Nos despertamos el domingo con la voz de alarma: "¡Han matado al 'Mencho'!". Esas cuatro palabras decían todo. "El Mencho", conocido familiarmente ya por la opinión pública y la opinión publicada, era un personaje mitológico y al mismo tiempo trágico. Nacido pobre, ascendió en el mundo de la ilegalidad a base de violencia y traiciones. Muerto a muerto fue subiendo en las listas de los más buscados. Él decidió estructurar al Cártel Jalisco Nueva Generación, como una organización fuertemente jerarquizada, hipervertical y cohesionada bajo disciplinas garantizadas con la vida de sus miembros. Desde el principio, este talante se manifestó en alardes como presentarse como una organización militar con armamento potente y sofisticado. "El Mencho" no tuvo reparos en señalar que tenía el grado de organización y fuerza para enfrentarse a las fuerzas armadas. Su leyenda como líder sanguinario creció. Proyectó su temperamento a fin de establecer una red territorial basada en la extorsión, el tráfico humano y el trasiego de drogas.
El domingo se verificó lo que debe ser un punto de inflexión para el régimen político mexicano. No se puede enfrentar a la violencia criminal sin actos de fuerza consistentes y tácticos para defender la soberanía del poder político. No se debe prescindir de una política social y económica que evite que estas organizaciones se apoderen de la actividad económica y el reclutamiento de los más jóvenes. La delincuencia organizada es un riesgo de seguridad nacional en tanto que expresa una realidad de poder oponible a los órganos constitucionales. Esto es intolerable. Cualquier rendición en este punto tiene el rango de traición a la patria.
Coincido en que es inoportuno lanzar las campanas al vuelo por una rectificación que viene llegando o para expresar una condena para un pasado que no se ha ido. Ya son muchas las aproximaciones y las rectificaciones que se han hecho en estos temas desde principios de los noventa. Desde la renovación moral de Miguel de la Madrid, al domingo pasado, ha habido diversos escenarios y contextos que van afectando una política pública de seguridad. La principal tarea de nuestras fuerzas armadas es apoyar a las fuerzas de seguridad para sostener las condiciones que permitan una paz social y una represión de la violencia criminal. Así fue el domingo, pero no puede ser así siempre.
La prioridad de una política económica y social es la de generar condiciones que nos permitan superar la pobreza de los más vulnerables. Eso pasa por generar actividad económica y promover que las diversas iniciativas productivas se encaucen en el marco de la ley para cumplir su función social. Esto no puede suceder cuando entre los políticos y los criminales no hay diferenciaciones claras. Por ello, la ley debe ser la frontera que los separe. Un sistema donde la corrupción impera o donde la violencia criminal puede más que la ley, es un mundo donde gobierna el más fuerte. Por un momento, este domingo percibimos que la fuerza y la ley estuvieron del mismo lado.
(Abogado)