La escena es reveladora: Ricardo Monreal sale de una reunión en Palacio Nacional y, antes de que el país vea una sola coma de la iniciativa, ya está describiendo el verdadero campo de batalla. No es, todavía, el debate público sobre “mejorar la democracia” o “abaratar la política”. Es la aritmética parlamentaria de la coalición gobernante y la jerarquización de prioridades entre la Presidencia y Morena. Y eso coloca a la reforma electoral en una fase mucho más delicada de lo que sugiere el discurso: la fase de las definiciones.
El contexto inmediato importa. Este 14 de enero de 2026, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral acudió a Palacio Nacional para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum los puntos del proyecto e incorporar conclusiones de los foros; el grupo es encabezado por Pablo Gómez y en la reunión participaron, entre otros, Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar. En otro lado, Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral, la derecha perdió en México con sus propias reglas, dice.
La ruta política ya se aceleró: en medios se reporta que el oficialismo busca presentar la iniciativa entre la primera y la segunda semana de febrero. Todo esto sugiere que el margen de maniobra ya no está en el terreno de “ideas generales”, sino en la negociación fina de costos y beneficios.
Y ahí aparece el punto que Monreal enuncia sin necesidad de teoría: sin PT y PVEM no hay reforma. Puede encontrarlo en prensa: los votos de los aliados son “cruciales” y, si no se alinean, la iniciativa “no tendrá futuro”. No es un dato menor: es la llave que abre la puerta a una categoría clásica de la ciencia política que en México solemos mencionar como si fuera una grosería, cuando en realidad es una descripción: la “capacidad de chantaje” de los partidos minoritarios.
Giovanni Sartori usó el concepto de blackmail potential para explicar por qué un partido puede ser “relevante” aun sin ser grande: lo es cuando su mintoritaria pero -matemáticamente- necesaria existencia altera la táctica de la competencia partidista y, en particular, cuando puede forzar giros en la dirección de esa competencia. Traducido a la política cotidiana: no necesitas ser mayoría para mandar; basta con poder impedir que la mayoría logre lo que quiere, o condicionarla para que lo obtenga pagando un precio. Si le interesa cómo funciona el tema le sugiero algo. El hoy Gobernador de San Luis Potosí puede contarle sobre cómo le consiguió 8 votos necesitaba Morena -AMLO- para la votación de la Guardia Nacional en 2019. Si lo ve, pregúntele.
Regreso a lo electoral. Eso es exactamente lo que hace explosivo el paquete de temas que se han ventilado sobre la reforma. La reducción de legisladores —o, más específicamente, el golpe a la representación proporcional mediante la eliminación o disminución de plurinominales— no es una reforma “técnica”: es una reforma que reordena el sistema de supervivencia de los partidos medianos y pequeños. Y el PVEM y el PT, por definición, no están en la coalición para aplaudir su propia mutilación. De hecho, reportes recientes ubican ahí el punto de quiebre: reducción de financiamiento público y eliminación (o disminución) de plurinominales como los temas ante los que los aliados muestran resistencia.
Aquí vale subrayar una consecuencia que suele pasar desapercibida: cuando el “acuerdo necesario” se concentra dentro del oficialismo ampliado (Morena–PVEM–PT), la gran negociación sobre el sistema de partidos y el sistema electoral se desplaza fuera de la esfera pública. No porque sea clandestina en sentido literal, sino porque sus incentivos centrales no están en convencer al electorado ni en construir consensos con oposición y ciudadanía, sino en satisfacer demandas internas de coalición. La deliberación pública se vuelve un decorado: útil para justificar, no para decidir.
En ese escenario, los partidos aliados operan como bisagra con agenda propia. ¿Qué entra a la mesa? En un proyecto así, casi todo. Si la reforma pretende “abaratar” el sistema, puede tocar financiamiento público, estructura de autoridades electorales y, según lo que ya se ha filtrado, incluso el alcance de los organismos electorales locales (OPLEs) y tribunales. Cada componente es potencial moneda de cambio: hoy cedo en “austeridad”, mañana me respetas un diseño de representación que me garantice bancada; hoy te acompaño en un golpe simbólico al gasto, mañana me blindas prerrogativas o reglas de coalición.
Y, aun así, el gobierno necesita salir con algo que mostrar. Aquí entra una lección sumamente pertinente: la política no sólo negocia textos, también fabrica resultados presentables. En el documental The Fog of War (2003, Errol Morris), Robert McNamara relata cómo, en la crisis de los misiles, la salida requería permitir que Jrushchov pudiera presentar un desenlace que no fuera una humillación; la lógica era simple: nadie puede regresar “con las manos vacías” cuando ya activó expectativas ante su propio público. En política interna ocurre algo parecido: cuando un gobierno anuncia “gran reforma” y la enmarca en banderas como austeridad y costo de la política, queda atrapado por su propia narrativa. Si al final entrega una reforma que, en lo sustantivo, preserva lo esencial para no lastimar aliados, necesitará compensarlo con trofeos simbólicos.
En el caso mexicano, esos “trofeos” son bastante previsibles. Uno es el empaque de la austeridad: reducir financiamiento, recortar estructuras, vender la idea de que “se acabaron los excesos”. Otro puede ser un ajuste con alta visibilidad operativa y que incluso puede sumar a la oposición: corregir el absurdo de obligar a la ciudadanía a hacer dos filas y acudir a dos casillas en 2027 por la concurrencia de elecciones ordinarias y judiciales. Esto último es interesante porque, a diferencia de la representación proporcional, sí permite un consenso más amplio: incluso quienes desconfían del paquete completo pueden aceptar que hacer votar a la gente “dos veces” el mismo domingo es una invitación a la abstención.
El riesgo, sin embargo, es que la reforma termine siendo una combinación poco sana: decisiones estructurales tomadas por negociación intra-coalición (con chantaje incluido) y resultados comunicables diseñados para consumo público. Una reforma que se justifica ante la ciudadanía con símbolos, pero se define en lo esencial por la capacidad de veto de dos aliados. En otras palabras: el sistema electoral y el sistema de partidos —las reglas del juego— quedarían reescritos sin pasar por una conversación nacional, sin construir un acuerdo plural y con una oposición reducida a espectadora que protesta, pero no incide.
Seamos claros: ya no se trata de si habrá reforma, sino de quién la escribe de facto. La teoría de Sartori ayuda a ver lo que el discurso político suele esconder: en coaliciones dominantes, los minoritarios pueden convertirse en ingenieros del sistema a cambio de su voto. La lección de McNamara ayuda a anticipar el desenlace narrativo: cuando se prometió una reforma “histórica”, alguien tendrá que salir a exhibirla como victoria, aunque sea una victoria recortada, maquillada o intercambiada por silencios.
X. @marcoivanvargas