En la escena primera del acto primero de la Tragedia de Ricardo III, de William Shakespeare, podemos leer: “…he determinado portarme como un villano y odiar los frívolos placeres de estos tiempos. He urdido complots, inducciones peligrosas, válido de absurdas profecías, libelos y sueños, para crear un odio mortal entre mi hermano Clarence y el monarca”.
¿Soy al único que estas palabras le traen a la mente al otro Ricardo, al Ricardo que desde el Senado de la República empuña un marro con el que pretende demoler el andamiaje constitucional y legal construido durante tanto tiempo? ¿Soy al único al que le parece que ha decidido Monreal arrasar con instituciones y sembrar las tierras con sal, tal y como ocurrió con Cartago cuando la conquistaron los romanos?
No voy a enumerar en este momento (no sería suficiente el espacio de esta columna) la gran cantidad de barbaridades que Monreal ha impulsado desde su asiento senatorial, tratando de barrer con todo lo que venga del pasado, concretamente antes del primero de diciembre de dos mil dieciocho, como brazo ejecutor de López y de los transformistas de cuarta. Sin embargo, mencionaré una que transita, que va caminando y que, en lo personal, me siento obligado a llamar la atención del lector sobre lo que, a mi parecer, no solo es un error, sino una franca estupidez.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1976 y el 26 de junio de 2012 también en el Diario Oficial, el INACIPE fue reconocido como Centro Público de Investigación.
Los centros de esta naturaleza, según el artículo 47 de la Ley de Ciencia y Tecnología son las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica. De acuerdo a la misma ley, en sus artículos 48, 53 y 62, gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa, administrativa y presupuestaria, en concordancia con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
¿Y que tiene que ver Monreal en esto? Pues que es el presentador e impulsor de una iniciativa por la cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
En esta exposición de motivos de la iniciativa podemos leer: “Se plantea que el Instituto Nacional de Ciencias Penales pase a ser un órgano descentralizado de la Fiscalía General, como un centro público de investigación, por lo que a partir de la entrada en vigor de este Proyecto de Decreto, quedará desincorporado de la Administración Pública Federal”. Nada, ni una justificación, ni un argumento, ni una explicación, nada de nada. Tampoco en el dictamen de las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos segunda.
Así, sin más, pretende esta propuesta convertir al INACIPE en una dependencia más de la Fiscalía General de la República, borrándolo de la administración pública y quitándole el carácter de centro público de investigación. Quieren silenciar a las voces del saber jurídico y científico en materia penal.
Es evidente que esta es una pieza más en el proceso de desmantelamiento de todo lo que huela a conocimiento, a educación, a pensamiento crítico. Es, sin duda, una parte del entramado mediante el cual la cuarta transformación pretende hacernos creer que, antes de ellos, nada. Es un paso más hacia el fascismo al que nos encaminan los transformistas. Ante la ausencia de razones de Monreal y de los amigos de López, ante la falta de explicaciones, solo el temperamento dictatorial explica el agravio al INACIPE. Mañana tal vez quieran reformar las leyes y quitarle la autonomía a la UNAM y convertirla en una ventanilla de la Secretaría de Educación.
Un día, en medio del desastre, tal vez Monreal quiera escapar del caos que está contribuyendo a crear, y escuchemos sus gritos, similares a los de su tocayo Ricardo III, en medio de su derrota: “¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!”.
@jchessal