La “estafa maestra” sentó un precedente de corrupción y por ello Rosario Robles permaneció tres años en prisión y aún no se cierra su caso.
El monto supuestamente defraudado a través de la operación denominada la "estafa maestra" fue de 7,670 millones de pesos. Sin embargo, el monto del fraude a Segalmex —que es el organismo público descentralizado, responsable de promover la productividad agroalimentaria y vinculado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural— asciende a 15 mil millones de pesos, lo que significa el doble de la estafa maestra, supuestamente encabezada por Rosario Robles.
Sin embargo, el dirigente de Segalmex —Ignacio Ovalle— ha sido deslindado de responsabilidades respecto a este fraude por el mismo Presidente de la República -convirtiéndose no sólo en su defensor-, sino también en quien lo absuelve de cualquier delito, como si fuese un juez.
Que hay 22 implicados en este fraude es cierto, pero mientras a Rosario Robles la encarcelaron sin previo juicio —simplemente ejercitando prisión preventiva oficiosa—, adjudicándole la responsabilidad de haber encabezado la Sedesol en los tiempos en que se cometió el delito, el presidente exonera a Ignacio Ovalle sin considerar que como cabeza de la institución tiene grandes responsabilidades.
Y si no estuvo enterado de cómo se articulaba este megafraude, entonces se vuelve moralmente responsable por incompetente.
Su larga trayectoria en el servicio público se remonta a haber sido secretario particular del presidente Luís Echeverría y "secretario de la presidencia".
En 1976 fue director general del Instituto Nacional Indigenista. En 1977 fue coordinador general de Coplamar y de 1988 a 1990, director general de Conasupo, el organismo antecesor de Segalmex en el suministro de productos de consumo de la canasta básica.
También fue embajador de México en Argentina y Cuba y ha sido diputado federal.
En su carrera como funcionario público debe haber acumulado larga experiencia, como para suponer sólida capacidad administrativa.
Este escándalo de corrupción nos lleva a concluir que el discurso anticorrupción promovido por el presidente no pasa de la retórica mañanera, pues no se han instrumentado sistemas eficientes para prevenir conductas delictivas dentro de las instituciones y cuando hay indicadores de conductas ilícitas, descubrimos falta de voluntad política para investigar la verdad.
Toda la narrativa anticorrupción se resume en discursos de buena voluntad y disertaciones moralistas, pero muy pocas acciones.
Cuando los involucrados en algún escándalo son gente cercana al afecto del presidente, todo queda en la impunidad, pues sólo se castiga a gente de bajo nivel jerárquico que quizá tuvo que encubrir a sus jefes.
Seguramente Segalmex concluirá con el enjuiciamiento de varios funcionarios de esa institución —de niveles operativos—, sobre quienes irá todo el poder del Estado Mexicano para justificar la lucha contra la corrupción, pero sin llegar a fondo. Así es la "politiquería" de hoy.
¿A usted qué le parece?
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