2020 será difícil para la economía
de México y la de sus habitantes.
Nadie quiere ser ave de mal agüero, pero tampoco, creo yo, tener la cabeza hundida en la tierra como dicen que suelen hacerlo los avestruces, pero lo que sí hay que tratar a toda costa es ser realista y amigo de la verdad. Las opiniones, ya lo sabemos, son subjetivas y pueden no ser las más afortunadas, pero si se expresan con sinceridad y convencimiento, valen; y el lector ejercerá su pleno derecho a desecharlas o aprobarlas, si las considera acordes con las propias o con la verdad de los hechos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020, junto con los Criterios Generales de Política Económica, que acaba de enviar el ejecutivo al Congreso, aunque tiene algunos aspectos positivos, como los de no más deuda y control del gasto, presenta sin embargo otros aspectos que están generando preocupación. Va a haber una reducción considerable de los ingresos del gobierno aproximadamente del 7% y una disminución de la inversión física del 5%, que repercutirá inevitablemente en la creación de empleo. Se observa un endurecimiento serio contra los contribuyentes que ya tributan, aumentando su carga fiscal, pero sin tocar a los principales evasores, los informales. Se dedican inmensos recursos para tratar de salvar de la bancarrota a PEMEX, en proyectos con enormes inconvenientes y desventajas, pero para necesidades sociales como la salud y la educación o la asistencia a madres trabajadoras, se ven con claridad, insuficientes sus presupuestos.
La confianza de los inversionistas, nacionales o no, sigue en picada. El gobierno de AMLO necesita urgentemente tomar acciones que ayuden a crear un clima de confianza, que se ha ido perdiendo, poco a poco por las decisiones atolondradas y el discurso rijoso y belicoso del presidente, que un día sí y otro también la emprende con toda clase de descalificaciones y epítetos contra quienes no le aplauden o le critican. En su discurso que cada vez más se desgasta, arroja culpas y acusaciones sin ofrecer pruebas, y todo ello, se traduce en mayor cautela para iniciar nuevas inversiones.
Después de que el gobierno federal, entiéndase la SHCP, aplicó recortes en participaciones federales para el ejercicio 2020, que podrían alcanzar 1,500 millones de pesos para al estado de Chihuahua, el gobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, informó que “enfrentarán esta disminución con ahorros y ajustes, pero no con incremento de impuestos o traer otros como la Tenencia”. Añadió: “Nuestra propuesta es muy clara y firme, una nueva convención hacendaria para discutir entre todos, nuevas fuentes de ingresos y no que un estado asuma solo nuevas cargas” y que “los convenios fiscales actuales están estipulados en la Ley de Coordinación Fiscal, que señala los términos para salirse de tales convenios”.
“Los recortes en el PEF 2020, afectarán rubros el Desarrollo de Comunidades Indígenas, mantenimiento de carreteras y programas de concurrencia para el campo”, insistiendo en la urgencia de modificar la fórmula actual de distribución 20/80, (Una quinta parte para repartir entre todos los estados y 4 quintos para el gobierno federal), del Convenio de Coordinación Fiscal, para que estados y municipios reciban lo justo”. Aseguró que hasta ahora, no ha encontrado disposición del gobierno federal para escuchar los planteamientos que ha hecho desde que se dio a conocer el PPEF 2020 entregado a la Cámara de Diputados. ”Yo creo que hay una indolencia de lo local y no saben que la política es local y que lo que más le duele a la gente es cuando afectan sus oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Ese desdén puede llegar a ser el inicio de una gran discusión en el país”, indicó.
Y es que en este país sufrimos los mexicanos una especie de monarquía fiscal o también le podríamos llamar imperio tributario, en el que, a pesar de que en el papel y en las leyes somos una república federal, representativa y democrática, con estados libres y soberanos, en la vida real operamos como una especie de nuevo imperio en el que, el gobierno impone a los estados un régimen fiscal que en la práctica anula su soberanía y los convierte en simples territorios tributarios del Gran Tlatoani de la capital del país.
En tales circunstancias, los 32 estados del país y los 2465 municipios que los conforman, como resultado de una subcultura en la que el presidente de la república era poco menos que un dios, quedan condenados a sobrellevar un esquema fiscal en el que los estados “ceden a la federación”, en un “Convenio de Coordinación Fiscal” sumamente desventajoso, aceptando un trato como si fueran menores de edad o retrasados mentales, y cediendo a la federación casi todas sus facultades tributarias y con la anuencia de sus autoridades locales (entiéndase, gobernadores, diputados locales y ayuntamientos), la mayor parte de sus fuentes tributarias, a cambio de las llamadas participaciones federales, que no compensan ni de lejos, la masa fiscal que cada día del año, el gobierno federal sustrae de las 32 entidades federativas. De esta manera, ¿es posible sin faltar a la verdad, decir que somos una República Federal? ¿O que los estados de la república son libres y soberanos?
El centralismo fiscal y la subordinación de los estados, se está agudizando con éste gobierno|, que profundiza la inequidad y el abuso de poder, cuando ejecutivo somete su Proyecto de Presupuesto para el año fiscal siguiente, con las cifras que el gobierno federal va a manejar y que en porcentaje representa en números redondos que la federación se queda con el 80% de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y “cede” a todos los estados de la república en conjunto, solo un 20%. Este sistema, data de hace 60 años y urge someterlo a profunda revisión, para actualizarlo a las necesidades de este país, como lo propone el gobernador de Chihuahua.
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