Bajo el título "Entre más obra, más sobra", el pasado 25 de julio, en este mismo espacio, publicamos un texto que en su parte esencial informaba que las dos terceras partes del dinero invertido por este gobierno en obras públicas han ido a parar a manos de contratistas foráneos, y que solamente el tercio restante ha sido para empresas potosinas. Añadimos que en sexenios anteriores la proporción era más que inversa: entre un 75 y un 80 por ciento para los locales y el resto para los de fuera.
En pesos y centavos, lo anterior se traduce así: entre enero de 2022 y julio de 2024, la administración gallardista, a través de la Seduvop, licitó 29 obras por un importe total de 6 mil 031 millones 218 mil 581 pesos con 12 centavos, de los cuales 63.07 por ciento (3 mil 804 millones 059 mil 985 pesos y 67 centavos) fue adjudicado a 19 empresas foráneas y el restante 36.93 por ciento (2 mil 227 millones 158 mil 595 pesos con 45 centavos) se contrató con 13 firmas potosinas.
Advertimos que esos 6 mil 031 millones de pesos no eran el total erogado por el gobierno en obras, ya que había varias de las que era prácticamente imposible conseguir información y que en conjunto sumarían varios cientos de millones de pesos. Es el caso de las remodelaciones, rehabilitaciones y añadidos en los parques Tangamanga I y II, así como los trabajos en terrenos de la Feria Nacional Potosina, las obras en el parque de Morales y en el barrio de San Miguelito. Hasta la fecha son datos escondidos por el gobierno gallardista.
En una entrevista con Pulso días antes de su tercer informe de gobierno, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona fue preguntado sobre los datos anteriores y dijo que no eran ciertos; que la proporción de contratos a empresas foráneas sería si acaso de un 25 por ciento. Eso es falso.
Luego de intentar crear una página especial en internet para descargar ahí toda la información pertinente, dada su complejidad, el elevado volumen de datos y hasta el costo de diseños y servicios, he optado por publicar hoy unas pocas gráficas que consideramos clarifican el panorama y se explican por sí mismas.
A lo difundido en esta columna en julio pasado, añadimos hoy como aportaciones sustantivas los números de todas las licitaciones conocidas (lo cual debe permitir su conocimiento amplio a través de consultas en páginas web como la de la Contraloría General del Estado, la de la Plataforma Estatal de Transparencia y algunas otras); los montos de inversión individualizados, las empresas beneficiadas tanto locales como foráneas, así como las entidades donde están domiciliadas. Para que tales ilustraciones sean legibles deben aparecer en buen tamaño, por lo que hoy hemos reducido el texto al mínimo.
Si el Ejecutivo estatal insiste en que esta información es falsa o errónea, la solución es muy fácil: que publique sus propios datos con el mismo detalle y ya veremos.
Hasta el próximo jueves.