La violencia que se ejerce en México es cada vez con mayor intensidad; es una situación generalizada. Los actores más débiles hasta ahora son los políticos y funcionarios municipales, quienes al mismo tiempo son el vínculo de gobierno más cercano a la población, pero a la vez los más impotentes frente a la situación que se vive. En 2022 hubo 230 actos de violencia, 82% de autoridades y 78% de miembros de partidos políticos; pero hoy en día sigue habiendo “accidentes” no ubicados en esta categoría.
En años que hay elecciones el índice se incrementa de manera considerable; las víctimas son candidatos a puestos de elección popular; los actores involucrados buscan incidir en los procesos electorales; cuando toman posesión en su cargo de gobierno, pretenden incluir en las decisiones de política pública; pero, sobre todo, obtener un beneficio económico directo o generar redes de protección. Las víctimas son presidentes municipales, regidores, funcionarios de finanzas o de la policía.
México cuenta con 2,457 municipios, los más vulnerables son, los más rurales, pequeños y medianos, no importa si están o no alejados de los centros urbanos; el común denominador es que no están en la agenda de los medios de comunicación, quienes analizan la situación de manera muy simple, culpando de manera directa al poder ejecutivo estatal o al gobierno federal; la situación es más compleja, requiere de un análisis profundo de las múltiples causas y alejado de las ideologías políticas.
La mala noticia es que, mientras la violencia se incrementa de manera considerable, la política pública de seguridad ciudadana permanece sin evaluar sus resultados e impactos. Los recursos se concentran en capacitación y equipamiento; no hay diagnósticos locales y sistemas de monitoreo y evaluación de resultados. En la aplicación de los recursos públicos, en muchas ocasiones predominan actos de simulación y corrupción, no importa la seguridad, sino el obtener beneficios económicos.
Ningún acto de violencia local es aislado, es producto de intereses económicos, los cuales están ocultos; lo que perecimos son expresiones políticas, en donde diversos actores aprovechan la situación para denostar a sus enemigos, señalan de manera clara sus errores, exhiben sus decisiones erróneas, todo lo concentran en la política; pero no ofrecen alternativas de solución, no analizan a profundidad el problema; de manera implícita generan el mensaje a la población que ellos serían mejores gobernantes.
En los actores políticos locales predomina la idea de “administrar” la violencia, con alianzas no claras e ilegales, pero sí de conveniencia para la clase política, con el único argumento de mantener una cierta gobernabilidad, que en los hechos no existe. Las víctimas son personas sin experiencia política, funcionarios municipales bien intencionados, policías que en su trabajo encuentran una fuente de ingresos; pero sobre todo son mujeres, víctimas de los perversos políticos locales.
En resumen: alcaldes, regidores, funcionarios y policías municipales de México quedan cada vez más a merced de la violencia, que es producto de múltiples factores, tanto sociales, económicos y políticos, que requieren de ser atendidos. Ciudadanos y autoridades locales somos víctimas del fracaso de una política pública implantada sin un diseño orientado a resultados, situación aprovechada por unos cuantos, y que todos los días cobra víctimas, principalmente mujeres que por azares de destino terminaron ocupado un cargo político. Próxima colaboración: 08 de febrero de 2023.
@jszslp