Enseñar Derecho nunca ha sido para mí un oficio rutinario. Es, más bien, una forma de apostolado civil: creer que en cada aula puede germinar el compromiso con la justicia. Mis cursos de Hermenéutica Jurídica suelen llenarse rápido, porque quienes se matriculan saben que no hallarán complacencia, sino exigencia. Conmigo aprenden que el Derecho no se memoriza, se interpreta; que no se declama, se razona; y que frente a un juez o a un fiscal no bastan las fórmulas, se necesita carácter.
He procurado ejercer mi libertad de cátedra con firmeza y equidad. No hay favoritismos. La ética docente, al igual que la judicial, se sostiene en la consecuencia entre lo que se enseña y lo que se practica. Por eso, cuando un alumno falta reiteradamente o abdica del compromiso académico, debo actuar. Esa es también una lección sobre el imperio de la norma.
Entre los treinta y dos jóvenes que tuve este semestre, había uno —al que llamaré Santiago N.— de presencia seria, formal en su vestir, reservado en su trato. Portaba siempre una chamarra casual, lentes redondos de patas metálicas, pantalones de vestir. Era correcto conmigo, respetuoso incluso cuando tuve que darlo de baja por inasistencias. Aceptó mi decisión sin discusión. No era un estudiante indisciplinado en el sentido ordinario: simplemente se fue distanciando del aula, de la ambición profesional que movía a sus compañeros.
Hoy, su nombre ocupa titulares por razones que nunca imaginé. No me corresponde juzgarlo; la ley y los tribunales deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Yo solo puedo recordar a un alumno que pasó brevemente por mis clases y reconocer el desconcierto que produce ver a alguien de nuestra comunidad universitaria involucrado en un hecho tan alarmante.
Como profesor, me solidarizo profundamente con la víctima. No la conozco personalmente, pero es una de las nuestras: una universitaria que confió en un entorno que debió ser seguro y formativo. Que sepa —y ojalá llegue a saberlo— que cuenta conmigo en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación. No hay palabras suficientes para acompañar su dolor, pero sí acciones que deben emprenderse para que ninguna otra estudiante vuelva a atravesar lo mismo.
Porque más allá del proceso penal y de las sanciones administrativas, este caso nos obliga a repensar nuestras instituciones educativas como espacios de cuidado. La verdadera reparación integral no se agota en la condena del agresor; se consuma cuando la comunidad adopta medidas que garanticen la no repetición de los hechos.
El caso UASLP es un punto de inflexión en San Luis Potosí: evidencia la necesidad de políticas universitarias efectivas contra la violencia de género y de protocolos con enfoque de víctima. Muestra que los estudiantes son hoy actores políticos legítimos, capaces de exigir transformaciones institucionales. El sistema de justicia enfrenta el reto de conciliar la exigencia social de justicia con las garantías del proceso penal.
La UASLP, por su parte, deberá reconstruir confianza mediante transparencia, acompañamiento psicosocial a la víctima y sanciones efectivas, no solo administrativas. También con formación en derechos humanos para autoridades, participación estudiantil en la vigilancia de los protocolos y un compromiso institucional permanente con la igualdad sustantiva.
Esa es la garantía de no repetición: convertir el dolor en aprendizaje social, la herida en oportunidad de transformación. Que esta tragedia, por dura que sea, sirva para consolidar una universidad más justa, más consciente de sus responsabilidades y más humana. Que del dolor nazca la esperanza. Y que ninguna estudiante —en San Luis Potosí ni en ninguna otra parte— vuelva a temer por su integridad en el lugar donde debería encontrar conocimiento y futuro.
Siempre Autónoma por mi Patria Educaré.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
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