La propiedad privada fue la fuente original de la libertad. Sigue siendo
su principal baluarte”.
Walter Lippman
Este 2 de septiembre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó públicamente una enmienda a la Constitución capitalina aprobada en la legislatura anterior. En su texto original, el artículo tercero, numeral 2, fracción a), asumía una serie de “principios”, entre ellos “el respeto a la propiedad privada”. La redacción cambió al “respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. La “propiedad privada” desapareció.
Estas enmiendas se volverán cada vez más comunes. En la nueva legislatura el gobierno ha conseguido una mayoría calificada que los electores no le dieron. Recurrió a chapulines para elevar las curules del régimen; después, compró diputados de oposición. Con el 48.6 por ciento de los votos lograron 46 de 66 curules, 69.7 por ciento. La ingeniería electoral, no el sufragio, les dio la mayoría calificada.
Podrán decir que no es un cambio práctico. Los derechos de propiedad en cualquier entidad siempre han estado supeditados al artículo 27 de la Constitución federal, que considera que toda propiedad “corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. En otros países la propiedad es un derecho, en México una simple concesión del gobierno. Borrar el término en la Constitución capitalina parece un simple gesto ideológico.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, así lo expresó en X cuando dio a conocer la enmienda: “Se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos. Se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalando el neoliberalismo”.
La propiedad privada, sin embargo, no es un invento del neoliberalismo, sino un derecho humano fundamental. John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII, sostenía que: “El gobierno no tiene más propósito que la preservación de la propiedad”. La Constitución de Estados Unidos de 1787 declaraba que nadie “puede ser privado de su vida, libertad o propiedad sin un justo proceso de ley”. La Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos de la Revolución Francesa de 1789 reconocía “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” como “derechos naturales e imprescriptibles”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU apunta que “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Algunos ideólogos tienen otros datos. “Los comunistas pueden resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la propiedad privada”, escribían Karl Marx y Friedrich Engels en su Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Sin embargo, los países que han pretendido acabar con la propiedad privada solo han generado pobreza y violencia, porque los dueños defienden siempre sus posesiones.
Batres presumió la eliminación del respeto a la propiedad privada en una ceremonia con la presidenta del Congreso capitalino, Martha Ávila, pero también con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No había razón para la presencia de este funcionario federal, excepto porque fue militante del Partido Comunista.
Por eso el mensaje ideológico inquieta. Queremos un gobierno que resguarde los derechos de los gobernados y no que los socave. Descartar el principio de respeto de la propiedad es una amenaza. Ni siquiera puede el gobierno afirmar que está obedeciendo al pueblo bueno. Un voto de 48.6 por ciento no es un mandato para despojar a los gobernados de sus derechos.
Prepotencia
El mayor golpe en la historia de México al Estado de derecho lo están asestando los legisladores del gobierno por la vía rápida. Si bien muchos lucharon contra el partido hegemónico en el pasado, ahora se incorporan a él con abierta prepotencia.
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