En el violento giro que, en septiembre-octubre de 2024, se le dio a la Constitución con la aprobación del Plan C de López Obrador, se introdujo en ella la semilla de la autocracia como parte de un nuevo pacto de Estado unilateral en el que manda un solo actor, el que tiene la mayoría calificada para dominar la Carta Magna y que consiguió mediante un gran fraude parlamentario. En esencia, esta implantación da inicio a una etapa opuesta a la reforma de 2011, que añadió al Artículo Primero la protección de los derechos humanos y la validez constitucional de los tratados y convenciones en la materia firmados por México. Entre las secuelas de ese giro se produjo otra reforma (2025) de la noción de soberanía nacional. Desde entonces, la investidura más alta del Estado mexicano ha proclamado la “soberanía” como bandera preferida.
Ese soberanismo es una reacción a las solicitudes de extradición de Estados Unidos que pesan sobre las autoridades presuntamente cómplices del crimen organizado. También se deja sentir la simpatía que despierta en algunos la posible intervención de ese país para extraer jefes y operadores de los grupos criminales que asuelan el país. En cualquier caso, la cantinela nacionalista y soberanista es un escudo contra la intromisión, no en los intereses de la nación, sino en los de grupos del crimen organizado y de las autoridades que los han protegido a lo largo de los años. Especialmente en los años de los “abrazos, no balazos.” Admitamos, en teoría, que el soberanismo que entona el Poder Ejecutivo es un genuino desplante de protección del país frente a amenazas extranjeras. Aun así, no es posible separar esa defensa de la negligencia para enfrentar a la delincuencia organizada y la abierta complicidad en muchas ocasiones. Mal hablan de la soberanía la entrega de decenas de prisioneros sin el debido proceso y el encubrimiento de autoridades, desde las más altas hasta las inferiores, que dentro y fuera de México son señaladas como responsables del crecimiento de la delincuencia. Ni qué decir del cinismo con que se reformó el Poder Judicial para controlarlo, sin el menor retoque a las fiscalías; esas que se dedican a abrir “carpetas de investigación” que luego duermen en los sótanos, esas que son responsables de que en este país los peores crímenes contra el pueblo queden sin investigar, perseguir ni encausar. El soberanismo que reclama la Presidenta es una justificación para aplicar el Estado de excepción, sin recurrir a declararlo formalmente.
Todo poder es reacio a la legalidad. Para imponerse necesita sacudirse las reglas que debería seguir. Siempre que pueda, reclamará la excepción. El estado de excepción es el estado ideal para el poder absoluto. Hacer lo que quiera sin responder a nadie. Nadie, en estos tiempos, se llama “pueblo”. Evadir o suprimir las normas que lo sujetan a contrapesos es la pauta del poder que busca perpetuarse ilegítimamente. Con la avalancha de reformas constitucionales de 2024-2025, se suprimieron los órganos autónomos de regulación y de rendición de cuentas. Sus funciones fueron suprimidas o absorbidas por el Poder Ejecutivo. El vigilado eliminó a los vigilantes y pretendió engañar al respetable justificando que el motivo era el ahorro. Los resultados están a la vista: si la rendición de cuentas alcanzada entre 2000 y 2018 aún era débil, hoy es nula. Ni el Congreso ni el Poder Judicial cumplen con su obligación de llamar a cuentas al Ejecutivo. Esa es la realidad que se esconde tras la estridencia soberanista.
@pacovaldesu
(Investigador del IIS-UNAM)