No ha sido ningún secreto que a este actual gobierno federal le viene mal la libertad de expresión. Desde la asunción de la presidencia por parte del señor López ha sido evidente la censura y ataques a quienes se levantan como voces de la inconformidad en contra de acciones, omisiones y disparates propios de la “transformación”.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas y siempre se encuentra en el ojo del huracán cuando de política se trata. Siempre se enarbolan banderas que, en ocasiones ciertas, la mayor parte de las veces son falsas justificaciones, para acallar las voces incómodas al Poder. Razones como orden público, la seguridad nacional o la protección de otros derechos y valores igualmente fundamentales se retuercen hasta convertirlos en simples pretextos de censores de bagatela.
Es sabido que ninguna libertad es absoluta, incluida la libertad de expresión. Sin embargo, la cuestión reside en determinar dónde trazar la línea entre la protección de la libertad de expresión y la legitimidad de las restricciones impuestas por los poderes políticos.
En la Constitución mexicana se estableció en dos mil diecisiete, en el primer párrafo del artículo 6°, que la manifestación de las ideas no sería objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Esta misma porción normativa ha sido modificada tres veces: en mil novecientos setenta y siete se agregó el respeto al derecho a la información; en dos mil siete se agregó la protección al derecho de réplica y en dos mil treces se incluyó a la vida privada como digan de protección ante los excesos de la libertad de expresión.
Las restricciones a que nos hemos referido se encuentran igualmente reconocidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la obligación de las leyes de fijar clara y expresamente las limitaciones; por su parte el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de reiterar lo que dice el Pacto, agrega la prohibición de la censura previa.
Mientras en el discurso mañanero de López se pregona el respeto a la libertad de expresión, ese mismo espacio se ha convertido en una picota en la que se exhiben, estigmatizan y difaman a todos aquellos que dejan oír su voz contraria a los deseos y designios del presidente, autoproclamado alfa y omega, principio y fin de la moralidad en nuestro país. Dijo el veintitrés de febrero pasado, defendiendo su vulneraciónilícita a la vida privada de la periodista Natalie Kitroeff al dar a conocer su teléfono móvil, en venganza a un reportaje del New York Times contrario a sus intereses: “Por encima de esa ley (de transparencia) está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes… ahora nos tienen que respetar”.
¿Y que decir del ataque directo con la guardia nacional en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, para despojarlo de un campo de golf en Huatulco, luego de que lo cuestionó duramente en redes sociales? ¿O el caso del anuncio de investigaciones fiscales en contra de Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, siempre críticos de los dislates presidenciales?
Al gobierno le interesa mucho callar a sus detractores pero recurre a mecanismos subrepticios, bajos y de notoria ruindad. No acude a la ley porque en el régimen actual, no podemos salir con que la ley es la ley.
Vale la pena recordar la frase de Tyrion Lannister, personaje de la saga Juego de Tronos, de George R.R. Martin: “Si le cortas la lengua a un hombre no demuestras que estuviera mintiendo, sino que no quieres que el mundo escuche lo que quiere decir.”
@jchessal