La capacidad de nuestros diputados para cometer barbaridades costosas, que siempre se terminan pagando con dinero público que bien serviría para fines más nobles, es inaudita e inagotable. Lo peor de todo es que no parece haber manera de ponerles límite.
En abril del 2017, por una imitación extralógica del Congreso de la Unión, la Comisión de Vigilancia (CV) del Congreso local consiguió que se introdujera en la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado la figura de una Unidad de Evaluación y Control (UEC) para que la auxiliara en la revisión de los informes que recibe de la ASE, especialmente los de las cuentas públicas.
La existencia de un grupo permanente de asesores en distintas materias hacía innecesaria esa nueva oficina, que costaría varios millones de pesos anuales. Pero además, la propia ASE, en tanto que organismo técnico, vinculada directamente con la Comisión de Vigilancia, podía darles cuanta explicación requirieran los diputados.
Los siete que integraban la CV en la anterior legislatura no aceptaron razones y lograron su propósito. La integración de la UEC se convirtió de inmediato en un botín de plazas bien pagadas para recomendados de los propios legisladores, cuya disputa paralizó su puesta en operación.
Para tratar de disfrazar un poco su agandalle con las nuevas plazas, la LXI Legislatura (2015-2018) cometió la aberración jurídica de desaparecer el Órgano Interno de Control de la ASE y subsumirlo en la UEC. Ese OIC funcionaba con cuatro o cinco personas, pero en los hechos únicamente su titular, Rosa María Ruiz, fue transferida, sin que dicho traslado se concretara nunca porque ni le expidieron nuevo nombramiento ni le pagaron su sueldo. Renunció poco después. En los hechos, la ASE se quedó sin Órgano Interno de Control, indispensable para cumplir a cabalidad sus funciones.
Transcurrió más de un año hasta que en julio del 2018, a dos meses de concluir su mandato, la LXI Legislatura designó como primer titular de la UEC al contador público Héctor Vicente Mayorga, quien renunció diez meses después, en mayo del 2019, hastiado porque nunca le autorizaron su personal (él pedía únicamente seis colaboradores) ni le asignaron oficinas. Unas semanas después llegó a sustituirlo Jorge Ovidio Robledo Gómez. A su arribo, trascendió en el Congreso que había la intención de dotar a la UEC de 21 funcionarios y empleados, que obviamente se repartirían los diputados, en particular los de la Comisión de Vigilancia y los de la Junta de Coordinación Política.
La presión mediática, así como el cambio de presidente en la Jucopo, frenaron la intentona y se convino en autorizarle una plantilla de siete personas. ¿Por qué siete? Porque ese es el número de diputados que integran la Comisión de Vigilancia y se adjudicaron una plaza cada uno. Diría mi compadre Jacobo, “mosquita que pasa, alita que deja”.
En estos últimos meses se comenzaron a resentir los efectos administrativos y jurídicos del terrible error de suprimir la antigua Contraloría Interna de la ASE, cuyas funciones son muy distintas de las asignadas a la UEC, y ahí tiene usted que el pasado 30 de enero, sin hacer mucho ruido, nuestra ínclita LXII Legislatura modificó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas ¡para volver a crear el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado! El decreto correspondiente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de febrero.
Por disposiciones de la propia ley, los órganos internos de control deben tener como mínimo un titular y tres funcionarios de segundo nivel, cada uno con personal de apoyo. Así, el repuesto OIC de la ASE tendrá como mínimo unos diez funcionarios y auxiliares, cuyo costo anual con prestaciones rondará los tres millones de pesos.
Los dos primeros párrafos de la exposición de motivos del decreto 0588 que dispone las reformas de referencia, son una delicia. Dicen: “Con estas modificaciones se fortalece a la Auditoría Superior del Estado, al dotarla de su propio órgano interno de control (¡que ya tenía y que el mismo Congreso se lo quitó!), que sin lugar a dudas incidirá directamente en la prevención de los casos de corrupción, contribuyendo además a la transparencia de la gestión pública, así como al desempeño honesto, eficaz y eficiente de la institución”.
Sigue: “En cuanto a la Unidad de Evaluación y Control, su actuación se circunscribe al ámbito de las responsabilidades que tiene asignada la Comisión de Vigilancia, pues al final su función sustantiva es asesorar y auxiliar a la Comisión de Vigilancia en el cumplimiento de sus funciones”. Varios se los dijimos desde que comenzaron con esta estupidez en 2017 y 2018.
Lo único decente que podrían hacer ahora nuestros ínclitos legisladores es desaparecer la inútil y costosa UEC. Es verdad que la Comisión de Vigilancia requiere asesoría técnica para procesar su trabajo. Habrá que insistir hasta el cansancio: el Congreso tiene un cuerpo institucional de asesores de las distintas especialidades y, por si no fuera suficiente, CADA UNO DE LOS SIETE DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESA COMISIÓN RECIBE MENSUALMENTE 80 MIL PESOS PARA EL PAGO DE ASESORES.
