Tengo un rato –unos diez o quince años- pensando en la honestidad y la certeza como principios exigibles en cualquier ámbito de la responsabilidad política. En muchas ocasiones las decisiones políticas son consecuencia de una interpretación de la realidad basada en juicios de valor. Las cosas son buenas o malas, deseables o no, dependiendo de la posición desde donde se observa o desde el rol público que se desempeña. Esta era más o menos la idea que advirtió Rufus Miles cuando acuñó un aforismo al que hoy se le conoce como la Ley Miles: “Where you stand depends on where you sit”.
Este aforismo es una de esas cosas que cuando las traduces no quedan tan bien. La idea que expresa Miles en realidad sugiere que las posturas que adoptan los personajes públicos dependen el lugar en el que están sentados. Ya lo he dicho en otro momento: el discurso del candidato es uno, el del gobernante es otro. Cuando se es oposición se adoptan ciertas posturas sobre los asuntos públicos, cuando se es gobierno, de adoptan otras distintas.
No dejo de recordar la advertencia que Max Weber hacía a los científicos sobre tomar posiciones valorativas: en términos generales no prohibía que se emitieran estos juicios, pero sí exigía que se tenga clara conciencia sobre los criterios empleados para medir la realidad y obtener a partir de ellos los juicios de valor.
Permítame insistir sobre la certeza y la honestidad. Ahora que los cambios políticos están de moda, habrá que preguntarse sobre el análisis objetivo de los hechos que consolidan al diagnóstico del que se desprende una decisión política. Si propongo un cambio, es porque hay algo que está mal. Si implemento ese cambio, es porque tengo plena certeza de que la modificación ofrecerá mejores resultados que aquello que se tenía previamente. En términos de ética pública, democracia sustantiva y republicanismo elemental, es completamente exigible que el político justifique y demuestre públicamente que su diagnóstico y propuesta se basan en veracidad, certidumbre y apego a los hechos.
Este compromiso público por la certeza y la honestidad no admite posiciones soberbias. Hay quienes evitan el amplio debate público sobre las propuestas políticas aduciendo la falta de comprensión del público que escucha. Olvidan que en la sociedad civil, en la academia, en la opinión pública, en las mesas de café y en las banquetas de las colonias también hay interpretaciones lógicas y plausibles, y en una de ésas, también se encontrarán buenas y mejores ideas.
Hay que poner las cosas en su lugar. Un representante popular (votado de manera directa o indirecta) no puede –debe- respaldar sus razonamientos en el voto de la mayoría que lo eligió, sino en la plena justificación de sus argumentos. Si nos vamos a tomar la democracia en serio, entonces necesitamos discutir los asuntos públicos en un debate amplio, abierto e informado. Esto no tiene contradicción alguna con la democracia representativa, representa un principio elemental de la responsabilidad pública frente al pueblo soberano. Es republicanismo elemental.
A estas alturas del partido no podemos admitir menos que eso.
Twitter. @marcoivanvargas