Primera parte
En el debate público mexicano suele afirmarse que la transparencia es una de las conquistas institucionales más relevantes de la transición democrática. La existencia de leyes de acceso a la información, plataformas tecnológicas y organismos especializados ha modificado de manera importante la relación entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, asumir que este proceso se encuentra plenamente consolidado implicaría ignorar los desafíos que aún enfrenta el sistema de rendición de cuentas en el país. En su texto recientemente publicado “Transparencia, transición incompleta”, Julieta del Río Venegas plantea una reflexión pertinente: los avances en materia de acceso a la información son indudables, pero el proceso de institucionalización de la transparencia en México sigue siendo, en muchos sentidos, una obra en construcción.
Uno de los cambios más significativos de las últimas décadas ha sido el desarrollo de una infraestructura institucional orientada a garantizar el derecho a saber. La creación de organismos especializados como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la consolidación de herramientas tecnológicas, han permitido que la ciudadanía tenga acceso a una cantidad creciente de información gubernamental. Este proceso representa una ruptura con la cultura política predominante durante gran parte del siglo XX, cuando la información pública se consideraba patrimonio exclusivo del poder.
Un ejemplo claro del avance institucional es la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta que concentra una enorme cantidad de datos generados por los sujetos obligados. De acuerdo con cifras mencionadas por Del Río Venegas, esta plataforma reúne más de 6 mil 730 millones de registros de obligaciones de transparencia, lo que refleja la magnitud del esfuerzo institucional para sistematizar y difundir información pública. La existencia de este repositorio permite que periodistas, investigadores y ciudadanos puedan consultar contratos, presupuestos, indicadores de gestión y múltiples documentos relacionados con la actuación del gobierno. Aquí cabe mencionar, que San Luis Potosí, simultáneamente cuenta con su propia plataforma estatal; y es el órgano garante -CEGAIP- quien por ley obliga a reportar mensualmente la información relevante a todos los entes -sujetos obligados- que manejan recursos públicos. En este sentido, es el único estado del país que tiene su propia herramienta local que mensualmente funciona como una base de datos estatal.
En términos democráticos, esta apertura informativa tiene implicaciones profundas. El acceso a la información pública amplía las posibilidades de escrutinio social y permite que decisiones gubernamentales que antes permanecían fuera del debate público puedan ser analizadas y cuestionadas. Numerosas investigaciones periodísticas y académicas que han revelado irregularidades administrativas o problemas en políticas públicas han tenido como punto de partida el uso de datos obtenidos mediante solicitudes de información.
No obstante, como advierte Del Río Venegas, la existencia de instrumentos institucionales no garantiza por sí misma una transparencia plenamente consolidada. El proceso de transición hacia un sistema robusto de acceso a la información enfrenta tensiones derivadas tanto de cambios institucionales como de resistencias políticas y administrativas.
Uno de los desafíos actuales tiene que ver con la reconfiguración del sistema de transparencia en distintas entidades federativas. En su análisis, Del Río señala que el proceso de transformación institucional ha generado un mapa nacional fragmentado, en el que algunos estados han modificado o eliminado sus institutos de transparencia sin que existan todavía estructuras sustitutas plenamente operativas. Esta situación ha provocado incertidumbre administrativa y, en algunos casos, retrasos en la atención de solicitudes o en la resolución de recursos de inconformidad.
Las implicaciones de este escenario no son menores. Los mecanismos de revisión y apelación son esenciales para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Cuando estos mecanismos se encuentran debilitados o en proceso de transición, el derecho a saber puede verse limitado en la práctica. En algunos casos, incluso se han registrado parálisis en los procedimientos de inconformidad, lo que dificulta que los ciudadanos puedan impugnar respuestas incompletas o negativas de las autoridades.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
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