y prestaciones laborales.
Con tal de acceder a un empleo y mantenerlo, muchas veces aceptamos condiciones laborables desfavorables tanto en ingreso, como en prestaciones.
Los expertos en esta materia clasifican la precariedad laboral en 4 dimensiones:
La temporalidad explicada cuando se tiene una inseguridad en la relación laboral (falta de contrato) o contratación a tiempo definido, propiciado por reformas laborales tendientes a flexibilizar el empleo, falta de supervisión de la autoridad laboral, etc.
La vulnerabilidad laboral entendida como la degradación en las condiciones de trabajo, como empleo en las calles, trabajo en condiciones insalubres y/o con riesgos a la inseguridad física y de salud.
La insuficiencia salarial se manifiesta con niveles salariales inferiores al mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda. Entre algunos factores que la propician está el bajo nivel educativo, poca o nula capacitación y falta de creación de empleos competitivos.
Y la reducción en las prestaciones laborales y de protección social, registrado en la debilidad de los sindicatos para proteger a sus agremiados, y la flexibilización laboral tendiente a reducir costos en el trabajo, entre otros.
Me centro en esta cuarta dimensión de prestaciones laborales y de protección social porque aquí se han presentado varias situaciones irregulares -por decir lo menos-, desde prácticamente el inicio de la gestión de la actual administración estatal.
Igual que en el ámbito privado, también en el sector público los trabajadores, además de su sueldo, tienen prestaciones laborales por Ley en seguridad social, vivienda, ahorro o pensiones, entre otras, que están -o deberían estar- consideradas en el presupuesto público en el apartado de sueldos, prestaciones y retenciones que hace el “patrón” -el gobierno-, al trabajador -el servidor público-.
Al principio de esta administración pasaron casi desapercibidas -menos por los afectados- dos acciones que se han ejecutado sostenidamente desde entonces:
La primera fue la reducción de sueldo y prestaciones al personal directivo, afectando de manera inmediata su economía personal y/o familiar. El argumento oficial: “ganan mucho y trabajan poco”.
La segunda, igual o más grave que la primera, las retenciones que hace gobierno a sus trabajadores por las prestaciones que tiene por Ley, poco a poco dejó de enterarlas -entregar- a las instituciones responsables de su gestión para brindarles la atención correspondiente.
Esta situación ya se agravó y visibilizó. Un número importante de trabajadores de cada vez más dependencias están resultando afectados por esta acción por el gobierno estatal desde hace varios meses. Las áreas administrativas de sus centros laborales se limitan a informar que la retención correspondiente no se ha entregado a quien corresponde. Lo preocupante es que al trabajador si le han descontado el monto respectivo de estas prestaciones que tiene derecho a recibir.
Al enfado y desconcierto inicial, se han acrecentado desde hace varias semanas los reclamos, protestas públicas y mediáticas a la autoridad visibilizando dicho incumplimiento. Trabajadores de la Secretaría de Salud Estatal son los últimos en sumarse a esta exigencia. Algunos ya padecen acoso en sus centros de trabajo por demandar una solución a esta situación anómala, sumado a la incertidumbre económica, precariedad laboral y pérdida de su empleo. Gobierno del Estado no ha dado respuesta satisfactoria, limitándose a minimizar este problema.
Todo el recurso público tiene fines determinados en la Ley de Presupuesto de Egresos y demás normas aplicables para su aplicación. El Estado tiene como obligación legal cumplir su función de prestar bienes y servicios que demanda el ciudadano, además de cubrir su propio funcionamiento, incluido el sueldo y prestaciones de sus trabajadores. Hoy el Estado incumple el correcto ejercicio del presupuesto. La autoridad fiscalizadora, mantiene un cómplice silencio.
Eventualmente este grave problema -el adeudo suma varios cientos de millones de pesos-, dentro de no mucho tiempo se convertirá en una situación catastrófica para las finanzas públicas estatales, y de los afectados.
jmanuelrm@msn.com