El nombramiento de tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizará en días próximos en la Cámara de Diputados no puede leerse como un mero acto rutinario, sino como un proceso instalado en el mismo centro de la disputa política que hoy atraviesa el país. La convocatoria para elegir a estos nuevos integrantes del Consejo General del INE se emite en un momento en el que el Congreso de la Unión procesa el “Plan B” de reforma electoral, reforma que, entre otros objetivos, busca recortar el aparato electoral. En este contexto, la selección de las tres consejerías constituye en un ejercicio simbólico y funcional: sienta el tono de cómo el poder político está llamado a equilibrar autonomía técnica, influencia partidaria y legitimidad institucional.
Para contextualizar: la designación de consejerías del INE está normada por un procedimiento complejo: la Cámara de Diputados emite la convocatoria -eso ya pasó-, crea un comité técnico de evaluación integrado por siete personas que supervisa un proceso de registro, evaluación y depuración de perfiles, que culmina en la votación en el Pleno. En la presente convocatoria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó el proceso en medio de fuertes presiones de tiempo, ya que la salida de dos consejeras y un consejero que concluyen su encargo se acerca (4 de abril), y la Cámara había estado a la espera de la propuesta presidencial de reforma, que en algún momento planteó modificar el tamaño del Consejo General o el propio método de designación. Ese retraso de la convocatoria, emitida apenas dos semanas antes de la renovación, refuerza la percepción de que el nombramiento no es un ritual burocrático, sino que en todo momento estuvo supeditada a lo que se acordaría como la reforma constitucional en matera electoral.
Creo que el punto que más tensiona el análisis es que, para que la designación de estas tres consejerías se concrete en el Pleno, se requiere un acuerdo de al menos dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Ese umbral de calificación elevado no solo eleva la dificultad técnica de la votación, sino que impone una condición política: cualquier coalición que pretenda imponer sus candidatos debe negociar más allá de su propia bancada y, en algunos casos, acordar ciertos equilibrios. En un escenario donde el oficialismo fracasó en un primero momento en tratar de consolidar mayoría suficiente para aprobar la reforma electoral, la necesidad de sumar dos terceras partes para el INE obliga a gestar acuerdos amplios o, en su defecto, abre la puerta a un eventual recurso de insaculación si el acuerdo no se alcanza en tiempo.
Es precisamente ese umbral de dos terceras partes el que vincula directamente la convocatoria de consejerías con el debate por la reforma electoral. Mientras el Senado discute el “Plan B” —que entre otros ejes propone recortar el gasto electoral, reducir el número de regidores y congresistas y limitar salarios en el INE—, la Cámara de Diputados se encuentra en el momento exacto en que debe decidir quién ocupará tres sillones clave en el árbitro electoral. La pregunta política subyacente no es solo quiénes, sino cómo: ¿qué tipo de perfil de consejero se considera “neutral” en un contexto de polarización y reforma? ¿Quién representa la independencia frente a un Ejecutivo que impulsa una reforma electoral que recorta recursos y competencias del propio INE? ¿Cómo se va a materializar el filtro desde el que una posible coalición mayoritaria separe entre perfiles idóneos y los que no lo son -lo que sea que ello signifique-?.
En este sentido, la elección de tres consejerías funciona como un laboratorio político acelerado: la convocatoria, la evaluación de perfiles y la votación se comprimen en un calendario exprés, casi en paralelo al debate de la reforma, lo que refuerza la idea de que la próxima conformación del INE forma parte de la negociación. En una próxima entrega le hablaré sobre la importancia de estas designaciones.
La caminera
Mientras escribo estas líneas, el PT anuncia que no acompañará a Morena en la parte del Plan B que posibilitaba que la consulta de revocación de mandato se realizara junto con la elección intermedia de 2027, lo que habría permitido que Claudia Sheinbaum llegara nuevamente a la boleta (y de facto, a la campaña) en esa elección. Hay fondo en esto.