Ante la política gangsteril de Donald Trump, nada debilita tanto a México como la asociación criminal del grupo gobernante. La única manera de proteger el interés nacional es emprender, de inmediato, una tala radical. La bandera que se agita con el discurso soberanista debería mover a la acción interna para recuperar de los criminales el espacio que se les ha cedido. Si ha habido en la historia reciente de México un momento de verdadera urgencia, un tiempo que exige la actuación resuelta y firme del poder para desprenderse de cargas insostenibles, es ahora. La crisis que ha estallado no está encapsulada en la estructura política del estado de Sinaloa. Se expande en buena parte del país donde Morena ha hecho pacto con los violentos. Aquellos abrazos del lema presidencial fueron también el sello de una estrategia electoral replicada plaza tras plaza.
Las solemnidades del soberanismo no se escucharon en los últimos años hacia adentro como se proclaman ahora hacia afuera, como discurso de dignidad. El país fue perdiendo el control territorial bajo el mando de Morena sin que nadie entonara el himno de la unidad nacional. Los gobiernos morenistas fueron adjudicando territorios a los conglomerados criminales, hicieron pactos electorales con los cárteles, entregaron candidaturas a delegados del crimen, cerraron los ojos ante la barbarie para consagrar el imperio delincuencial que ha ensangrentado al país y que ahora lo tiene frente a la más grave amenaza exterior que México ha enfrentado en décadas. Por supuesto que el nuevo partido hegemónico no ha sido el único partido que ha entrado en complicidades con el crimen. Todos los partidos llevan esa mancha. Pero el monopolio de los últimos años, el control casi absoluto que tiene de los espacios de gobierno coloca en la cancha de Morena una responsabilidad única. El problema que Morena heredó lo ha agravado con creces en estos años.
El caso de Sinaloa es emblemático no solamente porque se trata de un estado con una larguísima historia de complicidad entre el poder y el crimen. Por ser sede de uno de los cárteles más fuertes y violentos del país. Lo es ahora porque el poder central está enredado como nunca en esa telaraña. Desde hace cinco años, lo que sucede en Sinaloa está atado a lo que sucede en el núcleo del poder nacional. En el gobierno de Rocha Moya se enlazan, desde su inicio, los hilos de la presidencia y el Cartel de Sinaloa. No hay manera de negar que de esas dos cuerdas impulsaron su candidatura y su triunfo, y que esos dos poderes lo respaldaron hasta el momento en que fue materialmente insostenible.
Vayamos al origen. El gobernador que hoy es señalado por el gobierno norteamericano de ser cómplice de un grupo criminal fue impuesto directamente por el capricho de Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya no ganó la candidatura de MORENA, López Obrador se la obsequió. Como lo reconoció el favorecido, obtuvo la postulación torciendo las normas del propio partido. Yo no gané, pero AMLO quiso que yo fuera el gobernador, declaró. Durante la campaña y, sobre todo durante la elección, se hizo visible la intervención de la otra cuerda. El crimen actuó con descaro. Intimidó y secuestró operadores electorales de la oposición, robó casillas, detuvo a familiares de los opositores para forzarlos a declinar. Héctor Mauleón publicó en Nexos una crónica estrujante sobre aquella jornada. Rocha Moya se impuso. El presidente López Obrador agradeció la buena conducta de los criminales. La delincuencia organizada, dijo, “se portó muy bien.”
La presidenta ha aceptado la herencia de su antecesor sin hacer lista de sus cargas. Sin prisa alguna, sin aspavientos, sin romper con nadie, ha alejado a algunos cuadros de posiciones de poder sin poner en riesgo la unidad de su grupo político. Sheinbaum ha creído que la apuesta por la impunidad era la más segura, la única compatible con las exigencias de la gobernabilidad. Tras la bomba que soltó el Departamento de Justicia la semana pasada se verá obligada a repensar el camino. Si Sheinbaum sigue mostrándose como respaldo último de la narcopolítica pondrá en riesgo lo más importante: la viabilidad económica del país y su integridad territorial. La presidenta está llamada a emprender una tarea para la que no parece estar preparada ni dispuesta: romper.