“La autoridad ha fallado contra la violencia, han faltado en su obligación y responsabilidad de proporcionar los niveles mínimos de paz, se requiere replantear las políticas en seguridad”
Luis Raúl González Pérez (Ombudsperson de México).
El gobierno de la nación que está próximo a terminar será sometido a una evaluación democrática sobre sus acciones y políticas de gobierno, los electores /as mexicanos /as en buena medida este primero de julio de 2018 eso es lo que harán, con su voto aprobarán o desaprobarán las conducciones de gobierno, esa es la esencia de la democracia. Pero en lo que no cabe duda ya es que, la política de seguridad pública es un rotundo fracaso, la evidencia es clara y contundente el precio de la violencia que hemos tenido que pagar es muy alto, y sus resultados son verdaderos retrocesos.
En mi anterior colaboración para Pulso “Democracia sin miedo”, comentaba que a partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que el INEGI monitoreó para todo el 2017, el resultado fue contundente, en México dos de cada tres personas viven con miedo, y cómo no, si ese año fue el más violento que nuestro país ha vivido desde la alternancia partidista desde el año 2000, ni en el sexenio de Felipe Calderón y su “guerra” al narcotráfico ocasionó tantos asesinatos, 25 mil 339 para ser precisos, 23% más que en 2016 (Semáforo Delictivo). En general en todos los tipos de delito hemos visto esto, así por ejemplo, el robo de vehículos ascendió casi un 30% más que el año anterior.
Es por ello, que hemos empezado a escuchar de los precandidatos un distanciamiento con la Política de Seguridad Pública fallida, ahora si se empiezan a dar cuenta que una prevención del delito a punta de balazos y de violaciones a los derechos humanos no es la solución, hay que voltear a la fortaleza financiera del crimen, usar los servicios de inteligencia.
Pues bueno, si nuestras autoridades se han dado cuenta que combatir al delito es algo más que la estrategia de echar montón con los policías de un lado para el otro, pues vamos de gane; sin embargo, que lastima que se necesitó una década para entender que este tipo de respuesta pública era inoperante e incompatible en un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos, no obstante, y hay que decirlo con toda la claridad, la hoy impugnada Ley de Seguridad Interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va en el mismo sentido, es decir, es la necia reiteración de una Política de Seguridad Pública más que demostradamente fallida.
Sin embargo, San Luis Potosí lamentablemente no es un oasis en medio del caos, sino todo lo contrario forma parte de la ausencia de una estrategia antidelictiva realmente planificada, es cierto amiga lectora amigo lector, que resulta por demás desconcertantes las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública Ernesto Pineda, quien reconoce que hace falta “meter más inteligencia a la planificación”, pues no se debiera venirse a aprender, la verdad no está el horno para bollos, porque también nuestra entidad sufrió el año más violento, con 802 asesinadas y asesinados en 2017, algo no visto en los tiempos recientes.
Más bien, la anterior situación es la forma más fiel de demostración que en San Luis Potosí no se planifica en contra del crimen, sino que se hace desde la capital del país, por ello es lógico que se presenten cifras y escenarios muy similares a lo que ocurre a la Política de Seguridad Pública fallida, eso les pasa por andar de copiones, habiendo tanto talento en nuestra entidad de expertos en políticas públicas, desperdiciados y desairados, mira que seguir un modelo a todas luces equívoco, es por demás.
Así que, si el diagnóstico del médico es equivocado pues no se puede esperar que haya mejoría en el paciente, obviedad, lamentable e impotentemeten como sociedad seguiremos presenciando feminicidios, 7 en lo que va del año, la política de Alerta de Género empezará a hacer analizada y evaluada por los centros académicos que lanzarán la voz de alarma ante sus resultados, diciendo que en realidad es mal operada, que se confunde el medio con el fin; digámoslo con toda claridad amiga lectora amigo lector, es decir, pareciera que se maneja como una política de gasto público, sólo se trata de captar recursos federales y el estatal, 30 millones les dio la legislatura local para este año.
Sin una verdadera seguridad democrática, que sea diseñada y evaluada por la participación de la sociedad, no se podrá contrarrestar eficazmente al delito, lamentable y tristemente seguiremos viendo episodios como el del sacrificado jefe de la policía ministerial de Estado, 100 detonaciones según las notas de prensa. Realmente es momento de cambiar el rumbo, de crear una Política de Seguridad Pública Integral.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com