La reconocida jurista y editorialista Ana Laura Magaloni publicó el sábado pasado en Reforma un artículo con planteamientos y apreciaciones muy interesantes. Se trata de juicios lúcidos referidos al contexto internacional, pero que sin forzar mucho las cosas pueden traslaparse a la circunstancia pública que los potosinos vivimos en la actualidad.
Dice la abogada que "durante décadas dimos por sentado que los límites al ejercicio del poder estaban contenidos en el derecho: constituciones, leyes, tribunales y procedimientos que eran el dique a la arbitrariedad. Esa fue la gran apuesta de la democracia liberal: que el poder dejara de depender de la voluntad de quien gobierna y quedara sujeto a reglas generales, previsibles e impersonales. Hoy esa premisa está en crisis.
"Lo inquietante no es solo que los límites al poder se estén erosionando, sino cómo lo están haciendo. El proceso de erosión no comienza a través de reformas constitucionales ni de cambios legales explícitos, sino mediante la modificación de algo más profundo y menos visible: las creencias colectivas y los valores compartidos que determinan qué conductas del poder resultan aceptables y cuáles no".
Se refiere luego al caso ejemplar de Minneapolis, donde los excesos de las fuerzas del orden trumpistas que han llevado al asesinato de dos ciudadanos han sido convalidados por la autoridad federal, sin que haya mediado ninguna reforma legal relativa a sus atribuciones y protocolos de actuación:
"Lo que ocurrió en Minneapolis no implica una modificación de las normas jurídicas sobre el uso de la fuerza o control migratorio -esas siguen siendo las mismas-, pero sí movió los límites de lo aceptable. Cuando la máxima autoridad política respalda sin matices acciones letales de agentes federales en nombre del orden, sin que medie responsabilidad efectiva, lo que cambia es la percepción colectiva de qué está prohibido y qué está permitido.
Añade Magaloni que estamos aprendiendo que en ciertos contextos "el derecho suele ser una de las primeras víctimas. No porque desaparezca sino porque pierde centralidad (y eficacia)... Cuando el poder se percibe a sí mismo como fundador de un nuevo orden, los límites jurídicos se vuelven maleables, negociables o simplemente irrelevantes".
"La pregunta de fondo, nos dice, no es jurídica sino política y cultural: ¿qué ocurre con el derecho cuando deja de ser un lenguaje común que delimita el poder? Cuando el fundamento moral compartido que respalda ese idioma legal se fragmenta, las normas se convierten en textos sin fuerza. Los límites se vuelven flexibles, impredecibles y profundamente desiguales".
Concluye: "Esa es la señal más clara de que un régimen ha empezado a cambiar, incluso antes de que cambien las leyes: cuando deja de importar lo que dice la ley y empieza a importar solo lo que el poder puede imponer".
¿Qué tienen que ver estas serias reflexiones con las circunstancias de nuestra vida pública? Toda proporción guardada y teniendo presente el cambio de un contexto internacional a otro esencialmente doméstico, me parece que desde hace unos cuantos años los potosinos estamos inmersos en un fenómeno donde sin modificar las leyes, los límites del poder público son los que se impone el propio poder, no los señalados en el marco jurídico que rige nuestra convivencia.
Pienso, por ejemplo, que nuestra ley de obras públicas no ha sido modificada, pero simplemente es ignorada precisamente por los responsables de aplicarla, sin inquietar al corpus social. Dice su texto que toda obra que cueste más de un millón y medio de pesos se debe licitar por lo menos entre tres participantes invitados, y rebasado el tope de 4 millones 200 mil pesos debe ser materia de licitación pública abierta. ¿Y qué hace el gobierno? Otorga a dedo contratos por decenas y centenas de millones de pesos. Y nadie se inconforma.
Aquí, el gallardismo no ha modificado la ley para suprimir esas normas, simplemente la ignora y se deshace de cualquier limite o condición. Pero, además, y aquí también hay ecos de lo sostenido por Magaloni, preocupa, y mucho, que la erosión del derecho no se agote en sí mismo sino que conduce a la modificación de algo más profundo y menos visible: las creencias colectivas y los valores compartidos que determinan qué conductas del poder resultan aceptables y cuáles no.
Lo digo de manera un poco distinta: en lo más profundo de esta anomalía encontramos la aceptación tácita de la ciudadanía en general, pero también en lo particular de quienes deberían ser los primeros en inconformarse: los directamente afectados; los organismos sociales que se supone de alguna manera vigilan el desempeño del poder, los comunicadores, los activistas y los liderazgos de opinión que nos queden.
Idéntica reflexión vale para otros casos de desmesura del poder en estas tierras. La ley de transparencia -cualquiera que sea su nombre oficial- tampoco ha sido reformada a profundidad, pero el gobierno gallardista oculta a placer todo lo que le viene en gana: montos reales de la deuda pública; tabuladores claros de sueldos de funcionarios, ingresos y egresos de la Feria; costo comprobable de obras tan costosas como la Arena Potosí.
