(Primera de dos partes)
“Por el bien de México, primero los pobres”. Este ha sido el lema del actual gobierno federal como antesala a su estrategia nacional de combate a la pobreza denominada Bienestar; la cual como sabemos integra políticas de Estado y programas de gobierno enfocados en “beneficiar” sobre todo a través de apoyos monetarios a “quienes menos tienen”, a los marginados. Todo ello, a decir del presidente, a través de acciones que además combatan la corrupción que ha caracterizado a la política social en nuestro país.
En este afán de “combatir pobreza y corrupción”, la 4T optó por entregar apoyos de manera directa a la población “más necesitada”, esto es, dinero en mano, sin ningún tipo de intermediario burocrático-administrativo que dé seguimiento operativo al recurso implementando líneas de acción en pro de la población objetivo, dejando con ello del lado el tema del control y la vigilancia ciudadana y desdibujando a su vez la correcta fiscalización del recurso desde las propias reglas de operación de los programas sociales.
Los programas federales de desarrollo social, como instrumentos de la estrategia del Bienestar, se han enfocado principalmente en la entrega de dinero a los jóvenes y adultos mayores del país, dejando a las mujeres y a los niños en un segundo nivel de prioridad entre la población objetivo de los grupos vulnerables. Como muestra de ello, en lo que va de este sexenio, hemos asistido a la cancelación de programas como las estancias infantiles, algunos programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia, así como la constante falta de insumos y líneas de acción en los programas que deberían suministrar medicamentos y otorgar tratamientos contra el cáncer principalmente a niños y mujeres.
Y lo mismo ha intentado hacerse desde hace tiempo con el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que como ya se ha expuesto a través de una serie de evaluaciones, de cancelarse definitivamente, se afectaría directamente a niños y madres de familia que por años se han beneficiado del horario extendido en las escuelas.
Cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo ¿Violación de derechos humanos?
El programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) nació en 2008 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, y en la actualidad se estima que beneficia a 3.6 millones de estudiantes en 27 mil 63 escuelas del país, e incluso, se calcula que 1.4 millones de niñas y niños en pobreza extrema reciben alimentación mediante este programa.
El 28 de febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para desaparecer el PETC, el cual desde 2008 ha buscado contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las horas que los alumnos asisten a la escuela.
A esta noticia se sumaron los reclamos y voces de maestros, directivos, padres de familia y expertos que desde el año 2021 alertaban de la gravedad de la desaparición de este programa y de la afectación que esto significaría para las familias más pobres y marginadas del país que se beneficiaban con este programa, ya que, para muchos niños, la comida recibida en la escuela era su única comida del día.
No obstante, el presidente López Obrador ha alegado en varias ocasiones la necesidad del fin de este programa, ya que, a su decir, al igual que las estancias infantiles y algunos otros programas surgidos “con los conservadores”, el PETC “está plagado de corrupción”. Y comentó que se buscaría la forma de seguir apoyando a sus beneficiarios desde el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mismo que está enfocado principalmente en infraestructura escolar y no en alimentación y calidad educativa como el PETC.
Sin embargo, esto no convenció a quienes se oponen a la cancelación del programa ya que además de ir contra de su lema: primero los pobres, se estarían violando los derechos de niños y adolescentes. De acuerdo con la Organización Mexicanos Primero, de cancelarlo, esta decisión afectaría a 3.6 millones de estudiantes mexicanos violando los derechos a la educación y a la alimentación. Ya que “las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y la salud socioemocional de niñas, niños y adolescentes”.
Estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un 65.8 por ciento de los beneficiarios del PETC respondieron que el alimento que recibía en la escuela era lo primero que consumían en el día. Además, se registró que el 74.3 por ciento de las escuelas que integraban el programa se ubican en regiones con un grado de marginación alto.
Por otro lado, el Observatorio Instituto para el Futuro de la Educación, señaló que esta cancelación sería un grave retroceso en materia de política social ya que el 70 por ciento de las escuelas de tiempo completo estaban en zonas indígenas rurales y el 55 por ciento de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de la pobreza.