En un país donde la confianza en las instituciones también se gana en los juzgados, la historia de la lechera Sello Rojo se ha convertido en un caso emblema sobre lo que está en juego cuando se habla de justicia corporativa, propiedad familiar y defensa de un legado.
Desde hace más de cinco años, los consumidores del centro occidente del país, específicamente en Jalisco, han seguido con interés y, en algunos casos preocupación, el conflicto legal al interior de Lechera Guadalajara, S.A. de C.V., empresa matriz de la marca Sello Rojo. Detrás de las etiquetas que se ven en anaqueles de leche, yogures el queso, se ha librado una batalla judicial entre miembros de la propia familia fundadora; por un lado un grupo que tomó el control administrativo en 2019 mediante actos ahora declarados ilegítimos; del otro, quienes luchan por recuperar lo que consideran su legítima herencia.
El Poder Judicial de la Federación ha fallado a favor del grupo familiar representado por el abogado Rabinal González, ordenando revertir todos los actos realizados desde junio de 2019. La decisión dictada en el juicio de amparo 466/2024 no es menor, pues restituye la administración previa y confirma que quienes se autonombraron directores y modificaron los estatutos sociales no acreditaron ser accionistas. En palabras sencillas, usurparon el control de una empresa familiar sin tener derecho legal a ello.
En una resolución previa, un Tribunal Colegiado ya había declarado nulas varias asambleas celebradas por estos administradores y ordenado cancelar su inscripción en el Registro Público de Comercio. No obstante, el verdadero desafío ha sido la ejecución, pues en la práctica este grupo ha mantenido oficinas, cuentas y facultades administrativas a pesar de las sentencias.
Esto implica una gran cuestión para el orden jurídico, pues quienes tienen la razón legal también deben lograr que se imponga la razón práctica.
Los herederos legítimos del proyecto fundacional han llevado adelante una lucha donde no solo está en juego el control empresarial, sino el modelo de empresa con ética que ha sostenido a Sello Rojo por décadas. En su defensa legal han denunciado el vaciamiento de recursos, la supresión de beneficios laborales y una caída en la producción e ingresos de la compañía de casi el 50%, con despidos masivos y cancelación de prestaciones históricas para sus trabajadores.
Además del impacto económico, este conflicto ha dejado una huella profunda en el ecosistema de proveedores, pequeños distribuidores y productores regionales que dependen de la red de valor construida durante décadas por Sello Rojo. Para muchos ganaderos, transportistas y minoristas, la empresa no es solo un cliente, es un socio estratégico. La incertidumbre jurídica ha afectado la capacidad de la marca para sostener compromisos de largo plazo, desestabilizando así un tejido económico que va más allá de los muros de la planta o de las cifras en un balance.
Es importante subrayar que no se trata simplemente de una disputa entre herederos, se trata de la defensa de un modelo empresarial que fue concebido con valores claros de responsabilidad social, empleo digno y arraigo comunitario. Los administradores actuales, al operar sin legitimidad formal, también han introducido una lógica distinta, marcada, según se desprende de fallos judiciales públicos, por la opacidad, la concentración de decisiones y el abandono de prácticas que daban cohesión al proyecto familiar.
Si quienes actúan sin calidad legal pueden sostenerse por inercia o negligencia institucional, entonces se debilita el pacto mismo que da sustento al orden corporativo. La sentencia no solo busca reparar una injusticia puntual, busca reencauzar un principio que protege a toda empresa que apuesta por la legalidad como base de su continuidad.
Este caso es una llamada de atención sobre la importancia de proteger el tejido empresarial honesto, que crea empleos y respeta la ley.
X: @jchessal