El pasado 11 de junio se cumplieron 20 años de la publicación de la primera ley de transparencia y acceso a la información pública en nuestro país. El tamaño del problema de legitimidad del sector público no solo requirió de una amplia base de apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso para que en esos años se lograra la aprobación de la ley por unanimidad, sino que ha demandado otra serie de acciones políticas y administrativas para que el estado mexicano cuente con un entramado institucional -es decir, normas y organizaciones que implementen esas normas- para garantizar un derecho ya reconocido en la constitución.
Déjeme insistir brevemente en esta idea: la acción eficaz del estado requiere de voluntad política para tomar decisiones, capacidad legislativa para plasmar esas decisiones en leyes y capacidad administrativa para implementar y hacer efectivas tales determinaciones. De lo que se desprende que de nada sirve que las leyes sean justas o buenas, si no existe capacidad de ejecución de lo que garantiza una ley.
El tema de la transparencia y el acceso a la información no es la excepción. De acuerdo al Ranking Global de Derecho a la Información (que Usted puede consultar en www.rti-rating.org) México tiene la segunda mejor ley de transparencia y acceso a la información en el mundo. El ranking está compuesto de 61 indicadores que consideran distintos subtemas: desde el reconocimiento del derecho de acceso a la información, como las garantías y sanciones para los sujetos obligados. De nuevo, el hecho de que México tenga una de las leyes más amplias y específicas del mundo no implica que la transparencia y el acceso a la información sea un atributo que se practique de forma cotidiana en nuestro país. Las leyes están ahí, también los procedimientos. ¿Qué es lo que nos falta?.
Como siempre, cualquier cosa que está orientada a la ciudadanía -como prácticamente todo lo que debe hacer el gobierno- debe tener como referente a la ciudadanía como protagonista de estos procesos. Suena a obviedad, pero no lo es.
¿Qué es lo que falta por consolidar? Que la ciudadanía se apropie de estos espacios que por definición le pertenecen. Ahí donde existan sujetos obligados -organizaciones gubernamentales- que aborden el tema de la transparencia como una obligación que puede ser “administrada” y no como un asunto de derechos que debe ser garantizados, ahí se encuentran las mayores dificultades para que la ciudadanía pueda saber. Hace un par de semanas le conté en este espacio sobre la manera en que un ejercicio periodístico de solicitud de información detonó toda una cascada de consecuencias políticas y organizacionales a partir del caso popularmente conocido por el ”toallagate”.
La lógica es la siguiente: un gobierno vigilado y exigido es un gobierno que se obliga a sí mismo a abrir su información y mejorar su desempeño. Esa es la parte que le corresponde a las instituciones. Lo otro tiene que ver con la apropiación ciudadana de estos procedimientos: esto ocurrirá cuando perciba que el acceso a la información le es cercana y útil. Hay un trabajo pendiente ahí: así como se ha apropiado de las elecciones, también debe protagonizar los otros dispositivos que definen al estado democrático.
Quien aspira a gobernar y se llena la boca de discurso democrático, bien haría en honrar significativamente a este adeudo histórico con la sociedad. Saber para transformar.
Twitter. @marcoivanvargas