La afiliación forzada de militantes que viene imponiendo el Partido Verde Ecologista de México, sobre todo entre empleados públicos es ilegal, inmoral y poco productiva, si no es que hasta contraproducente. Al mismo tiempo, parece un acto de desesperación del gallardismo.
En días recientes trascendió -contra la voluntad de los organizadores- la afiliación obligada de personal del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), pero ya se había hecho antes con mayor secrecía en otras dependencias estatales, como la Contraloría General del Estado. Más adelante les doy mayores detalles.
Lo que hace ahora el Verde recuerda lo que durante muchos años hacía el entonces poderoso PRI. Afiliaba corporativamente a prácticamente todos los sindicatos de trabajadores importantes del país e incluso a sus centrales como la CTM. A poco andar, se comenzó a presentar un fenómeno muy interesante: los líderes obreros que eran postulados candidatos a diputados o senadores, en donde más estrepitosamente perdían era en los conjuntos habitacionales ocupados por sus representados. Ese comportamiento de los votantes se volvió rutina en El Polvorin.
Fue quedando claro que la gente podía abrazar unos colores partidistas u otros y entregarles su participación y su voto, pero a la de a fuerzas la afiliación impuesta fue siendo cada vez más inútil, ilusoria. No tiene por qué ser diferente ahora. Sin olvidar que las afiliaciones grupales o corporativas actualmente están específicamente prohibidas por la legislación electoral. De ahí el disimulo y pretendido secretismo con que se llevan a cabo.
El gallardismo, la verdadera fuerza detrás del PVEM en nuestro estado, podrá pensar que el organismo al que en primera instancia corresponde aplicar la ley en estos temas -el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana- puede hacerse de la vista gorda y ofrecer impunidad a su principal fuente de financiamiento, pero que le ruegue a Dios que el caso potosino no llegue al INE, lo cual es factible a partir de cierto momento procesal, porque allá para nada puede esperar el mismo trato condescendiente que aquí.
La posibilidad de que los excesos gallardistas en esta materia escalen niveles para contenerlos y eventualmente hasta para sancionarlos, se entiende por el simple y claro hecho de que a quien más está afectando es a su aliado el Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena).
Efectivamente, con un PRI disolviéndose en el ácido de sus propias canalladas; un PAN con un proceso interno en puerta del que difícilmente va a salir fortalecido, un PRD localmente con el agua al cuello y un Movimiento Ciudadano que no se ve dispuesto a marcar distancias y abrir su propia brecha. Del PT no hay mucho que decir, excepto que a la hora de la verdad atenderá incondicionalmente las instrucciones de Palacio Nacional y no las de nuestro Palacio de Gobierno.
Lo que de aquí se sigue no tiene mucha complejidad: el gallardismo se está preparando para combatir y derrotar a Morena en las elecciones del 2027, comenzando desde luego con la de gobernador. De alguna manera, pareciera que ya se aceptó que la vía del nepotismo agoniza, y que los muchos recursos invertidos en esa opción ya no serán útiles.
De ahí entonces que haya que redoblar esfuerzos e incrementar los recursos invertidos, para suplir con ellos el déficit que dejará la cancelación del proyecto nepotista de doña Ruth o el papá, con el fuerte desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo que ello supone.
Va a ser todo un espectáculo político ver hasta dónde alcanzan los empeños gallardistas para derrotar al partido de la presidenta Sheinbaum.
Hay quienes creen que estas alevosas jornadas de afiliación impuesta son el preámbulo de un proyecto específico: formar un nuevo partido político de nivel estatal y con él librar la batalla electoral del 2027. A quienes así piensan les tenemos una mala noticia: los nuevos partidos políticos locales solamente pueden promoverse y formarse cada seis años, en el año siguiente al de la elección de gobernador. Es decir, no habrá opción de nuevas fuerzas políticas hasta el 2028.
La vez anterior, en el 2022, fue aprovechada por el gallardismo para constituir el partido Movimiento Laborista de San Luis, pero a la hora de la verdad -las elecciones de este año- resultó un rotundo fracaso y como no alcanzó ni el 3 por ciento de la votación válida, perdió el registro y adiós.
Regreso al punto de las afiliaciones ilegales entre trabajadores del Gobierno del Estado. El pasado 18 de noviembre el personal de base de la Contraloría General del Estado recibió el siguiente mensaje vía WhatsApp: “Buenas noches a todos, de parte del Sr. Contralor, les comparto que el evento de la credencialización del que ya tienen conocimiento todos, se llevará a cabo a partir de las 09:00hrs en el área del despacho de la Contraloría, repito será en la misma dependencia por lo que no será necesario que nos movamos a algún lado. Favor de transmitir el mensaje a los compañeros que se encuentran en otras sedes, para que ellos acudan a las instalaciones de la CGE”. Quien nos hizo llegar el mensaje, sabía perfectamente que ese “evento de credencialización” era en realidad la afiliación voluntariamente a güevo al PVEM
¿OTRA CAJA CHICA?
