Hace 8 meses el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual no se pudo concretar pues asociaciones civiles y empresas privadas lucharon contra ella promoviendo amparos, pues todas argumentaron que era inconstitucional.
Por ser cierto, el presidente decidió tomar otra ruta y envió el pasado jueves 30 de septiembre a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, con la finalidad de establecer una nueva estructura del sector eléctrico en la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la única empresa que suministre energía a los usuarios finales.
Este tema ha sido muy mediático, a veces difícil de entender, ya que por más información que veamos, es complejo comprender y absorber tantas noticias, así que en este espacio queremos analizar ¿qué está sucediendo? y ¿qué fue lo que se propuso?
Tanto expertos, como el sector privado, han realizado cientos de comentarios y opiniones al respecto, pero todo puede resumirse en que la propuesta viola derechos humanos, atenta contra diversos tratados comerciales internacionales, propone un retroceso y pretende darle poder excesivo a la CFE.
Se debe destacar:
1.- La desaparición de los certificados de energías limpias (CEL), un instrumento diseñado durante el sexenio pasado para incentivar la construcción de nueva infraestructura de generación mediante fuentes renovables.
2.- La propuesta considera que tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sean absorbidas por la Secretaría de Energía (Sener).
3.- La CRE tiene la función crítica de establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria en el mercado energético como un ente autónomo desligado de los ciclos políticos. Su eliminación generará prácticas monopólicas por parte de CFE y, por lo tanto, costos de energía más caros para las empresas y los consumidores o con subsidios más altos que deberán ser pagados por los contribuyentes.
4.- Modifica el criterio de despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las centrales de la CFE.
5.- Revierte la separación horizontal y vertical de la CFE.
6.- Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado Mexicano, es decir López Obrador propone que el Estado sea el único que pueda explorar y producir minerales estratégicos para la electricidad, como el litio, el cual se utiliza en la fabricación de baterías para autos eléctricos, por ejemplo, y en electrónicos como smartphones. México cuenta, según los expertos, con el mayor yacimiento mundial de litio en roca.
7.-La transición energética estará a cargo del Gobierno.
8.-Se desconocen los esquemas de autoabastecimiento y de excedentes de productores independientes.
9.- CFE absorbe las filiales CFE Telecomunicaciones, Internet para todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital.
10.- El área de generación de energía es reservada al Estado, es decir se limita (o eso parece ser) a cualquier persona particular en el tema de paneles solares o cualquier otro tipo de creación.
Para digerir mejor la información y dar un contexto general, explicaré que la CFE no es un órgano regulador si no que este es considerado una empresa, esto significa que puede considerarse que el dueño es el Estado.
La reforma plantea que esta se convierta en un Organismo del Estado, esto es “responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control”, ¿Qué significa esto? La CFE deja de ser solo una empresa en el mercado y se vuelve también el organismo regulador.
En palabras simples el sector privado solo podrá generar el 46% de la energía del país y no podrá exceder de ese porcentaje quedando un 54% en manos del Estado.
¿Qué sigue? Para que salga adelante, es decir en números, la aprobación en la Cámara de Diputados requiere de 331 votos y en el Senado de 86 votos.
El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, adelantó que la reforma constitucional se estará votando en el pleno de San Lázaro en este periodo ordinario de sesiones, y sería entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre cuando concluyan los trabajos legislativos.
En realidad, es mucho antes, porque la próxima semana debe definirse el paquete económico y fiscal para el 2022; si se aprueba la iniciativa como está planteada, se requerirán muchos recursos extras para hacer frente a lo que se avecina.
Es importante que como ciudadanos nos adentremos y sigamos monitoreando de cerca la situación pues influye en la vida de todos los mexicanos.
En una segunda parte trataremos de analizar las consecuencias que esta de ser aprobada provocaría.
Delírium trémens.- ¿DOBLE DISCURSO EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN? Increíble lo que sucedió: en el Amparo 107/2021 que conoce el Juez Segundo de Distrito, en la sentencia se ordenó al Gobernador “Informar inmediatamente y de forma puntual las gestiones necesarias para la puesta en operación del Instituto Estatal de Planeación Urbana de San Luis Potosí, así como la elaboración de la terna de candidatos a ocupar su Dirección General y la designación de la persona que habrá de fungir como tal”. El Instituto Estatal de Planeación Urbana sirve para atender las políticas públicas dirigidas a atender el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Estado, lo cual se traduce en vigilar que San Luis crezca de forma ordenada y amigable con el medio ambiente. Empero nos han notificado que la administración actual del Gobernador Gallardo, en lugar de acatar la sentencia, decidió presentar un recurso de revisión. Esto lejos de ser una acción apegada en pro de un San Luis sustentable, demuestra que vamos por el mismo camino de las omisiones y la mala gobernanza.
@luisglozano