El próximo domingo 3 de mayo, en la Ciudad de México ocurrirá algo que en San Luis Potosí y en gran parte del país todavía puede parecer extraño: miles de personas acudirán a emitir su opinión para decidir en qué proyectos concretos se ejercerá una parte del presupuesto público de sus colonias, barrios, pueblos y unidades territoriales. No se trata de votar por autoridades, sino de decidir si en una comunidad se prioriza la recuperación de un parque, el mejoramiento de banquetas, la instalación de luminarias, la rehabilitación de un espacio común o alguna otra acción que mejore el entorno inmediato.
Eso es el presupuesto participativo: un instrumento mediante el cual la ciudadanía propone y decide directamente el destino de una porción de los recursos públicos -4% del presupuesto de las alcaldías, que es un montón-. En la Ciudad de México no es una práctica nueva. Comenzó a operar desde 2011 y hoy acumula alrededor de quince años de funcionamiento institucional. Su existencia muestra una forma de democracia que va más allá del modelo representativo tradicional, ese en el que la ciudadanía vota cada tres o seis años y luego espera, pasiva, a que las autoridades decidan.
La democracia representativa sigue siendo indispensable. Sin elecciones libres, limpias y competitivas no hay democracia posible. Pero tampoco basta. La representación responde a la pregunta de quién gobierna; la democracia participativa agrega otra: cómo puede intervenir la ciudadanía en las decisiones públicas entre una elección y otra. La fortaleza del presupuesto participativo se ubica precisamente ahí: no sustituye a los gobiernos, pero introduce una corrección democrática al reconocer que quienes viven en la colonia suelen conocer mejor que nadie sus problemas cotidianos.
También puede ser una puerta hacia la democracia deliberativa. En su mejor versión, no se trata sólo de votar por una obra como si se eligiera un producto en catálogo. Sino que las personas se reúnen, discuten necesidades, comparan alternativas y construyen una idea común sobre lo que conviene a su comunidad. La boleta importa, desde luego, pero antes de la boleta debería existir la palabra.
Como regla general, recomiendo no idealizar. Todo instrumento participativo puede deformarse. Puede haber baja participación, intentos de captura por grupos organizados, proyectos técnicamente inviables, disputas vecinales, simulación institucional o incumplimiento de lo decidido. Por eso la verdadera prueba del presupuesto participativo no está sólo en abrir urnas, sino en lo que ocurre después: si los proyectos ganadores se ejecutan, si la autoridad informa avances, si los recursos se ejercen con transparencia y si la ciudadanía puede dar seguimiento.
Para San Luis Potosí y el resto del país, la experiencia capitalina resulta útil no porque deba copiarse mecánicamente, sino porque abre una conversación pendiente para nuestras legisladoras, legisladores; para el gober y para las presidencias municipales: ¿qué tanto poder real estamos dispuestos a poner en manos de la ciudadanía? El presupuesto participativo implica algo más profundo que diseñar convocatorias o formatos. Supone que el poder público acepte ceder una parte de su capacidad de decisión; que las autoridades reconozcan que una fracción del presupuesto puede ser deliberada y decidida directamente por las personas, no como concesión graciosa, sino como derecho. Y la autoridad está obligada a ejecutar lo que la ciudadanía decidió -previa valoración de factibilidad técnica de los proyectos propuestos-.
Una discusión así sería saludable en San Luis Potosí y en el resto del país. Tenemos problemas urbanos y comunitarios que muchas veces son visibles para todos menos para quienes deciden el presupuesto. Colonias con necesidades acumuladas, comunidades con capacidad de organización y ciudadanía que con frecuencia es tratada como beneficiaria pasiva, no como protagonista de lo público. El presupuesto participativo permitiría cambiar esa lógica: pasar de “el gobierno te trae una obra” [inserte música de banda para ambientar la inauguración] a “la comunidad decide qué necesita y el gobierno cumple [no es necesaria la música de banda ni la inauguración, esto lo decide la gente]”.
La consulta de la Ciudad de México puede parecer, vista desde lejos, un asunto local de colonias y proyectos pequeños. Pero plantea una pregunta mayor: ¿queremos ciudadanos que sólo voten por gobernantes, o ciudadanos que también participen en las decisiones concretas que afectan su vida cotidiana? San Luis Potosí no tendría por qué permanecer ajeno a esa discusión. ¿Hay vocación demócrata en nuestros gobiernos? Aquí dejo la propuesta.
La caminera
El 25 de julio de 2024 Israel “El Mayo” Zambada es extraído de territorio mexicano y entregado a autoridades en EEUU sin que al día de hoy el Gobierno sepa explicar lo ocurrido. El 23 de enero de este año se captura a Ryan Wedding en la Ciudad de México; Harfuch dice que Wedding se entregó, el FBI que lo capturó. Cuatro personas murieron el 19 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua, dos de ellos eran agentes de la CIA reconocidos por su gobierno; el nuestro dijo desconocer qué hacían aquí en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal de delincuencia y narcotráfico contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya (Morena), el senador Enrique Inzunza (Morena), el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de ese estado. La SRE dice haber recibido solicitudes de detención con fines de extradición y presurosa, ha apuntado que los documentos no proporcionan elementos que prueben la responsabilidad de los imputados.
Está ocurriendo, pero hay quien insiste en no querer verlo, o reconocerlo.
X. @marcoivanvargas