DIÁLOGO SURREALISTA
Pretender que comentar, opinar, analizar o criticar cualquiera de los muchos asuntos inherentes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es vulnerar su autonomía, constituye un auténtico despropósito. Esto me recuerda la época en que ante cualquier crítica a la Iglesia de inmediato salía a relucir lo sagrado de su ministerio y el osado era puesto a las puertas del averno. O cuando ante el menor cuestionamiento al Supremo Gobierno se traían a cuenta los “graves riesgos” para la Patria por querer desestabilizar la Nación. No quiero ni pensar cómo nos irá a los periodistas, sobre todo a los del género de opinión, si mañana los diputados invocan la Soberanía Popular que según ellos encarnan, para no sólo rechazar sino penalizar cualquier crítica en su contra.
Sin titubear ni un instante, puedo afirmar públicamente y bajo protesta de decir verdad que para nada he intentado vulnerar o poner en riesgo la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Nunca jamás he intentado introducirme subrepticia o forzadamente a las sesiones de su Honorable Consejo Directivo y mucho menos votar en su seno. Invoco todos los testimonios posibles para acreditar que nunca he pretendido decirle al señor rector o a su secretario de finanzas cómo gastar su presupuesto, ni tampoco -y de ello pueden dar fe todos los señores directores- nunca me he presentado en una facultad a disponer modificaciones en sus planes de estudio.
Algunas de las defensas sesgadas que se han hecho de nuestra Alma Mater me llevan a pensar en ese tipo de diálogos surrealistas en que un hombre le dice a otro “señor, trae roto su zapato” y éste le contesta “yo me pongo el sombrero del color que me da la gana”. No hay entendimiento posible.
En esencia, lo que he dicho en un par de columnas anteriores es que el método para la elección del rector de la UASLP está deficientemente reglamentado y se presta a la discrecionalidad; que es vertical, manipulable, resulta opaco, poco participativo y se ve vetusto. Tuve el buen cuidado de reiterar en ambas ocasiones que no se planteaba nada parecido al asambleísmo o a aventuras descocadas. En concreto, hablé de que ahora que había por lo menos dos candidatos conocidos y la posibilidad de que apareciera alguno más, valdría la pena oxigenar un poco el procedimiento con algo tan simple como pedirles un plan de trabajo que sirviera de base a un diálogo respetuoso y productivo con los señores consejeros, en sesión abierta. En ningún momento, al menos por lo que a mí toca, propuse que la elección se diera en una instancia diferente ni cuestioné la legitimidad del Consejo.
Y sí, es cierto, en la UNAM, la elección del rector está a cargo de la Junta Suprema de Gobierno compuesta de 15 notables. Sólo que allá sí está debidamente reglamentado el procedimiento, que incluye precisamente la presentación de un plan de trabajo y su discusión con los integrantes de esa Junta. Justo lo que humildemente me atreví a proponer aquí, sin que pensara cuánto de mucho iba a irritar a don señor excelentísimo Manuel Fermín Villar Rubio.
Por último, y en espera de no volver a atraer sobre mi furias jupiterinas, me atrevo a sugerir, modesta y respetuosamente, que la próxima vez que necesiten redactar un desplegado se apoyen en alguien que domine mejor el lenguaje: las atribuciones no rigen. Las atribuciones atribuyen, facultan, empoderan, dan capacidad o permiten. Lo que rige son las leyes, las normas, las reglas, los valores, los principios, los convenios. (De nada).
COMPRIMIDOS
Hace mucho no veía yo que un fallo judicial causara tanta irritación social como el de la juez Dora Irma Carrizales, favorable a los acusados de robarse 600 mil pesos del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado hace tres años. Los encontró culpables y los sentenció a devolver la suma robada en abonos fáciles y dudosos. Hay un dato aquí que debe tenerse en cuenta: doña Dora Irma es comadre de Cándido Ochoa.
En el fondo, el mensaje no puede ser más desolador: robe ahora y pague cuando y como pueda. No tengo el gusto de conocer a la señora presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pero hay quienes me hablan bien de ella y me aseguran que es honesta. Pues le cayó del cielo la oportunidad de demostrarlo.
Día tras día y caso tras caso, se comprueba que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio hace cada vez más fácil y barato delinquir al mismo tiempo que hace mucho más difícil y caro castigar a quien delinque. Esto no puede seguir así.
La decisión del gobernador Carreras de cederle al Ayuntamiento la ejecución de dos obras que juntas valen más de 300 millones de pesos (La ampliación del puente Pemex y un puente sobre el libramiento Rocha Cordero), pese a que el estado aporta el 60 por ciento de la inversión, puede ser un regalo envenenado. Los antecedentes, las formas, el estilo del directamente responsable de los proyectos, el director de Obras Públicas municipales Marco Antonio Uribe, no dan razones para pensar que las cosas se vayan a hacer bien. Por principio de cuentas, gente de la más absoluta confianza del alcalde le revisó sus borradores de convocatoria y encontró que incluía una decena de requisitos que prácticamente en San Luis solo cumplía un contratista, casualmente amigo suyo. Lo del regalo envenenado lo digo porque nada puede haber más venenoso, letal para Xavier Nava que salir con manejos iguales o parecidos a los de su antecesor Ricardo Gallardo Juárez.
Hasta el próximo jueves.