El desastre social acumulado por el modelo neoliberal tiene que revertirse. No es una tarea fácil, pero implica, necesariamente, iniciar por reordenar sectores estratégicos de la economía mexicana que han sido severamente castigados en favor de una presunta “modernización” que, sobre todo, desde la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ofertó como la solución de casi todos los grandes problemas nacionales.
Por supuesto, tarde o temprano tenía que llegar la cruda realidad y mostrarse como lo que ha sido: negocio de unos pocos y mal de muchos, amén de no resolver de fondo esos problemas que, desde principios del siglo pasado, don Andrés Molina Enríquez planteara abordar bajo el principio de un Estado fortalecido, capaz de gobernar a una sociedad que, como todas las sociedades, “tienen existencia material y objetiva; en tanto que la propiedad (de la tierra) es una noción subjetiva, por lo que los límites de la propiedad no deben ir más allá de dónde lo exijan los límites vitales de la sociedad”.
Molina fue uno de los impulsores del contenido social de la Constitución de 1917, particularmente en lo que se refiere al tema de la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, contemplado en el artículo 27 y que, durante mucho tiempo fue uno de los garantes de la denominada propiedad social, hasta que, precisamente, con las reformas salinistas de principios de los noventas, se revertirían para satisfacer las presiones de organismos financieros internacionales, dejando en la indefensión a la mayoría de los campesinos mexicanos que no tuvieron más opciones que la migración, frecuentemente indocumentada, hacia el vecino país del norte, o bien, competir en condiciones desventajosas con los productores estadounidenses.
Los principios de propiedad originaria de la nación y del dominio estatal que podía imponer a los privados las modalidades que dictara el interés público fueron dejados de lado, cada vez más, hasta llegar al desmantelamiento acelerado de bienes patrimoniales y sectores estratégicos como los del petróleo y la electricidad.
En tal contexto, el gobierno de Felipe Calderón aprovechó para dar un golpe a la organización sindical del SME y empujar la privatización plena en el sector eléctrico, recordando que el propio panista fue titular de la Secretaría de Energía en el gobierno de Fox, sin tener la menor idea de la responsabilidad (sobre todo social) que implicaba ese cargo.
Como recuerda Manuel Bartlett en una entrevista: “el objetivo de Calderón era aniquilar al SME por ser un sindicato combativo y nacionalista (…) a diferencia del Suterm que dirigía Rodríguez Alcaine; esa era la única diferencia entre Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad” (Revista “Proceso”, 17 de octubre de 2009). El problema, pues, era más de corrupción que de ineficiencia, sobre todo en CFE, y el objetivo era abrir la puerta a las compañías extranjeras.
El saldo del desastre: “una empresa del Estado que perdió 40 mil millones de pesos en seis meses y tiene una deuda galopante (…) sueldos de los directivos que no se rigen por los tabuladores del gobierno federal, sino con base en los de compañías trasnacionales (…) empresa que en lugar de generar energía la compra” (Manuel Bartlett, “La Jornada”, 1 de agosto de 2018).
Un botón del amplio muestrario de los abusos cometidos por una empresa del Estado como CFE, permeada por la corrupción, lo tenemos en el caso del suministro de energía eléctrica para el medio rural, la famosa tarifa de riego 09 que durante muchos años ha sido reclamada por organizaciones de defensa de deudores del campo como “El Barzón” y el “Movimiento Pro Mejoramiento del Agro”, manifestando el costo exagerado que llegó a alcanzar el suministro, con la consecuente morosidad acumulada que devino en parar pozos de riego por altos como arbitrarios cargos y con ello bajar la productividad agrícola, generándose un círculo vicioso que, afortunadamente, el próximo gobierno federal ha señalado que va a resolver de fondo, como parte también de la estrategia de reactivación del campo mexicano, aplicando tarifas justas y el “borrón y cuenta nueva” precisamente a quienes han resistido la cobranza abusiva.
En la entidad potosina está el caso de la región del “Valle de Arista”, antes de alta producción agrícola y hoy, en buena medida, abandonada por la crisis financiera de no pocos productores que, hasta como si se tratara de una broma a propósito, tienen presente que una de las áreas de esa zona lleva el nombre de… “Sal si puedes”.
Testimonios documentados de tales abusos hay muchos y serán comentados más ampliamente en otra ocasión, pero lo que ahora interesa destacar es la razón que asiste al nuevo gobierno federal de poner orden en esa empresa estatal (y donde haga falta), cuyo servicio, a su vez, impactará decisivamente en el conjunto de la economía nacional.