Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 presentan un escenario de contrastes que obliga a una lectura cuidadosa y reflexionar sobre el papel de la inclusión financiera en el crecimiento y bienestar de la población adulta en México. A primera vista, el avance es notable: el 76.5% de los adultos en México posee ya algún producto financiero formal. Sin embargo, estas cifras reflejan una realidad estructural: la bancarización de papel no se ha traducido, necesariamente, en bienestar económico ni en una verdadera inclusión para los sectores más vulnerables.
El incremento más significativo se observa en los adultos mayores (64 a 70 años), con un repunte del 20.5% en su acceso al sistema. Pero este fenómeno tiene un motor específico: la dispersión masiva de la pensión universal. La estadística es reveladora: si excluye de la ecuación las cuentas creadas para recibir apoyos gubernamentales, la tenencia de productos financieros cae del 88.4% a un 57.6%. El crecimiento orgánico del sistema en los últimos seis años es de apenas el 5.7%. Esto sugiere que millones de mexicanos tienen una tarjeta en la cartera no por elección o estrategia financiera, sino por necesidad administrativa, convirtiendo a los bancos en una simple ventanilla de paso para retirar efectivo.
Por otro lado, a pesar del crecimiento de la banca digital —que pasó del 54.3% al 69.1% de uso entre quienes tienen aplicación en sus teléfonos móviles-, el efectivo mantiene un dominio absoluto en la base de la pirámide. El 85.2% de los adultos aún utiliza monedas y billetes para compras menores a 500 pesos. La resistencia no es solo cultural; es de infraestructura y confianza. Solo el 45.5% de la población siente que los comercios donde consume están listos para recibir pagos digitales. A esto se suma un factor psicológico crítico: solo el 61% de los mexicanos confía en que su dinero está seguro en una institución bancaria. Sin confianza, el Cobro Digital (CoDi), conocido por el 38% de la población, sigue siendo un fantasma operativo utilizado por apenas el 12.8%.
Quizás el punto más crítico de la ENIF 2024 es la profundización de las brechas de género y el rezago de las MiPymes. Es importante destacar, a pesar de que las mujeres mantienen niveles de cumplimiento superiores en sus pagos, se enfrenten a una tasa de interés promedio del 20%, frente al 16% que pagan los hombres. Esta “multa de género” se combina con una brecha de 17.2% en la tenencia de Afores y un acceso limitado a créditos hipotecarios por la falta de activos para garantías. Sin propiedad de la tierra o la vivienda, el sistema financiero se vuelve una puerta cerrada para la autonomía económica femenina.
Por otro lado, productos vitales como los seguros han retrocedido al 22.9% de adopción, dejando a ocho de cada diez mexicanos vulnerables ante cualquier imprevisto. Esta fragilidad se extiende al sector productivo, donde el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas sigue siendo el gran ausente. Con solo un 3% de las pequeñas empresas accediendo a crédito formal, el motor económico del país opera con el freno de mano puesto, asfixiado por la informalidad y el rechazo crediticio. Mientras las cuentas de inversión sigan siendo herramientas de nicho y el acceso al crédito en comunidades indígenas apenas roce el 20%, la bancarización seguirá siendo un cascarón vacío: una estadística inflada por la dispersión de apoyos sociales, pero carente de los motores que impulsan el patrimonio y el desarrollo real.
La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 tiene ante sí un reto titánico. El sector Fintech, liderado por actores como Mercado Pago, Stori o Kueski, ha comenzado a llenar los huecos que la banca tradicional ignoró, reduciendo brechas de acceso de manera equitativa. No obstante, la tecnología por sí sola no es la solución.
La inclusión real requiere el fortalecimiento de tres pilares estratégicos: educación para fomentar el ahorro (hoy el 45.9% de los mexicanos afirma que nunca le sobra dinero al mes), infraestructura física en comunidades indígenas (donde el crédito formal es de apenas el 20.7%) y una simplificación radical del ecosistema digital. El reto es transformar esa tenencia forzada en un uso consciente y productivo. Solo así pasaremos de ser un país de cuentahabientes pasivos a una nación de ciudadanos financieramente resilientes.
Guadalupe del Carmen Briano Turrent / Economía-Finanzas-Negocios-Educación
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