El pasado viernes, con un apresuramiento mayor al habitual, el Congreso del Estado aprobó reformas a los decretos de 1963, 1981 y 2009 que crearon y regulaban hasta ese día el uso del suelo en la Zona Industrial. Desde sus orígenes, esas grandes superficies estuvieron destinadas exclusivamente a propósitos industriales. Ahora, por efecto de esos cambios legislativos, se permitirá la instalación de establecimientos “comerciales y de servicios”. Es decir, prácticamente de todo, excepto quizá actividades agrícolas.
Durante muchos años, desde su creación por el gobernador Manuel López Dávila en 1963, la donación de terrenos en la naciente Zona Industrial para atraer inversiones fue una de las principales armas de promoción. Con el cambio de siglo, y una vez asentadas empresas que atraían otras plantas de sus proveedores, los estímulos locales dejaron de descansar en la gratuidad de las tierras y se fueron por nuevos rumbos.
Además, también de unos años para acá se comenzaron a recuperar terrenos cuyos beneficiarios no cumplieron con las condiciones de la donación.
En ninguna parte del decreto aprobado el viernes se establece cuál es la extensión de las tierras propiedad del estado que aún quedan disponibles. Posiblemente se trate de lotes de extensiones muy diversas, pero que en conjunto deben sumar una enorme cantidad de metros cuadrados.
El proyecto de decreto se aprobó en comisiones por ahí de las ocho de la mañana, y una hora más tarde ya estaba sometida a la aprobación del pleno, que lo hizo por amplia mayoría. ¿Por qué tanta prisa?
Semejante apresuramiento y tanta imprecisión sobre el tamaño de las tierras en juego, hace sospechosa toda la operación. Pero más la hace que de acuerdo con las reformas mencionadas, se amplían mucho las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, actualmente en manos de Chavita, uno de los más antiguos y experimentados recaudadores del Clan Gallardo. Viene con ellos desde Soledad y los tres años (2015-2018) que estuvo en el Interapas a las órdenes de Gallardo Juárez, dejó fama de sinvergüenza.
Esos terrenos durante más de sesenta años destinados exclusivamente a uso industrial, podrán ahora venderse prácticamente para cualquier cosa, porque “comercios” son lo mismo un Oxxo que un Chedraui, y “servicios” vale para un hospital, un banco, un restaurante o un taller mecánico.
La dirigencia del organismo Unión de Usuarios de la Zona Industrial detectó algo sospechoso del movimiento y trató de hacerse oír, pero se fueron a dormir y en la madrugada se cocinó toda la maniobra.
Ya habrá manera de saber cuál es la superficie que sale a subasta para prácticamente cualquier tipo de establecimientos y más o menos a qué precios se cotiza el metro cuadrado, para tener una idea más exacta del tamaño del negocio. Pequeño no es.
¿Será otra fuente de financiamiento para los planes electorales del clan?
COMPRIMIDOS
Hace dos semanas, el mismo día que se publicó nuestra columna anterior el jueves 21 de noviembre (el 28 no publiqué por viaje), apareció en algunos medios locales un “Acuerdo de no ejercicio de la acción penal” en beneficio de los involucrados en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, que son principalmente el gobernador Gallardo Cardona, su papá, su mamá, dos hermanas y otra docena de asociados, así como a 20 empresas vinculadas con todo ellos. Ese documento tiene fecha 23 de octubre del año en curso. Hasta hoy, no ha sido reconocido ni desconocido por ninguna instancia de la Fiscalía General de la República.
Para este columnista, lo importante es que aún y dando por sentada la validez de ese acuerdo, en nada se desmiente lo afirmado los días previos en esta columna, en el sentido de que la carpeta de investigación de referencia que estuvo paralizada cuatro años, se había reactivado en meses recientes. La pregunta que por ahora no es fácil despejar es si esa era la única carpeta pendiente.
Hay veces que son patéticos: el pasado 19 de noviembre la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, se reunió con los 32 Secretarios de Gobierno para abordar temas que les son comunes. Algunos de ellos pidieron la foto individual con la señora para el recuerdo. Aquí se publicó poco después, pero con un manejo muy tendencioso dando a entender que había sido una reunión de ellos dos solos: la Secretaria y Uñas Largas. Eso es vivir del cuento.
A como se ven las cosas, pareciera que alguien le recordó a Enrique Galindo lo que solía decir el viejo periodista Francisco Don Pancho Galindo Ochoa: “En esto de la política, a veces hay que dejarse madrear, pero nunca hay que dejarse putear”. Lo digo porque aguantó varios jabs -como el de las “Pinches escobas” en Escalerillas y el de “Ni don Porfirio se atrevió a tanto”-, pero con un gancho al hígado (“Esa es Grilla Chafona”) emparejó el marcador.
Abordo el tema del párrafo anterior, porque justo en las mismas fechas de los dimes y diretes algunos colegas con acceso a ambos lados de la Plaza de Armas, publicaron que la verdad, la verdad, Ricardo y Enrique se llevan de peluche, de a cuartos y piquete de ombligo; que se juntan y trazan estrategias, y que todo lo demás son puras apariencias. Si así es, qué bien lo disimulan.
Hasta el próximo jueves.