[Spoiler Alert: este texto no concluye
en lo que el título parece sugerir].
Dicen que en la política habita el arte de decidir entre inconvenientes. La reciente (pre)discusión sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) puede abordarse desde distintos ángulos: político, técnico, financiero, administrativo, económico, social, ambiental, entre muchos otros. Con este texto quiero proponer una clave de interpretación: la democrática.
Someter decisiones polémicas y/o complejas a una consulta pública no tiene nada de nuevo en las democracias contemporáneas. Solo por destacar algunos ejemplos recientes, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América en 2012 y 2016, los electores en varios estados decidieron a través de consultas y referéndums en materia de uso recreativo de la mariguana, matrimonio entre personas del mismo sexo, control de armas, salario mínimo, sistema de salud universal, eutanasia, pena de muerte; y sobre otros temas más técnicos como finanzas públicas, bonos sectoriales, presupuesto, impuestos y procedimientos judiciales.
El elector recordará también el plebiscito colombiano sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Colombia (FARC) o el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (conocido como Brexit); ambos en 2016.
Desde esta perspectiva, no encuentro sorpresa alguna en que el hecho de que el presidente electo vea en la consulta pública un mecanismo para toma de decisiones que requieren revestirse de legitimidad, cuando los distintos criterios por los cuales puede tomarse una decisión son divergentes.
Hay decisiones técnicas, también las hay políticas (no son mutuamente excluyentes), pero a lo que no nos han acostumbrado es a que éstas decisiones (técnicas, políticas, polémicas o no), se tomen de forma pública y participativa.
Durante los últimos días hemos visto cómo propios y extraños (todos demócratas, me imagino) han abdicado a la responsabilidad de decidir sobre un asunto público de manera participativa.
¿No quedamos que había democracia más allá de las elecciones? ¿No resulta contradictorio que la opinión pública se pronuncie en contra de decidir sobre su propio futuro (como acertadamente cuestionó Emmanuel Ordoñez en un texto publicado por Nexos en 2016)?; ¿Qué es mayor: el prejuicio de que el pueblo es ignorante e incompetente para decidir, o nuestro temor basado en nuestra inexperiencia democrática?.
Seamos serios: cuando se acude a una consulta, no es posible invocar a una sabia y omnisciente razón pública para obtener de ésta una decisión infalible. Si de eso se tratara, desde hace siglos contaríamos con un método para resolver problemas públicos complejos. Gobernar no es así; “gracias a Dios no es así de simple” (escribió Leonard Cohen).
En mi opinión la consulta debe realizarse, pero no por las razones sobresimplificadas que se han manifestado en la opinión pública. Subámonos en hombros de Kant y Rawls: si una ley o política es buena, debe tener la capacidad de sostenerse frente al público; o con Habermas: las leyes o políticas deben ser probadas a través de un debate público racional. Se trata, más bien, de abordar un tema complejo mientras se extiende y mejora la calidad de nuestra democracia a través del establecimiento de mecanismos de toma de decisiones públicas informadas.
Para realizarse, desde luego, debe establecerse un mecanismo de consulta válido y pertinente. Como lo he dicho líneas arriba, enfrentar dilemas complejos de forma participativa no es algo nuevo en las democracias: no deberíamos abdicar esa responsabilidad.
@marcoivanvargas
Marco Iván Vargas Cuéllar