En la misma línea de razonamiento, es ineludible enfatizar que el problema mayor no es únicamente el arbitrario y desmesurado ejercicio del poder por parte de quienes lo detentan sino también -y quizá sea lo más lamentable- el silencio cómplice que salvo contadas excepciones guardamos la mayoría de los potosinos. Ojalá alguien pueda explicarnos un día qué produjo el achicamiento de nuestra civilidad. Nos hicimos chiquitos como ciudadanos.
MÁS CLARIDAD
Ojalá y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí encuentre la manera de financiar la publicación, aunque sea en una edición modesta, de las intervenciones y conversatorios registrados el pasado día 15 durante el evento conmemorativo del 103 aniversario de su autonomía. Los temas centrales fueron Autonomía Universitaria y Fiscalización del Gasto Federalizado, y Autonomía Universitaria en el Siglo XXI.
Quien tenga acceso a las autorizadas opiniones de los participantes, seguramente llegará a la conclusión de que la única instancia facultada legalmente para auditar a las universidades públicas es la Auditoría Superior de la Federación, a partir de una premisa fácil de entender: todo el dinero que reciben es federal. El que les entrega Secretaría de Educación Pública, desde luego, pero también el que les aportan los gobiernos estatales porque se trata de un gasto etiquetado que igualmente tiene origen federal. Si alguna excepción hay, no la conozco.
Para que un gobierno estatal fiscalice a una universidad pública se necesitaría que el subsidio entregado por esa instancia proviniera de los ingresos propios de la administración correspondiente, lo que no es el caso en nuestra entidad.
Entre las diversas participaciones habidas en el evento de referencia, recomiendo particularmente la del doctor Eber Betanzos, director de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien en lo esencial dijo también que la facultad fiscalizadora en ese ámbito corresponde a la ASF, pero dictó una cátedra imperdible de historia de la autonomía universitaria.
En una amena exposición de veinte minutos, don Eber transitó de la Real y Pontificia Universidad de la época virreinal hasta la actualidad. Sin sacrificar amenidad y concisión, señaló que la última vez que se discutió la fiscalización gubernamental de la hoy UNAM fue en el porfiriato, pero que desde la inclusión de la autonomía universitaria en la Constitución General de la República, en 1980, quedó claro que esa condición cubre por igual la libertad de cátedra, la libre programación académica y la gestión de sus recursos financieros.
Recordó el funcionario que después de la etapa postrevolucionaria hubo un lapso en que los gobiernos estatales auditaban a sus universidades, pero era porque ellos las sostenían entregándoles el total de su presupuesto. Esa circunstancia ya no existe.
El consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue más categórico: esa institución litigó en tribunales federales la pretensión del gobierno estatal de fiscalizarla, y ganó. Hay precedentes jurisprudenciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejan clara la situación: solo fiscaliza la ASF.
Hace ya semanas que el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado no reitera sus ganas de ir a metichear en las cuentas de la UASLP. O ya reconsideró su postura o anda muy ocupado gastándose su sueldo que ilegalmente es superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, según nos informó el domingo nuestro compañero de páginas Jaime Hernández. Y sus ingresos familiares son de locura.
COMPRIMIDOS
Si se confirman recientes trascendidos de los altos mandos de Morena, hacia junio o julio de este año deberán estar perfilados los candidatos y candidatas a las 17 gubernaturas estatales que se elegirán un año después. Parece demasiado anticipado, habida cuenta de que las campañas son de 90 días y las etapas previas conocidas como precampañas e intercampañas consumen otro lapso similar. La única explicación conocida es que la presión interna está al máximo y no se considera conveniente mantenerla así un año más, pues hay riesgo de que explote.
La comentada y difundida entrevista que le hicieron al gobernador Ricardo Gallardo en el periódico El Universal, aporta poco al conocimiento del tema de la reforma electoral federal en proceso de integración, y deja la impresión de que el objetivo principal era lanzar a nivel nacional el grito ya escuchado aquí de "¡Yo no fui!".
Mientras tanto, los morenos potosinos se pusieron a chambear y al 18 de enero, fecha límite para alcanzar la meta, lograron integrar 1820 de los 1843 comités seccionales que le corresponden al estado. O sea, más del 98 por ciento. Los 23 que faltaron son de la Huasteca, donde las lluvias torrenciales de fin de año dificultaron los trabajos. Cada comité es de cinco integrantes, que se supone formaran una fuerza de casi 10 mil activistas para la promoción, movilización y defensa del voto. A ver cómo les va.
Decíamos el jueves pasado que la división de la fracción panista exhibida una vez más en el Congreso con motivo de la aprobación de la Ley Gobernadora no tardaría en traducirse en nuevas escisiones. Ese mismo día doña Aranzazu Puente Bustindui anunció su renuncia al PAN. En realidad fue solo oficializar algo ya cumplido en la práctica.
Hasta el próximo jueves.