El 17 de noviembre de 2022 el entonces procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, señalaba en su cuenta de tuiter: “Cobrar comisión por pagar con tarjeta está prohibido. Es un cobro que le hace el banco al establecimiento por usar la terminal bancaria, y no se vale cargarlo al consumidor. Si algún negocio lo hace ¡denúncialo ante Profeco!”
Sobre el mismo asunto y a través de la misma red social, la Profeco indicó el 14 de septiembre de 2023: “¿Te cobran comisión por pagar con tarjeta? Esta es una práctica común en algunos establecimientos y tiendas virtuales, pero es un cobro indebido que no es obligación del consumidor pagarla. Evita estas prácticas y denuncia.” Unas láminas adjuntas, de ésas que ahora llaman infografías, acotaban: “Práctica abusiva. Al monto total a pagar se le suma una comisión del 3% al 5%. Lo anterior es un procedimiento comercial abusivo, pues de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. [Al calce:] (LFPC) Artículo 10, segundo párrafo y artículo 20 fracción III del Reglamento de la LFPC.”, y, “Sanciones. De acuerdo con el artículo 128 de la LFPC, a los proveedores que apliquen un cobro indebido se les podrá imponer una sanción económica de hasta $3,776,174.62”.
En el número 436 de la calle Francisco I. Madero distribuida en varios despachos adjuntos a un estacionamiento se encuentra la dirección de Control tributario de la secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Subiendo las escaleras, sobre el deteriorado barniz de una puerta de madera, un anuncio (todo el texto en letra mayúscula y obscura) más que alertar sentencia: “Atención Los pagos con tarjeta de débito/crédito llevarán comisión del 2.9% gracias”.
No hay necesidad de explicación pero, por si quedara alguna duda, Gobierno del Estado no sólo ejerce una práctica abusiva (otra de tantas), viola descaradamente una ley federal y, además, continuando con su común práctica de mentiras, impone un impuesto (que debería asumir) a la ciudadanía que al inicio de la actual administración dijeron no afectarían más. Es decir, en esa publicidad de ficción no se cobra la renovación de placas vehiculares, ni la licencia de manejo, pero en otros cobros viene el desquite. No tienen llenadera, pero tampoco hay mala fe.
Las dos realidades en que se conduce el gobierno (la que anuncian –en la que piensan que vivimos– y la real) están presente todos los días. Su discurso alterno aplica muy bien, por ejemplo, en el cambio que iba a ocurrir (en un promisorio e indefinido futuro) en el sistema penitenciario y que todos suponíamos ya ocurrido, pero que en esta semana un motín carcelario nos demostró su falsedad: para el gobernador ¡vaya sandez! el saldo mayor no fueron las muertes, sino dos palmeras incendiadas. Torpe, limitado en recursos dentro del artilugio de la evasión discursiva, remite al lugar común y evoca un motín ocurrido hace diez años.
Menos mal que en sus imaginarios ejercicios la justificación comparativa no es tan lejana, ya que en ese viaje al pasado nos pudo llevar al momento en que Gonzalo Santos envió una cuerda de reclusos a las islas Marías. Aunque éste bien supo capotear el descontento de los familiares, a los que encaró y dio explicación, mientras que a los de hoy (incluidas las familias de los guardias penitenciarios muertos) ni el pésame siquiera les ha llegado.
Consideremos que las muertes tanto de reclusos como de custodios, derivan de una situación generada por el actuar fallido y falaz, no sólo de la dirección de reclusorios sino también del propio gobierno, que para Guadalupe Torres, su inefable secretario general, actúa siempre de buena fe. Ahí está el resultado: las muertes como consecuencia de la buena fe gubernamental.