Cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump prometió que iba a tirar a la basura el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el acuerdo comercial que une las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Terminó aceptando que eso sería desastroso, que ya están tan entrelazadas las tres economías y sus cadenas de producción, que una cancelación del tratado llevaría a un desastre económico tanto en Estados Unidos como en México y Canadá.
El resultado fue la negociación de un acuerdo nuevo, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se parece al actual acuerdo en un 90%, pero con algunas actualizaciones y modificaciones. En algunas partes, el nuevo acuerdo es un avance, incluyendo temas como el comercio digital que ni siquiera se contemplaba a principios de los años noventa, y en otros es un retroceso leve, como en la industria automovilística, en que hay más controles que pueden llegar a inhibir la integración a largo plazo (aunque tampoco en todo). Pero en general, los tres países salieron con un acuerdo que se asemeja mucho al anterior.
Pero ahora viene lo complicado. El Congreso de Estados Unidos tiene que ratificar el nuevo acuerdo para que entre en efecto (así el Congreso mexicano y el parlamento canadiense también.) Los demócratas en el Congreso, quienes ahora controlan la cámara baja, son bastante escépticos con el T-MEC. No quieren darle una victoria al presidente Trump, quien negoció el acuerdo, y los sindicatos cercanos al Partido Demócrata son escépticos de cualquier tratado comercial. En especial, temen que en México no hay suficientes garantías de las leyes laborales para un comercio justo entre los países, y siempre han sido críticos del TLCAN, y ahora del T-MEC.
Por un lado, el gobierno mexicano actual podría ignorar estos problemas y dejar que el T-MEC quede estancado un tiempo en el Congreso estadounidense. A final de cuentas, tenemos el TLCAN y mientras sigue en efecto, no cambia nada. Pero hay un riesgo enorme ahí que Trump decide cancelar el TLCAN en algún momento para presionar al Congreso estadounidense. Por otro lado, el gobierno mexicano puede tratar, muy sutilmente, de empezar a hablar con los demócratas y con los sindicatos para ganar su anuencia con el tratado nuevo. Esto ya se está haciendo en cierta medida, y la embajadora Martha Bárcena habló con elocuencia de esto en el Congreso esta semana en una recepción organizada por la empresa mexicana Rassini y el Consejo Atlántico, un centro de investigaciones en Washington, y ya ha estado haciendo una campaña individual con congresistas al respecto.
Pero para lograr que los demócratas y los sindicatos no traten de bloquear el nuevo acuerdo, se va a necesitar entablar un diálogo sobre lo que el gobierno mexicano está haciendo para mejorar las leyes laborales y el cumplimiento con estas, un tema que la nueva secretaria de Trabajo, quien tiene mucha cercanía con los movimientos laborales internacionales, puede hacer muy bien. Se necesita un conocimiento en Washington no del lado comercial del acuerdo, sino de los cambios en materia laboral en México que convenza a los sindicatos y el liderazgo demócrata que hay cambios significativos en pie en México en este tema, así que si tratan de hundir al T-MEC también están echando abajo un gobierno de cambio con el cual deberían tener simpatías.
Sin duda, los sindicatos van a criticar el T-MEC y una parte importante de los demócratas van a votar en contra, pero fácilmente puede salir la aprobación el acuerdo en el Congreso si los sindicatos y demócratas afines a ellos no tratan de bloquearlo. Lo que se necesita no es que hablen bonito del T-MEC ni que lo apoyen, sino que decidan no obstaculizarlo, en fin, que entiendan que echar abajo la relación comercial con México es también atacar a un gobierno en México que está tratando de enfrentar los temas laborales de una forma constructiva.
(Presidente del Instituto de Políticas Migratorias)