Los ingresos municipales durante 2017 ascendieron a 55,494 millones de pesos, de los cuales el 46% provinieron del predial; los estados que mejor cobraron este impuesto fueron: Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur; los que tuvieron baja recaudación fueron: Campeche, Zacatecas, Aguascalientes (véase gráfica). El problema es que los gobiernos municipales en México tienen un rezago en su recaudación, ya que representa solo el 0.3 % del producto interno bruto (PIB), porcentaje menor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde es del 1.9%.
Los motivos de este rezago son diversos, pero destacan los siguientes: 1) capacidades administrativas insuficientes en los gobiernos municipales; 2) falta de voluntad y acuerdos políticos de los gobiernos locales para hacer efectivo su cobro; 3) falta de bases adecuadas para su cobro. Esta situación ha generado gobiernos municipales débiles financieramente, ya que dependen de los recursos provenientes del gobierno federal, vía transferencias, participaciones y programas especiales.
En primer lugar, en lo que respecta a la capacidad administrativa de los gobiernos locales, ésta se compone por: 1) cálculo, control y administración del impuesto; 2) integración y actualización de los registros inmobiliarios; para cumplir con esta función la mayor parte de los municipios en México no cuenta con un marco jurídico actualizado; organización y recursos humanos insuficientes; tecnologías de la información obsoletos; sistemas y procesos administrativos incompletos.
En segundo lugar, existe una falta de voluntad política para impulsar la aprobación de tablas de valores unitarios a valores de mercado y además no aplican, sin distingo político, su cobranza hasta sus últimas consecuencias, su cobro refleja una política fiscal populista y equivocada de parte de los legisladores, funcionarios y autoridades locales responsables en la materia, en donde hasta la oposición partidista se convierte en cómplice y oportunista; los gobiernos municipales realizan actos de omisión que perjudican la hacienda publica local.
En tercer lugar se encuentra, la falta de bases adecuadas para el cobro de la contribución; en este sentido los Congresos locales, en coordinación con los municipios, tienen la atribución de adoptar las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo, que sirven de base para el cobro de la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los de mercado de dicha propiedad, pero esto no sucede, los partidos políticos locales representados en las Legislaturas locales abanderan el no incremento como fuente de aceptación electoral.
En esta situación las propuestas de solución son diversas, pero nada novedosas, ya que desde varios años atrás se han estudiado y van desde aquellas que pasan por regresar su cobro el gobierno federal, hasta las que están vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades administrativas de los gobiernos locales, incluyendo políticas públicas orientadas a modificar el comportamiento de los contribuyentes. Sin duda el tema es complejo ya que existen grandes intereses económicos en la parte de lo social, y políticos del lado gubernamental que están atrás de la baja recaudación del impuesto predial en México.
Regresar el cobro del impuesto predial a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podría ser una decisión de política pública efectiva, ya que ésta dependencia gubernamental cuenta con la estructura organizativa, capacidad técnica y tecnológica para sumir su cobro de manera imparcial y eficaz; además se estarían generando las condiciones para que los actores económicos y políticos del ámbito local no puedan llegar a acuerdos de reducción y exención de este impuesto a los grandes contribuyentes, que son los que más evaden el pago de éste impuesto.
Una segunda opción, no tan eficaz como la primera, sería fortalecer las capacidades organizativas, técnicas y tecnológicas de las unidades administrativas de su cobro, es decir, que los expertos en finanzas públicas sean quienes tomen las decisiones y las apliquen en materia del cobro del impuesto predial; para ello se requiere blindar a este cuerpo de funcionarios mediante su profesionalización y el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que no permitan la toma de decisiones discrecionales.
En cuanto a la negativa de los contribuyentes para pagar su predial esta actitud esta vinculada con servicios públicos insuficientes y de mala calidad, ya que esto genera percepciones negativas hacia la autoridad gubernamental; si hay una deficiente recolección de basura, de alumbrado publico y seguridad municipal, seguramente no se pagará el impuesto, esto genera un ciclo vicioso de percepciones negativas en la sociedad sobre la calidad de los servicios municipales y del gasto público.
La percepción del contribuyente local es que pagar el impuesto predial no necesariamente se le retribuirá con más y mejores servicios públicos, en su mente predomina la imagen que en la gestión gubernamental predominan los actos de corrupción y se favorece a quienes más tienen en el pago de este impuesto, motivo por el cual se requieren impulsar mecanismos que modifiquen el comportamiento de los contribuyentes, estos mecanismos son la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, la baja recaudación de este impuesto por parte de los gobiernos locales es un asunto más de voluntad política que técnico, finalmente el fortalecimiento de las capacidades técnicas es una construcción política, por lo que la situación crítica es la ausencia de voluntad por cobrarlo con precios de mercado y los constantes acuerdos entre actores políticos y económicos por hacer del impuesto predial un instrumento para obtener apoyo electoral, para permanecer en el poder y seguir gozando privilegios de exención del impuesto.
En síntesis, la deficiente recaudación del impuesto predial en México esta generada por: 1) insuficientes capacidades administrativas de los gobiernos municipales; 2) falta de voluntad y acuerdos entre actores políticos y económicos; 3) cobro que no se ajusta a los valores de mercado de las viviendas; solucionarlo implica una gran decisión de política pública, como es que su cobro lo realice el gobierno federal, o bien fortalecer las capacidades administrativas de los municipios y adoptar un gobierno transparente y que rinda cuentas a la sociedad.
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