a jugada es muy astuta. Habiendo suavizado el golpe, la presidenta Sheinbaum obliga a los aliados de la 4T a definirse. Si deciden oponerse a la propuesta presidencial de reformas electorales, tendrán que salir a defender dos de las cuestiones públicas más impopulares entre los mexicanos: los diputados plurinominales y el excesivo costo de elecciones y subvenciones a los partidos. Si se alinean, perderán prerrogativas políticas importantes y deberán dejarse de andar de remolones. La iniciativa tiene sus bemoles, pero esa es harina de otro costal. Para el gallardismo potosino, malas noticias en la mañanera de ayer.
Empiezo con esto último: aunque las normas antinepotismo ya están en la Constitución General de la República para entrar en vigor en 2030, sin mucho venir al caso ayer las sacaron a relucir la secretaria de Gobernación y la jefa del Ejecutivo Federal, para enfatizar su repudio a esa práctica política. Ciertamente, el Verde gallardista no necesita permiso ni presidencial ni morenista para postular una candidatura nepótica, como sería la de la senadora Ruth, pero definitivamente por su cuenta, sin alianza con Morena. Y ustedes perdonarán, pero contra lo que diga Reforma un servidor sigue convencido de que si aquí va solo, el PVEM pierde.
Reitero: no es lo mismo ir separado de Morena que competir para derrotar a Morena. Después de la profesión de fe antinepotista hecha ayer en la mañanera, no es posible imaginar una escena donde el Güero Velasco y Ricardo Gallardo Cardona le pidan a la Presidenta que obligue a Morena a apoyar a doña Ruth, o a Gallardo Juárez. Sería, para la doctora Sheinbaum, una contradicción brutal y grotesca.
Y eso, suponiendo que el Verde apoyara en el Congreso la iniciativa presidencial (que enfatiza el antinepotismo oficial), pues si se opone, la vota en contra y logra frustrarla, no hay manera de imaginar que en correspondencia Sheinbaum y Morena le hagan sus gustos.
Decíamos en el primer párrafo que se suavizó el golpe a los aliados y demás partidos. Como se recordará, cuando hace cosa de seis meses se comenzó a hablar formalmente de la existencia de un proyecto de reformas constitucionales en materia electoral, se hablaba de suprimir los 200 diputados federales y los 32 senadores de representación proporcional. Igualmente, se planteaba reducir en un 50 por ciento el financiamiento gubernamental a los partidos.
Como se vio ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los 200 diputados pluris se quedan, pero cambia sustancialmente su método de elección. Desaparecen las cinco listas, una por circunscripción, elaboradas por las dirigencias nacionales de los partidos y cuyos primeros nombres tenían garantizada la diputación. Ahora, 97 de esas curules se entregarán a “los mejores perdedores” de los distritos, lo que vendrá a ser algo similar a las senadurías que hoy se otorgan a “la primera minoría”, o sea el candidato o candidata con mayor votación después del ganador(a).
Otras 95 se votarán en una sola lista nacional abierta, de entre cuyos nombres los electores podrán escoger únicamente a dos, un hombre y una mujer, sin que importe el lugar que ocupen en ese listado. Actualmente, las cinco listas que se presentan son cerradas. Es decir, se votan todos los nombres pero se favorece únicamente a los primeros, sin que se pueda introducir modificación algunas.
Aprobada la reforma como fue presentada ayer, los dirigentes partidistas perderán la facultad de imponer a sus favoritos -que suelen ellos mismos- en los primeros lugares. Si no salen a territorio a conseguir votos, lo mismo da que ocupen el primer lugar del listado: no entran. Los 8 legisladores restantes serán para migrantes mexicanos radicados en el extranjero (se supone que en cualquier país del mundo donde México tenga consulados) sin que ayer haya quedado claro cómo se van a elegir.
Por lo que hace al Senado, se suprimen las 32 posiciones plurinominales que salían de una lista nacional elaborada por las dirigencias partidistas; se quedan las 64 de mayoría relativa y 32 de la primera minoría o del mejor perdedor.
La otra suavizada del golpe consiste en que en lugar del 50 por ciento de reducción en el costo de las elecciones y el financiamiento partidista, el recorte será de la mitad, o sea del 25 por ciento. La cifra que se manejó ayer en Palacio Nacional, contando dinero federal y de los estados, fue de 61 mil millones de pesos, repartidos en 36 mil de la federación y 25 mil de las entidades. Así, el ahorro de la cuarta parte vendría a significar poco más de 15 mil millones de pesos.
En la mañanera de ayer no quedó claro si las nuevas normas para elegir a los diputados federales plurinominales aplicarán igual para los diputados locales, en cuyo caso también las dirigencias partidistas estatales saldrían bailando.
Como ayer mismo se difundió y hoy habrá en los medios análisis y opiniones, quedan otros aspectos dignos de ser comentados más adelante. Por ejemplo, que los ayuntamientos no podrán tener más de 15 regidores (aquí solo la capital tiene 18) ya que hay algunos que tienen hasta 35; que los diputados locales tendrán un tope a sus dietas, bonos, compensaciones o cualquier otra remuneración. También, que los estados y los municipios deberán contar con normas para “practicar la democracia participativa”, a través de referéndums, plebiscitos y consultas populares, sobre una amplia variedad de temas, que incluyen las prioridades en materia de obras (ahí le hablan a la Arena Potosí).
