Un problema que amenaza con convertirse en estallido social si no se resuelve en poco tiempo es el de la Dirección de Pensiones del estado (DPE), no es sólo es asunto de los jubilados sino también de los trabajadores en activo, quienes piden se atienda económicamente su problemática y ya no se derroche en conciertos ni obras inútiles. Mientras, el oficial mayor reconoce que no hay para saldar finiquitos y el gobernador anuncia, buscando calmar los ánimos, que no se les liquidarán los adeudos porque la cantidad es escandalosa, pero que mientras tanto ha decidido cesar de sus funciones a Jorge Alberto Escudero Villa quien se desempeñaba como titular de esa dirección. Por cierto, es el menos responsable de la problemática y, antes bien, fue uno de los más eficientes colaboradores del gabinete estatal.
Debemos de recordar que la DPE es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo la administración de los fondos y otorgamiento de pensiones, jubilaciones y demás prestaciones sociales de los burócratas estatales. No es una dependencia del Ejecutivo ni se encuentra contemplada dentro de la ley orgánica de la Administración Pública; con excepción del titular, sus trabajadores son pagados por la propia DPE, no por el gobierno estatal; no recibe tampoco un solo peso del presupuesto estatal, lo cual se puede constatar en la Ley del presupuesto de egresos que cada año se publica. Es decir, los recursos que integran el fondo de pensiones no es ni pertenece al Ejecutivo, ni por ley puede tomar su control; son estrictamente de tres grupos de trabajadores: burócratas, trabajadores del Sistema educativo estatal regular y trabajadores de telesecundarias.
Los referidos recursos provienen de un porcentaje de los ingresos que, quincena tras quincena, la secretaría de Finanzas (SF) le retiene a cada trabajador para ir creando el fondo con el que se pensionarán; esa retención es la que (por órdenes superiores) no ha entregado la SF a la DPE. De igual manera, pretender responsabilizar al exdirector de la dependencia por 900 millones en préstamos es uno más de tantos absurdos que caracterizan a la administración. Los mecanismos de préstamos a trabajadores y jubilados los establece la propia ley de pensiones a través de un fondo revolvente del que se otorgan préstamos con un interés determinado, cuyo pago permite otorgar nuevos préstamos a otros trabajadores. Cada quincena el monto que adeuda el trabajador es descontado; sin embargo, también en este caso la SF no ha entregado ese recurso a la DPE.
Dicho de otro modo, el recurso se fue acabando poco a poco ya que el fondo del cual se disponían los préstamos (por su propio carácter revolvente) requiere la devolución de la parte proporcional al préstamo y sus respectivos intereses cada quincena para prestar a otros requirentes, cosa que durante todo el ejercicio 2022 y lo que va de 2023 ha dejado de hacer la SF.
El referido fondo de pensiones actualmente tiene en sus haberes poco más de $4,200 millones de pesos en diferentes inversiones que se tienen aprobadas por los entes reguladores. Sin embargo, ni el director de pensiones ni los trabajadores deciden el destino de las inversiones; cada uno de los grupos tiene un representante en la mesa y decide libremente conforme a reglas y parámetros establecidos en qué mecanismo de inversión (bajo y mediano riesgo) deciden aplicar sus recursos, así como en su momento deciden cuándo y cómo cancelar esas inversiones; si consideramos los antecedentes del gobernador Ricardo Gallardo habría que preguntarse si realmente la contraloría detectó irregularidades (consideremos que no hay alguna denuncia formal) o es un simple distractor para apropiarse del botín que esos millones le representan.
La salida del director era previsible, tiene un origen: desde finales del año pasado comenzaron a introducir personal de la SF a la DPE; el objetivo era preciso: apoderarse de diversas cuentas bancarias y de sus dispositivos electrónicos. Con ello no solo le restaron fuerza y capacidad de ejercicio, sino además ataron de manos al personal de la DPE quien, ya sin ninguna autonomía, tenía que pedir autorización a los testaferros del tesorero para pagar cualquier concepto.
El gobernador podrá suspender a cuanto director se le ocurra, declarar cualquier ocurrencia, y ordenar todas las auditorías que se le vengan en gana (aunque al parecer desconoce que una auditoria no determina la cancelación de préstamos que la ley establece, ni ordena ni autoriza los pagos) pero nada cambiará en tanto no reintegre todo lo que ha retenido. Ojalá los burócratas en funciones y jubilados actúen ya, pareciera que no se dan cuenta que su sistema de pensiones ¡del cual se van a apoyar en su jubilación para hacer frente a sus necesidades!, está siendo retenido y utilizado al libre antojo de un gobierno acomplejado, caprichoso, mentiroso y tracalero.
Gracias por la lectura. Un afectuoso y sentido abrazo para Alejandro y Manuel Nava Calvillo.