Contemplar coordinaciones estatales en el próximo gobierno federal tiene una lógica elemental: evitar el desaseo político de la mediación institucional entre los poderes locales y el nacional.
Por desgracia, quienes han desempeñado esa responsabilidad, léase gobernadores (sobre todo) y presidentes municipales, han caído en un manejo discrecional y arbitrario de su responsabilidad, deviniendo en cacicazgos de nuevo cuño que, por supuesto, abonaron a la debacle del PRI, PAN y PRD en los recientes comicios.
Afortunadamente, buena parte de la sociedad mexicana ha venido “aprendiendo a ser alguien, experimentando lo que puede ser capaz de hacer”, y esa condición es la de convertirse en ciudadanos cada vez más críticos y participativos del ejercicio del poder público.
En ese contexto, parece natural que lo planteado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), genere reacciones de muy diverso tipo; sin embargo, las posiciones que se rasgan las vestiduras, adelantando juicios sobre lo que apenas empieza a tomar forma, parecen más bien producto de una desconfianza en las instituciones y que se ha ido enseñoreando por doquier.
De allí que, una primera consecuencia que se desprende de este proceso sea la de, precisamente, restaurar la confianza en el servicio público y, por eso, las designaciones que ha adelantado AMLO en las coordinaciones estatales parecen obedecer, en primera instancia, a una relación de confianza que garantice, de entrada, un compromiso con el ideario programático y ético propuesto por el presidente electo para lograr el cambio verdadero.
El historiador y periodista inglés radicado en México, Andrew Paxman, en reciente entrevista con un diario de circulación nacional, ha centrado el asunto: “el reto del próximo presidente es, sin volver al presidencialismo de antes, impulsar de manera institucional una cultura más plena de democracia a nivel estatal” (en periódico “El Universal”, 29 de julio de 2018, p. A-4).
Tal consideración se deriva del análisis plasmado en un libro coordinado por Paxman, que describe la historia de corrupción en algunas entidades federativas y en el perfil y trayectoria de gobernadores “considerados como presidenciables hace 15 meses, cuando inició ese proyecto editorial”.
La constante detectada en el análisis es la conformación de nuevos cacicazgos en los estados y la cauda de corrupción y autoritarismo que les acompañan, sobresaliendo como excepción el caso de… ¡López Obrador, a su paso como jefe de gobierno del D.F.! (Ibid.).
Después de reafirmar lo que ya hoy es más que sabido y experimentado acerca de ciertos gobernadores priístas que hicieron de las suyas en años recientes, Paxman explica las razones de incluir a López Obrador en el análisis: “incluimos a Andrés Manuel, precisamente por los alegatos que frecuentemente se hacían sobre su pretendido comportamiento autoritario, pero al armar el perfil sobre sus años como jefe de gobierno del entonces D.F., resulta que su forma de gobernar era notablemente democrática, delegaba mucho e imponía poco, no trató de coaccionar a la prensa y rehusó las oportunidades de cultivar una base de poder corporativista” (Ibid.).
De allí que este historiador concluya que, a pesar de lo controvertido que puedan parecer las propuestas de AMLO, hay confianza de que el desempeño del presidente electo sea mejor que el de sus antecesores en los últimos sexenios.
En cierto modo, lo hasta aquí planteado podría complementarse señalando que la reordenación política que propone AMLO se asemejaría a un esquema distinto al del federalismo presidencialista que hemos tenido, en buena medida de corte más ideológico que práctico en términos de la “herencia liberal” registrada por Jesús Reyes Heroles -en su clásico libro sobre “El liberalismo mexicano”- (donde se afirma que el liberalismo fue factor de unidad nacional en los primeros años de vida independiente) y que ha sido cuestionada en otro texto que reivindica una visión federalista no oficialista, como la del zacatecano Francisco García Salinas: “perdiendo de vista que el período en cuestión corresponde a una etapa de nuestra historia previa a la transición al capitalismo y dónde, por lo mismo, no existían las condiciones necesarias para la creación del mercado interno ni para la formación del Estado-nación” (en “El federalismo de García Salinas. Una visión no presidencialista”, Raúl Delgado y José Luis España, UAZ, p. 16).
Guardadas las proporciones, podría decirse que el otro gran reto del próximo gobierno (junto al planteado por Paxman en el plano político) es el que tiene que ver, precisamente, con el fortalecimiento del mercado interno como medida elemental (entre otras) para reconfigurar la economía nacional en beneficio de los propios mexicanos, cuestión que ha sido claramente planteada por AMLO desde la campaña y que ya se avizora en el horizonte inmediato aterrizar en la realidad, teniendo presente que, como en la época de García Salinas, de conservadores está empedrado el camino del progreso.