Algo que no quedó claro en el enunciado matutino de ayer, es qué va a pasar con los OPLEs, nombre genérico que incluye a nuestro Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero de lo que no hay duda es de que van a abaratar su operación, entre otras formas reduciendo su número de Consejeros y dependencias no necesarias fuera de los procesos electorales.
Es indudable que el conjunto de reformas que se proponen tiene pros y contras. Permítanme por ahora poner la atención en las manzanas de la discordia más relevantes en esta primera aproximación: la modificación de la forma de acceder a las diputaciones federales de representación proporcional. Su efecto despoja a las dirigencias partidistas de un elemento de privilegios a sus favoritos, tengan o no mérito o respaldo popular algunos.
No me queda claro si el conjunto de cambios constitucionales y legales en este rubro va a evitar, limitar o dejar igual la sobre representación, que actualmente es abusiva. Un solo ejemplo: en las elecciones del 2024, el PVEM obtuvo el 8.39 por ciento de los votos, que le redituaron 62 diputados federales, equivalentes al 12.4 por ciento de la Cámara. Una representación más estricta en su proporcionalidad, le hubiera entregado únicamente 42 legisladores. En recuento similar, el PT alcanzó el 5.47 por ciento de los sufragios, pero recibió 49 curules, que significan casi el 10 por ciento del pleno. Le habrían correspondido únicamente 27. Desde luego que la voluntad popular resulta notoriamente adulterada.
El muy alto costo de nuestras elecciones, en su doble vertiente de gastos del INE y de los organismos locales electorales, además del financiamiento a los partidos según la votación que obtienen en cada proceso electoral -tanto federal como locales- tiene un origen claro: la desconfianza ciudadana en los comicios organizados por la Secretaría de Gobernación. Remontar esa realidad requirió crear una nueva institución (el IFE, hoy INE) muy robusta y ambiciosa, que con su servicio profesional de carrera y elevados sueldos tiene un costo muy alto. La pregunta aquí es si ya estamos listos para reducir y acotar ese organismo sin volver a los días nublados de las protestas hijas de la desconfianza.
Finalmente, para calcular efectos mayores en nuestro ámbito, lo primero es esperar a que la propuesta presidencial se vote en el Congreso de la Unión, lo cual tardará unos cuantos meses, donde puede ser aprobada si Morena consigue los votos de sus aliados o los de otros partidos (cosa poco probable). Si la iniciativa de la doctora Sheinbaum es derrotada, de todas formas habrá elecciones el año próximo, solo que con una profunda reconfiguración de alianzas.
Por ahora, lo que me parece queda en el centro del escenario potosino es que las ansias nepotistas del gallardismo potosino ya pueden recibir cristiana sepultura. En la expectativa de que el Verde se allane, haga de tripas corazón y vote a favor la iniciativa presidencial, podría sentirse con derecho a reclamar la candidatura gubernamental de San Luis Potosí (para el gallardismo obviamente) y puede que le digan que sí, pero con la condición de que no postule a ningún pariente. Todo se le complica a RGC.
COMPRIMIDOS
Sin duda se trata de una decisión sensata, hasta inteligente diría yo. En días recientes el gobernador Gallardo Cardona firmó el documento que lo compromete a entregar el subsidio anual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No entregará todo lo que le propuso la SEP, pero sí más de lo que autorizó el Congreso local en una farsa de esas que dan lástima. Lo importante es que se dejó de estirar la liga y eso abre espacio para nuevas negociaciones más relajadas. No lo sé, pero sospecho que RGC escuchó el sonido de los tambores de guerra que comenzaban a sonar en la casa de estudios. Alumnos y maestros exploraban dos opciones: Salir a las calles a bloquear o a botear. Ya no hay urgencia.
Los números, por ahora, quedan así: la SEP entregó el año pasado 2 mil 483 millones de pesos. Para este año en el convenio respectivo se comprometió a aportar lo mismo más un 1.75 por ciento, equivalente a 43 millones 452 mil 500 pesos. El gobierno del estado entregó 506 millones de pesos en 2025, y ahora entregará lo mismo más un dos por ciento, que representa 10 millones adicionales. Aquí lo interesante es que los legisladores lacayos solo autorizaron un subsidio estatal de 300 millones, muy enojaditos porque el rector no atendió sus citatorios improcedentes. Ahora van a volver a hacer el ridículo para ampliar la subvención a 516 millones. Hay más de este tema que se los debo para después.
Para no abusar de las citas a Augusto Monterroso, escribiré que el Mencho se fue, pero el cártel sigue ahí. En otra dimensión, el éxito en materia de seguridad aplacó de momento las opiniones que ponen en duda el verdadero poder en manos de la presidenta Sheinbum. Además, le permitió llegar con más prestancia y fuerza a la presentación de su iniciativa de reformas electorales, con lo que eso significa para nuestro terruño.
Hasta el próximo jueves.