Aviso desde este momento que esta columna nada tiene que ver con la película de Alfonso Cuarón, tema muy en boga en estos días ante la cercanía de los premios Oscar. Uso la frase como lo que es, un adagio que pretende referirse a una iniciativa de ley presentada el pasado catorce de febrero en la Cámara de Diputados.
Desde hace unos cuantos meses ha sido tema recurrente lo concerniente a la reforma propuesta por el autócrata López y sus escuderos para modificar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se han levantado voces en medios, en foros, en redes, todas consonantes en que la intención de López es contraria a los derechos humanos y a tratados internacionales- Incluso, hay que decirlo, se escuchó la voz, aunque con razones y argumentos muy curiosos y poco razonables, del Diputado Pablo Gómez.
Pablo podrá tener muchos defectos pero no se cuenta entre ellos el ser tonto. Con su colmilluda experiencia, supo con antelación que la reforma constitucional, que requiere mayoría calificada en cada Cámara (dos terceras partes) iba a resultar, o imposible, o carísima en términos políticos. Por eso, siendo el fin lograr aumentar las posibilidades de la prisión preventiva oficiosa, buscó un camino menos empedrado y, finalmente, lo dio a conocer: hay un atajo que simplifica las cosas.
La iniciativa del catorce de febrero, presentada por algunos integrantes del partido presidencial, encabezados por Pablo Gómez, en vez de ampliar el enlistado constitucional, volteó su mirada a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y plantea aumentar los delitos que son considerados como de delincuencia organizada.
Así, no hay que tocar la Constitución y, por tanto, basta una mayoría simple en ambas Cámaras para cumplir con el objetivo. Sin embargo, a diferencia de la reforma constitucional, esta modificación propuesta puede ser objeto de examen por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mucho menor costo que la negociación por la Constitución.
Incluso, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción respaldan la postura de Pablo Gómez y sus compañeros. La propia Constitución mexicana define, en el artículo 16, a la delincuencia organizada, como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Vamos, que poca duda puede existir que, realmente, el plan de Pablo es audaz y efectivo.
De hecho, el que esto escribe, allá por los tiempos en que se reformó la Constitución para dar paso al sistema nacional anticorrupción, declaré en diversos foros académicos y medios de comunicación impresos y electrónicos, la necesidad de que, acorde a los tratados internacionales ya mencionados, se modificara el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se incluyeran los hechos de corrupción, con el fin de contar con mejores mecanismos de investigación, como las intervenciones telefónicas y otros tantos que se permiten solo en este tipo de delitos.
Hoy, la iniciativa en comento recurre a ese argumento de recursos investigativos y considera añadir, como delincuencia organizada, el huachicoleo, nombre genérico que designa los delitos contemplados en los artículos 12, 13, 15, 17, fracción III, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; el uso ilícito de programas sociales con fines electorales, previstos en los artículos 7, fracción VII; 11, fracción II y 20, fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales así como los relativos a hechos de corrupción previstos en el artículo 220 en relación con su último párrafo por el delito de ejercicio abusivo de funciones, así como el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, ambos del Código Penal Federal.
Estoy seguro que esta iniciativa, verdadero “Plan B” y ruta oblicua a la Roma de López, no tardará en aprobarse: prisión preventiva oficiosa a bajo costo.
Sin embargo, creo que, de cualquier manera, falta mucho que decir sobre el tema, pues el que yo comparta que la modificación propuesta se apegue a tratados internacionales, no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas. La iniciativa tiene muchas aristas que habrá que analizar y comentar posteriormente.
@jchessal