Si la sobrerrepresentación es un tema crítico y de grandes repercusiones para el futuro de nuestro país, hay un riesgo inmediato e incontrolable, porque involucra paradigmas políticos que no se han dimensionado.
Es muy probable que los primeros días de la nueva legislatura se conviertan en “temporada de caza” dentro del Senado, para obtener los dos votos que faltarán al bloque de la 4T para alcanzar la mayoría calificada que les permita tomar el control absoluto del Congreso y dar al presidente un gran regalo de despedida: imponer las reformas que éste ha exigido, entre las que destaca la reforma al Poder Judicial.
No es necesaria mucha imaginación para saber que el Presidente pondrá un alto precio como compensación para el legislador desleal —de la oposición— que se una a su bancada.
Sin embargo, también podemos vislumbrar que, si no lograsen cooptar a ningún senador de la oposición por “las buenas”, entonces podría cambiarse la estrategia hacia el chantaje, capitalizando irregularidades administrativas o quizá delitos de su pasado.
Sin embargo, los conflictos que están surgiendo dentro del PRI y del PAN —como parte de la sucesión en la dirigencia de cada uno de estos dos partidos— darán a algunos legisladores desleales y amorales la libertad de aprovechar las oportunidades que se les ofrezcan por parte de la bancada de la 4T.
Por ello es fundamental anticiparse a ese escenario y poner en la agenda pública este tema que inicia con la pregunta: ¿Quién es el dueño o propietario de una curul legislativa? ¿Es el electorado que otorgó su voto, o el candidato ganador que ya se convirtió en legislador?
De esta definición se deriva la posible legitimidad del legislador, de poder cambiar de partido durante el periodo definido por la elección pasada.
Poniendo como referencia una similitud —y reconociendo que cada legislador representa a la ciudadanía arraigada en un distrito electoral—, el voto ciudadano equivale a una carta poder con validez jurídica que otorga el ciudadano a su legislador para que en calidad de apoderado le represente en el Congreso, votando de forma congruente con los valores morales, cívicos e ideológicos que vinculan a ambas partes —representado y representante—, y además, resolviendo los temas públicos de acuerdo a la visión y deseos del votante, convertido en “Mandante” y el legislador en “Mandatario”.
En este proceso tan polarizado, no debe modificar la orientación ideológica de su voto durante el proceso legislativo en que se definirán las iniciativas enviadas por el presidente López Obrador a la próxima legislatura. Si un legislador de oposición cambia el sentido de su voto, deberá poder ser demandado jurídica y políticamente por la ciudadanía de su distrito y tener consecuencias.
Generalmente los legisladores apelan a la “libertad de conciencia”. Sin embargo, este derecho del legislador no deberá estar por encima de la encomienda otorgada por el ciudadano.
Por ello es urgente definir jurídicamente quien ejerce el derecho preponderante, si el ciudadano convertido en elector —como mandante— y el legislador como mandatario de la voluntad de quienes le otorgaron su voto… o el derecho prioritario pertenece al legislador que puede moverse a su conveniencia en función de sus intereses personales y su criterio.
El espíritu de la democracia nos dice que la voluntad del pueblo es la esencia y que el legislador es simplemente su apoderado. Por tanto, moralmente un legislador ni debe tener libertad de cambiar de partido durante el periodo para el que fue elegido, ni votar en sentido opuesto a la encomienda otorgada por su electorado.
Si existiese conflicto entre un legislador y su partido, lo moralmente aceptable podría ser convertirse en independiente e integrarse al Grupo Plural, pero jamás traicionar la voluntad de su electorado. El sentido de su voto debe representar a su electorado.
La ciudadanía opositora debiese ya estarse preparando para sensibilizar a sus diputados y senadores de que traicionar la encomienda recibida puede tener consecuencias. ¿A usted qué le parece?
@homsricardo
(Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)