Primero los pobres; pero sin derechos a una vida mejor

(Segunda de dos partes)

En suma, las familias pobres y marginadas serían las más afectadas tras la cancelación del programa ya que se dejaría de garantizar lo siguiente:

El derecho a la educación: ya que, dentro de sus beneficios, se encuentra que las 3.5 horas extras en promedio eran utilizadas por los docentes para realizar las tareas del día y resolver dudas a los alumnos. Además de incluir disciplinas complementarias como el aprendizaje del idioma inglés y computación. 

El derecho a la alimentación: una de las características del programa era el servicio de alimentación, que desde 2013 buscó obtener mejores resultados académicos, asegurando con ello la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Apoyo a los padres de familia, particularmente a las mujeres trabajadoras: este programa buscaba atender una necesidad social que recién iba surgiendo, pues en las últimas décadas, las mujeres comenzaron a incorporarse en el mercado laboral, haciendo que este programa fuese un gran apoyo para las familias, pues con ambos padres trabajando, los menores podían permanecer seguros dentro de las escuelas, además de continuar con el aprendizaje.

Mejora en el aprendizaje y rezago escolar: al tener más horas de estudio, se notó una mejoría en el desempeño de los estudiantes, siendo además un apoyo importante para los estudiantes rezagados; otra pérdida significativa se expresará en el desempeño escolar de los estudiantes apoyados por el programa, ya que evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y el Desarrollo Social (CONEVAL), consideraron que, de 2007 a 2017, las escuelas de tiempo completo fueron el mejor modelo de equidad para evitar el rezago escolar.

Cierre de la brecha de desigualdad: De acuerdo con el CONEVAL, hay claros resultados respecto a que el PETC ha ayudado a cerrar una brecha de desigualdad entre escuelas en zonas marginadas y el resto de las escuelas en otras zonas.

Como podemos observar, ante este panorama, tal parece una insensatez desaparecer este programa que ha mostrado con las evaluaciones sobrados beneficios para la población objetivo. Para Ana Razo investigadora en prácticas educativas del CIDE “el PETC era un igualador social, una muestra de política pública buena para la equidad, la seguridad y el desarrollo. La eliminación del programa recrudecerá las condiciones de población en alta marginación, especialmente las familias e infancias con un nivel de pobreza tan crítico que necesitan apoyo del Estado.”

Entonces, ¿se acaban o no las Escuelas de Tiempo Completo? Mas voces se suman al reclamo

Ante el rechazo de la propia población objetivo, la exposición de informes y argumentos de expertos, la presentación de estudios de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, así como las críticas de la opinión pública, sumado el anuncio de que el gobierno morenista en la Ciudad de México y otras 12 entidades mantendrían el PETC con recursos propios, tal parece que hace se reviró la iniciativa de cancelar el programa desde la federación. El reclamo surgió de voces de legisladores, en el Congreso de la Unión y en algunos congresos locales. Asimismo, de algunos líderes de partido y varias organizaciones en pro de la educación quienes se han sumado a dicha indignación e insisten en lo perjudicial que puede ser esta decisión de cancelar el programa.

El 23 de marzo de este año, el gobierno federal anunció que no se cancelaría el PETC desde el gobierno federal, sin embargo, se expuso que cambiarían sus reglas de operación. Se señaló que los apoyos se entregarán directamente a los padres de familia y ya no a los directores de las escuelas quienes junto con los Comités de Padres decidían sobre el destino y ejecución de este recurso otorgado a cada escuela para alimentación y clases extras, y entre eso además vigilaban el servicio de alimentos. Cabe esperar a ver, ahora, ¿cómo será la fiscalización del recurso que se entregue directamente a los padres de familia? ¿Para qué lo usarán los padres de familia si este no pasa por las escuelas y los objetivos operativos que estas persiguen? Los fines y resultados del programa quedarían desdibujados con la simple entrega del dinero a las familias.

Los meses siguientes el debate sobre este asunto se disolvió y se dio paso a hablar de otros temas. El asunto no se resolvió en la federación y son los estados los que en su autonomía educativa han decidido conservar el programa ahí donde consideran que ha funcionado a favor de “los que menos tienen”. ¿Asistimos, pues, a una descentralización de un programa social federal? y aunque en el discurso nacional se argumenta “primero los pobres y los marginados”, pero ¿dónde quedan sus derechos?

Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

anacristinales@gmail.com