Usted ha notado que hay una nueva discusión sobre reformar el esquema de reglas que regulan la organización de las elecciones. Desde hace algunos meses se ha estado trabajando en una iniciativa de reforma que tiene como propósito acotar el ámbito de actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguramente usted ya ha escuchado sobre esta iniciativa y sobre las críticas que se han suscitado hacia adentro de los mismos grupos parlamentarios que han firmado esta iniciativa.
Deme la oportunidad de destacar un par de cosas sobre esta iniciativa, antes de explicar el fondo de un problema, del que no estoy tan seguro, que se esté hablando con toda claridad. Primero, que han sido seis los partidos políticos que han firmado esta iniciativa. No se trata de una disputa entre la mayoría gobernante y la oposición, tampoco entre liberales y conservadores, entre centralistas o federalistas, o entre buenos y malos. Es importante hacer notar que una iniciativa firmada por la mayoría de los partidos políticos presentes en el congreso sugiere que, por lo menos las cúpulas partidistas, han encontrado un punto de convergencia que posibilitará el acuerdo político. ¿Cuál es el punto de convergencia?. ¿La austeridad? ¿La defensa de la democracia? ¿La prevención de los fraudes electorales?. El diagnóstico de los partidos políticos es claro: no les gusta el esquema de reglas que ha posibilitado que los tribunales electorales establezcan límites y obligaciones para los partidos políticos.
No puedo dejar de recordar la breve discusión sobre la propuesta de la disminución del financiamiento público a partidos políticos. Es notorio y evidente que hubo una iniciativa de ese tipo no gozaría del consenso entre las fuerzas políticas. Así como no conviene a ningún partido político el disminuir los montos del financiamiento que reciben, hoy los partidos políticos han descubierto que tampoco les conviene que los tribunales, insisto, les establezcan límites y obligaciones en distintos ámbitos: postulación de candidaturas, vida interna de los partidos o incluso, vida parlamentaria.
En la opinión pública la bandera sobre lo que se está discutiendo es otra. Distintos grupos de la sociedad civil, de la academia, de las comunidades de personas expertas e incluso dentro de las mismas bancadas, han manifestado de manera explícita su desacuerdo porque la reforma propuesta eliminaría la posibilidad de que los tribunales ejerzan los controles de constitucionalidad y convencionalidad y, en el nombre de esto, establezcan medidas afirmativas que han posibilitado una mejor representación de la pluralidad política en nuestro país.
Una nota rápida. El control de constitucionalidad y de convencionalidad son dos mecanismos jurídicos importantes en México para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales y la legalidad. El control de constitucionalidad se refiere a la revisión que se hace de las leyes, actos y resoluciones emitidas por autoridades del Estado, para determinar si se ajustan o no a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este control se lleva a cabo por el Poder Judicial. Por otro lado, el control de convencionalidad se refiere a la obligación que tienen las autoridades de respetar y aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado México, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su Protocolo Adicional. Este control se lleva a cabo por las autoridades judiciales de todos los niveles, que deben interpretar y aplicar las normas internas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante las próximos días, Usted puede esperar que el trabajo legislativo sintetice las posiciones encontradas de tal manera que posibilite una reforma constitucional como se ha planteado originalmente. Recuerde usted que una reforma constitucional requiere de 2/3 partes de los votos en ambas cámaras. Mi pronóstico tiene que ver con que se establecerá una redacción que permita garantizar la representación política que el día de hoy ya se ha logrado, pero que, en el fondo, logrará el propósito compartido de las fuerzas políticas: acotar a un Tribunal que ha metido en dificultades a quienes insisten en una política sin controles.
Twitter. @marcoivanvargas