"Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie". Claudia Sheinbaum, 13.07.2026
En su mañanera del 13 de julio la presidenta Sheinbaum mencionó 15 veces a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, con la principal preocupación de descartar las acusaciones de que tuvo lazos con el crimen organizado: "El gobierno del presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros actuamos permanentemente con una visión distinta a la de los gobiernos anteriores, dentro de la ley, haciendo detenciones con carpetas de investigación. Y la muestra es las detenciones que hubo durante el periodo del presidente López Obrador y las que hemos hecho nosotros". No es la única política mexicana que insiste en que el gobierno no tiene lazos con el narco. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, declaró el 11 de julio en Chilpancingo: "Nos quieren tachar de que tenemos ligas con la gente que se dedica a actividades delictivas. Nada más falso, porque Morena es el partido del amor, del amor al pueblo", aunque incómodamente lo dijo en compañía de Félix Salgado Macedonio, acusado por varias mujeres de abusos sexuales El 31 de marzo de 2025 el senador Gerardo Fernández Noroña respondió molesto a una pregunta en el CIDE: "No, no somos iguales, no somos lo mismo, no, no somos cómplices de ningún delito, de ninguna desaparición, de ninguna actitud contra nuestro pueblo". No sorprende que tengan que negar las acusaciones porque estas se acumulan desde hace años. Apenas ayer el titular de la DEA, Terry Cole, lamentó "la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables". Respondió esta vez el gabinete de seguridad, que señaló que estas afirmaciones "carecen de sustento", ya que en el actual gobierno se ha detenido a "59,982 personas", se han asegurado "498 toneladas de droga" y se han deshabilitado "2,167 laboratorios clandestinos". No es solo Cole; el presidente Trump y varios colaboradores han afirmado una y otra vez que México está controlado por el narco. Las acusaciones se recrudecen ahora por el rechazo del gobierno mexicano a extraditar a los 10 de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusados de complicidad con el narco por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La presidenta dice que Washington no ha presentado pruebas, pero parece más bien que la FGR no ha querido investigar. El gobierno mexicano se ha molestado por el traslado a Estados Unidos y captura de El Mayo Zambada, pero no ha explicado por qué no se le detuvo en 26 años en México desde su primera orden de aprehensión. Dos años después de su detención, seguimos sin saber quién mató a Héctor Melesió Cuén, que estuvo en la reunión de la finca Huertos del Pedregal desde donde fue trasladado. No se ha informado por qué la Fiscalía de Sinaloa presentó un video falso para pretender que Cuén había muerto en un asalto en una gasolinera. Tampoco hay pruebas de que Rocha Moya estuviera realmente fuera del país. No se han investigado las intervenciones de los Chapitos en las elecciones de Sinaloa de 2021 para apoyar a Rocha Moya. Los criminales secuestraron a los candidatos y operadores de la oposición para amedrentarlos; el INE lo denunció, pero el Tribunal Electoral de Sinaloa validó la elección con una resolución de la magistrada Aída Inzunza, hermana del hoy senador de Morena Enrique Inzunza, uno de los 10 acusados de complicidad con el narco. Respeto la defensa que la presidenta hace de su gobierno, pero estoy convencido de que tendría más credibilidad si la FGR investigara y presentara pruebas. Ulises Renunció ayer Ulises Lara, fiscal para asuntos relevantes de la FGR. Exmarido de la ministra Lenia Batres, se le conoce por su militancia en Morena. Se hizo abogado en fast track y le correspondía hacer esas investigaciones importantes de las que hoy no sabemos nada. ¿Lo quitaron por eso? www.sergiosarmiento.com