La consternación y preocupación a la que se enfrenta la comunidad universitaria de la UASLP, derivada del tan lamentable hecho ocurrido el pasado viernes 17 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UASLP, y del cual se originaron protestas estudiantiles, agresiones al personal directivo de la Universidad, y la solicitud de pliegos petitorios por parte de las y los estudiantes en cada una de las entidades académicas, ha afectado la esencia de la Universidad, porque se ha vulnerado el principio que da sentido a su misión: el respecto a la dignidad humana.
Como miembro académico de esta gran comunidad, hago una reflexión sobre la violencia de género que la institución ha enfrentado durante décadas. Estos hechos nos exigen revisar nuestras prácticas cotidianas, nuestras aulas, nuestros espacios laborales y nuestros vínculos. Nuestra responsabilidad ética va más allá de la docencia o investigación, implica formar personas conscientes, empáticas y comprometidas con la justicia y la equidad. La indiferencia, el silencio o la complicidad pasiva son también formas de violencia, y ello requiere de voluntad institucional y compromiso colectivo. Escuchar, creer, acompañar y actuar son pilares esenciales para erradicar cualquier tipo de violencia.
El movimiento genuino de las y los estudiantes originado de la convicción y la conciencia social, ha impulsado una serie de estrategias colectivas que buscan transformar la realidad universitaria, visibilizando situaciones que durante mucho tiempo fueron ignoradas o normalizadas. La estrategias y acciones en materia de seguridad, justicia, perspectiva de género y bienestar para la comunidad de la UASLP, deben abordarse con gran sensibilidad, tanto desde el punto de vista jurídico como institucional, considerando el principio de autonomía universitaria, y las obligaciones legales en materia de derechos humanos y violencia de género.
La autonomía universitaria reconocida en el artículo 3º. Constitucional, permite que las universidades públicas autónomas, se gobiernen a sí mismas, tengan libertad académica y de gestión interna y que regulen internamente la disciplina y sanciones de su comunidad. Ejercer la autonomía universitaria con perspectiva de género significa asumir el compromiso institucional de transformar la cultura universitaria: de la negación al reconocimiento, del silencio a la acción. Implica promover la formación en igualdad y respeto, garantizar la participación estudiantil, del personal docente y del personal administrativo en la toma de decisiones, y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan la confianza y credibilidad de la comunidad.
Las demandas por parte de la comunidad estudiantil son claras y justas, y se centran en cinco aspectos importantes: 1) prevención y atención a violencia de género, acoso y discriminación, 2) seguridad física y entorno universitario seguro, 3) mejora de infraestructura, mantenimiento y equipamiento académico, 4) transparencia, rendición de cuentas y comunicación institucional, y 5) profesionalización docente y cultura institucional. Confío plenamente en que nuestras autoridades universitarias, actuarán con la máxima celeridad y sensibilidad para erradicar la violencia de género e impartir justicia para la alumna víctima y su familia.
En mi experiencia como candidata a la Rectoría de la UASLP, algunas de mis preocupaciones fueron la seguridad en los espacios universitarios, la rendición de cuentas, la calidad académica y la atención a los casos de acoso, siendo ejes prioritarios, la implementación de estrategias integrales que combinen prevención, atención, sanción y formación, la implementación de protocolos internos claros y eficaces, acompañamiento integral a las víctimas, educación y sensibilización, participación activa de toda la comunidad universitaria a través del diálogo, y el monitoreo y evaluación interna a través de la mejora continua sin depender de injerencias externas. También es fundamental atender la salud física y mental de la comunidad universitaria y fortalecer los valores y principios éticos.
Solo una Universidad verdaderamente autónoma, comprometida con la verdad, la justicia y la dignidad humana, podrá cumplir su misión social: formar personas críticas, libres, conscientes y capaces de transformar su entorno con igualdad y respeto. Desde la cooperación y la participación activa de estudiantes, docentes, autoridades y personal administrativo será posible construir un entorno seguro, inclusivo y respetuoso, donde la autonomía se ejerza con ética, gobernabilidad y compromiso social.
¡Por una Universidad libre de violencia, con igualdad, justicia y respecto a la Autonomía que nos da la fuerza para defender a todas y todos!
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