“Vamos a tener un sistema
de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema
de corrupción”.
Andrés Manuel López Obrador
Primero el gobierno eliminó el Seguro Popular, tras el reiterado comentario del presidente de que no era ni seguro ni popular. Poco importó que haya sido el vehículo que permitió a millones de mexicanos de escasos recursos tener acceso a servicios de salud y medicamentos en muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Los recursos se transfirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pero se dijo que los pobres no perderían nada; al contrario, habría tratamientos y medicinas gratuitos para todos.
Este 28 de octubre, sin embargo, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó tomar 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y entregarlos al gobierno federal. Una vez más se dice que no faltarán recursos para la salud. Pero el dinero pasa a los fondos generales de la Secretaría de Hacienda, que podrá utilizarlos en cualquier cosa que decida el presidente. El régimen sigue acabando así con los guardaditos y centralizando todo el dinero, todo el poder.
El propósito de tomar los 33 mil millones es comprar vacunas para el covid. El monto corresponde, efectivamente, a los 1,659 millones de dólares que Hacienda ha comprometido para las vacunas. No deja de ser paradójico, sin embargo, que se saquee un fondo de salud que apoya a los más necesitados para financiar vacunas también necesarias. Uno pensaría que hay muchos gastos menos importantes.
El presidente vive en su propio mundo. Ayer, en su mañanera, se congratuló de que todo está listo para la realización de las compras internacionales de medicamentos a proveedores internacionales con el propósito de resolver el desabasto que el propio mandatario dijo hace meses que no existía.
Es positivo que el gobierno abra las compras de medicamentos del sector público a productores de todo el mundo. Las barreras no hacen más que disminuir el poder de compra de los consumidores. Pero fue el propio gobierno el que creó el desabasto al cerrar en 2019 siete plantas de medicamentos, entre ellos oncológicos pediátricos, de Laboratorios PISA, la mayor farmacéutica nacional, sin razón aparente. El presidente López Obrador había atacado a la empresa en una mañanera; la Cofepris trató de quedar bien con él y buscó cerrar las plantas sin pensar en las consecuencias.
La competencia en la nueva licitación internacional de medicamentos, por otra parte, queda en entredicho por una aparente estrategia para impedir la participación de las mayores empresas mexicanas. El 22 de octubre la Secretaría de la Función Pública inhabilitó durante 30 meses a Pisa por una supuesta falta cometida por una filial, la distribuidora Dimesa, en una licitación de 2017. En julio también fue inhabilitada Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), otra de las grandes farmacéuticas del país.
No se entiende por qué el gobierno cuestiona a las empresas extranjeras de energía mientras señala la importancia de volverse autosuficientes cuando hace todo lo posible por destruir a la industria farmacéutica nacional. Quizá la única explicación es que estamos viviendo un régimen de ocurrencias. Solo así comprenderemos por qué toma dinero de fondos indispensables para cubrir otros huecos, pero sin hacer nada para superar el desabasto de medicamentos provocado por él mismo. No es la forma de crear un sistema de salud como el de Canadá o el de Dinamarca.
Otros datos
Resulta una vez más el presidente tiene otros datos. Ante las protestas de los gobernadores de oposición por los recortes en los recursos que reciben de la federación, el mandatario dice ahora que ya hizo cuentas y resulta que los estados le salen debiendo al gobierno central 70 mil millones de pesos.