Hace unos días, la organización global Transparencia Internacional dio a conocer su informe 2025 a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), cuyos resultados arrojan señales alarmantes.
El informe arroja una radiografía contundente: la lucha contra la corrupción y la apertura gubernamental no sólo están estancadas, sino que retroceden en muchas regiones del mundo. Tras una década de esfuerzos fragmentados, los datos hablan por sí solos: el promedio mundial de percepción de corrupción en los 182 países evaluados cayó a 42 sobre 100, el nivel más bajo en más de diez años, y más de dos tercios de los países califican por debajo de 50, mostrando un deterioro sistemático en la transparencia del sector público.
Incluso democracias consolidadas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Suecia y Nueva Zelanda registraron caídas en comparación con mediciones anteriores, asociadas a presiones y hostigamiento a la prensa, controversias por el financiamiento de campañas y la influencia de grupos de interés privados, entre otros factores.
En el continente americano, los mejores desempeños corresponden a Uruguay (73), Barbados (68) y Canadá (75). No obstante, el informe advierte que incluso estas naciones han mostrado descensos preocupantes. En el extremo opuesto se encuentran Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), con calificaciones muy bajas vinculadas a déficits democráticos, corrupción estructural y debilidad institucional.
Asimismo, el documento señala que El Salvador (32) y Ecuador (33) enfrentan un deterioro relevante, relacionado con restricciones a organizaciones de la sociedad civil y limitaciones a la libertad de prensa.
El caso de México resulta especialmente llamativo. El país obtiene 27 de 100 puntos y se ubica en la posición 141 de 182, apenas por encima de Guatemala, Paraguay y Honduras.
En el contexto mexicano, preocupa que tras más de siete años en los que el combate a la corrupción fue una de las principales banderas de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, los datos del IPC sigan mostrando rezagos importantes. Desde esta perspectiva, la promesa de erradicar la corrupción dista de haberse cumplido y, para amplios sectores de la población, los avances han sido insuficientes ya que se han mermado los mecanismos de rendición de cuentas y se ha generado mayor opacidad en el país. El riesgo mayor sería negar la magnitud del problema, como ha ocurrido en otros ámbitos, en lugar de reconocerlo y enfrentarlo con instituciones sólidas y políticas efectivas.
Hay un retroceso global en indicadores de confianza, controles y equilibrios
El hecho de que democracias consideradas sólidas hayan experimentado un descenso en su calificación del IPC es una señal preocupante. Pues lo que hace una década se percibía como gobernanza, relativamente limpia, ahora muestra grietas profundas en mecanismos de control y rendición de cuentas. Esta caída no es sólo estadística. Es el reflejo de instituciones sometidas a presiones políticas, sistemas judiciales cada vez más politizados e imparciales y un espacio cívico restringido que limita la capacidad de periodistas, activistas y organizaciones civiles para cuestionar el poder.
La consolidación de estas tendencias pone en evidencia una verdad incómoda: la transparencia no está garantizada por sí sola, sino que es un logro precario que requiere vigilancia constante, liderazgo político y, sobre todo, una sociedad civil activa. El IPC 2025 muestra que donde disminuye la libertad de expresión y asociación, en automático aumenta la corrupción.
De acuerdo con Transparencia Internacional, es claro que el deterioro observado tanto a nivel global como regional guarda relación con el debilitamiento de las democracias: erosión de contrapesos institucionales, hostigamiento y falta de recursos para organizaciones que vigilan el uso del dinero público, presiones contra medios críticos y una progresiva captura de los sistemas judiciales que incrementa la impunidad y favorece la aplicación selectiva de la ley.
El informe sostiene que cuando las democracias se debilitan, la corrupción y la impunidad tienden a fortalecerse. Sus resultados son un llamado de atención para la comunidad internacional y una advertencia frente a gobiernos con rasgos autoritarios que se presentan como redentores, pero cuyos resultados no respaldan ese discurso.
Más allá de cifras, el impacto social real
Los efectos del debilitamiento de la transparencia son evidentes y palpables. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones públicas, desincentiva la inversión social y económica, y agrava las desigualdades. Cuando es difícil de acceder a los datos oficiales o estos carecen de veracidad, los ciudadanos pierden herramientas para exigir rendición de cuentas y participación. Cuando los mecanismos de transparencia se subordinan a intereses políticos, el resultado es un círculo vicioso de opacidad que alimenta la impunidad.
Este fenómeno también tiene dimensiones humanas: sin libertad para investigar y denunciar, periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan mayores riesgos -en algunos casos extremos: la violencia física o la muerte- para informar sobre irregularidades. Este entorno hostil no sólo silencia voces críticas, sino que socava uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
¿Puede haber esperanza en medio del declive? ¿ Se trata de una década perdida para combatir la corrupción?
A pesar del panorama sombrío, el informe ofrece destellos de esperanza. Algunos países han mejorado sus puntajes con reformas significativas que fortalecen las instituciones de supervisión, promueven la apertura de datos y protegen a quienes denuncian irregularidades. Estas experiencias demuestran que la corrupción no es inevitable, y que estructuras democráticas robustas y una sociedad civil vigorosa pueden marcar una diferencia real.
Además, los movimientos sociales, especialmente los encabezados por jóvenes en diversas partes del mundo han alzado la voz contra prácticas corruptas, mostrando que la exigencia de transparencia es un motor de cambio.
La transparencia es un imperativo democrático,
no está a discusión
El informe global 2025 debe leerse no solo como una crítica, sino como una llamada de alerta urgente. La transparencia no es un fin abstracto; es el medio por el cual las sociedades controlan a sus gobernantes, protegen derechos y construyen confianza. Cuando la percepción de corrupción crece y las libertades civiles se constriñen, es la ciudadanía la que paga el precio más alto.
Si los gobiernos y las instituciones internacionales no responden con reformas audaces y sostenidas, corremos el riesgo de perder una generación entera de avances en integridad pública. La transparencia debe dejar de ser un ideal retórico para convertirse en una práctica cotidiana, respaldada por políticas claras, protección real para denunciantes e inversión en cultura cívica. Solo así podremos reconstruir la confianza en lo público y garantizar que el acceso a la información y la rendición de cuentas no sean privilegios, sino derechos universales. Juzgue Usted.
anacristinales@gmail.com
(Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas)