Si alguien fue quien sugirió a López el salir a su homilía mañanera a dar cuenta de una supuesta información que le “dejaron” en Palacio Nacional (pues él y su familia son los únicos que viven en un palacio en México), en la que se detallan los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, seguramente es el peor enemigo que tiene, pues el efecto que logró equivale a un disparo en el pie.
López es presidente del país y, por tanto, su persona y su familia están sujetos a un escrutinio de mayor calado que cualquier mexicano, pues se trata de un personaje público en posición de Poder y sus familiares son sujetos de relevancia, dada la necesaria prevención de conflictos de intereses, tráfico de influencias y cualquier conducta que deba ser prevenida, en aras de proteger al patrimonio público y al “bien hacer” del gobierno.
Por eso, no es comparable la situación: el becario presidencial, su hijo, que se casó con una señora que dicen tiene dinero (López dixit) y sobre cuya vinculación marital gravita la sospecha de influencia mal empleada para favorecer a una empresa norteamericana, Baker Hughes, ocupó una casa propiedad de esta última durante un periodo en que recibió buenos contratos de Petróleos Mexicanos.
Además de que la Securities and Exchange Commission (SEC), la agencia gubernamental de los Estados Unidos que vigila el mercado de valores y los intereses de los inversionistas y el funcionamiento de los mercados tiene ya en su haber una denuncia de los hechos formulada por Xochitl Gálvez, un grupo de inversionistas de la misma empresa hicieron pública una carta en la que reconocen que durante la estancia del López becado y su esposa en la famosa casa en Houston la empresa sí recibió beneficios de PEMEX.
En la carta se dice: “Por circunstancias que aún no están claras y que generan una válida justificación de posibles acciones legales, el señor Keith Schilling, un ejecutivo de Baker Hughes, otorgó una de sus residencias en Conroe, Texas, al hijo del presidente mexicano y a su esposa (Carolyn Adams) […] La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos. Estos crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes”.
Esto promete tener un grave desenlace en los Estados Unidos, pues este tipo de cosas cuestan caro allá, mientras acá solo provoca que el señor López destile hiel en su tribuna matinal. Así lo hizo el viernes pasado en contra de Carlos Loret de Mola, periodista que destapó el escándalo de la casa del retoño.
Mucha tinta y bits han corrido explicando las violaciones constitucionales, penales y administrativas en que ha incurrido abiertamente el señor López con su acción de dar a conocer esa supuesta lista de cifras que presentó en su vano intento de desviar la atención del peor escándalo en que se ha visto envuelto su gobierno. Por eso, no me referiré aquí más a esos temas. Voy a referirme a una consecuencia de carácter civil que tiene en su haber el periodista Loret de Mola para reclamar del señor López una indemnización.
Tanto el Código Civil Federal como el del Estado de Sonora (donde tuvo lugar la aberrante conducta presidencial) señalan, al igual que el resto de los códigos de las demás entidades federativas, que está sujeto a reparar el daño moral causado el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien y también el que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.
Ambas legislaciones establecen como salvedad que la reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando en dicha reproducción se cite la fuente de donde se obtuvo.
Como en este caso la supuesta fuente es un anónimo, según dijo el propio López, tiene dos opciones: o verifica las cámaras de seguridad en las que debe aparecer el supuesto informante y se le identifica y se da a conocer, o bien prepara su cartera para pagar de su patrimonio la indemnización por daño moral en favor de Loret de Mola, que podría incluir el concepto de daños punitivos por una muy alta cantidad.
Porque solo se salva del pago si cita la fuente, pues no se vale hacer pública información anónima, solo porque su presidencial hígado se lo dicta. Tampoco se vale si la fuente no existe.
@jchessal