El 5 de febrero, el Presidente de la República envió al Poder Legislativo un paquete de 18 reformas constitucionales. En su conjunto, estas ponen énfasis en tres aspectos fundamentales de la estructura institucional: impartición de justicia, elecciones y política social. De aprobarse, que en la situación política de 2024 se ve muy complicado que se obtenga la mayoría que se requiere, México tendría modificaciones estructurales de fondo. Además, son rubros, en los cuales la mayoría de los mexicanos demandan cambios radicales.
El gran pendiente de este país es la impartición de justicia. Quien tiene dinero logra que la ley este a su favor, esto es un privilegio de unos cuantos. En grandes sectores de la sociedad existe desconfianza e inconformidad en quienes son los responsables de impartirla. La iniciativa propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular; así como disminuir sus salarios. También que el número de ministros pase de 11 a nueve. La propuesta es bien aceptada por la mayoría de los mexicanos, pero rechazada por la clase política opositora al gobierno.
En México jubilarse significa disminuir la calidad de vida, esto a pesar del gran esfuerzo que se realiza en todo el periodo laboral. El presidente propone que los trabajadores que ganan menos del salario promedio registrado en el IMSS, tendrán derecho una pensión equivalente al 100 % de su último sueldo. Con ello se busca que quienes comenzaron a trabajar después de 1997 y cotizan con un salario bajo tengan acceso a una mejor pensión. Con esta reforma, miles de trabajadores se verían beneficiados en el corto plazo.
Además, con las propuestas de reforma se pretende devolver el rango de empresa pública a CFE y Pemex, con ello garantizar que bajo ninguna circunstancia los intereses de las empresas privadas prevalezcan sobre ellas, buscando la autosuficiencia productiva y la soberanía nacional. Para fortalecer está iniciativa se propone que la Secretaría de Energía absorba las funciones de los órganos autónomos reguladores, por lo que desaparecerían la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Las elecciones son costosas, con altos índices de abstencionismo, financiadas con recursos públicos. Los partidos políticos son quienes tienen menos credibilidad social y existe la percepción que los representantes políticos son improductivos. Por ello, la reforma propone disminuir los candidatos plurinominales para que el Congreso quede con 300 diputados federales y 64 senadores. Además, que los ciudadanos, mediante su voto libre, elijan a consejeros y magistrados electorales.
En resumen, las propuestas de reforma abordan pendientes sociales de impartición de justicia y electorales que están vinculados con las condiciones de vida de las y los mexicanos. Mejorar la calidad de vida de los jubilados, una mejor impartición de justicia, impulsar la autosuficiencia energética y aumentar la participación social en la vida política son sus objetivos. La decisión está en los grupos políticos que conforman el Congreso de la Unión, esperemos que el debate sea de calidad y en beneficio de la sociedad en su conjunto. Próxima colaboración: 06/03/24.
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