Hay verdades que resultan incómodas no sólo por lo que revelan, sino por el lugar desde el que aparecen. El pasado 8 de septiembre, Plano Informativo —un medio al que difícilmente podría acusarse de enemistad con el oficialismo gallardista— publicó una nota titulada “San Luis Potosí: 20 refugios naturales que se cuidan con centavos”. Cuando hasta un espejo habitualmente amable devuelve una imagen tan desagradable, el problema ya no puede esconderse con propaganda.
La investigación sustentada en información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas obtenida vía transparencia, exhibe una realidad vergonzosa: la Federación habría destinado menos de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) para atender cinco áreas naturales protegidas potosinas.
El caso más brutal es la Sierra de San Miguelito. Sus 111,160 (ciento once mil ciento sesenta) hectáreas habrían recibido apenas $46,120.00 (cuarenta y seis mil ciento veinte pesos), equivalentes a $0.41 (cuarenta y un centavos) por hectárea. No alcanza para vigilar, restaurar, monitorear o enfrentar incendios, tala, cambio de uso de suelo y presión inmobiliaria. Alcanza, acaso, para imprimir el boletín que presume su protección.
La nota habla de un promedio de $0.21 (veintiún centavos) por hectárea. Sus propias cifras, sumadas, producen aproximadamente $1.41 (un peso con cuarenta y un centavos). La diferencia debe aclararse, pero no rescata a ninguna autoridad: cuidar un ecosistema con veintiún centavos o con un peso sigue siendo una burla. El escándalo no está en el decimal, sino en el abandono.
Y el gobierno estatal no puede esconderse detrás de la mezquindad federal. De un presupuesto estatal de $70,461,000,000.00 (setenta mil cuatrocientos sesenta y un millones de pesos), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental solicitó $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos) para proyectos ambientales y sólo obtuvo $20,000,000.00 (veinte millones de pesos). Es menos de tres centavos por cada cien pesos del presupuesto estatal.
Dinero sí existe. El gobernador Gallardo lo aparece cuando hay espectáculo, cemento, propaganda, conciertos y obras que producen fotografía. Lo desaparece cuando se trata de proteger agua, bosques, selvas, especies y comunidades. No estamos ante una administración pobre, sino ante una jerarquía pública empobrecida: gasta en lo que luce y abandona lo que sostiene la vida.
También existe desorden en la información oficial. El Plan Estatal de Desarrollo habla de veinte (20) áreas protegidas: catorce (14) estatales y seis (6) federales. El catálogo disponible de la SEGAM muestra catorce (14) estatales y cinco (5) federales, mientras el propio gobierno anunció en 2026 el Parque Urbano Villa Hidalgo. Ni siquiera el inventario parece armonizado. Si la administración no puede explicar con claridad cuántas áreas protege, bajo qué régimen y con qué recursos, resulta legítimo preguntar qué significa realmente “proteger”.
Una política seria debería informar, para cada área, su decreto, superficie, programa de manejo, presupuesto, personal, inspecciones, amenazas, sanciones y resultados. En cambio, recibimos ceremonias, declaratorias y comunicados. Se protege el anuncio; el territorio puede esperar.
La SEGAM presume ahora el Plan 30x30, inspirado en la meta internacional de conservar eficazmente al menos el 30% (treinta por ciento) del territorio para 2030. La palabra decisiva es “eficazmente”. Pintar de verde una porción del mapa no conserva nada. Declarar nuevas áreas sin garantizar las existentes sólo multiplica la simulación cartográfica.
El artículo 4º constitucional reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. No reconoce el derecho a una declaratoria bonita ni a una fotografía del funcionario plantando un árbol. La protección debe ser real, progresiva y verificable. Incluso la reciente facultad para solicitar apoyo de la Guardia Nacional en áreas federales resulta insuficiente: ningún uniforme sustituye guardaparques, personal técnico, ciencia, vigilancia permanente, programas de manejo y participación comunitaria.
San Luis Potosí no carece de riqueza natural. Carece de una administración que la trate como patrimonio y no como escenografía. Tenemos áreas protegidas por el discurso y desprotegidas por el presupuesto; refugios legales expuestos al fuego, la tala, la especulación y la indiferencia.
Cuando un gobierno asigna centavos a los territorios que nos proporcionan agua, aire, biodiversidad y regulación climática, la pobreza no está en la naturaleza ni necesariamente en la hacienda pública. Está en sus prioridades.
Cuando hasta un medio cercano al poder informa que nuestras áreas naturales se cuidan con centavos, al gobierno le quedan dos caminos: corregir el abandono o conseguir una portada más amable. Ya sabemos cuál suele parecerle más barato.
Delírium trémens.— El gallardismo anunció el “adiós al Interapas” con la facilidad con que bautiza obras y reparte propaganda; pero separar a Soledad resultó demasiado complicado para quienes confunden gobernar con improvisar. Una decisión necesaria para la capital terminó convertida en “Choleagua”: mucha ocurrencia, alguna recomendada y ni una gota de capacidad técnica o jurídica. No es que falten leyes ni rutas administrativas; faltan funcionarios que sepan leerlas. El gobierno quiso salirse del Interapas y acabó exhibiendo que ni siquiera sabe por dónde está la salida. Ellos hacen el ridículo; los usuarios capitalinos seguimos pagando el recibo.
@luisglozano