En días pasados un juez federal declaró nulo el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que para el municipio de la capital había elaborado la actual administración municipal y publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí, el 18 de febrero de 2022. El revés contra el Ayuntamiento de la capital parte de una premisa muy simple: la no inclusión de personas con discapacidades.
Es decir, luego de ser publicado el mencionado Plan, cuatro personas con diversas discapacidades (dos menores y dos mujeres) que consideraron vulnerados sus derechos, impugnaron la publicación en el Periódico Oficial y por ende al propio Plan a través de la promoción de un juicio de amparo (306/2022-II).
El 14 de noviembre de 2022, Jaime Linares Ramírez, juez segundo de Distrito, determinó mediante sentencia ordenar al Ayuntamiento de la capital: “I.- Deje insubsistente el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024[…] II.- Ordene la realización de foros de discusión y mesas de trabajo en los que convoquen organizaciones que representen a personas con discapacidades a fin de que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta en el nuevo plan que se elabore. En el entendido que deberá procurarse la representación de las diversas formas de discapacidad, para lo cual, en su caso deberán tomarse las medidas que propicien y faciliten su participación, lo que deberá acreditarse. III.- Hecho lo anterior emitan un nuevo Plan Municipal de Desarrollo.”
Explicado de una forma sencilla: durante las actividades previas a la elaboración del plan en cuestión debieron ser tomadas en cuenta las opiniones personas con discapacidad, cosa que al parecer no consideró el Ayuntamiento, y buscando sortear el problema presentó cualquier cantidad de folletos y volantes, en los que se aludía a las personas con discapacidad, pero nunca pudo demostrar que habían sido convocadas y participado en la elaboración del plan una cantidad considerable de ellas.
De ahí que el juez advierta un vicio de forma en el plan al no consultar a la población con capacidades diferentes, por lo que determina que ahora sí se les considere, convoque y se demuestre su participación, y después proceda la alcaldía a emitir un nuevo plan. Mientras tanto se declara nulo el plan 2021-2024, y en tanto no se elabore y sancione uno nuevo, se trabajará con el anterior, es decir el elaborado por la administración de Xavier Nava, quien lamentablemente para el alcalde Enrique Galindo, será el que mientras tanto marque la pauta en esta materia.
Hasta aquí no hay nada que no hubiera ocurrido en otras administraciones que no han sabido mostrar cierta sensibilidad e involucrar de manera directa y activa a grupos vulnerables, buscando así compensar las desventajas propias de su condición. Aunque no debería ocurrir, no siempre se alcanzan a cubrir todos estos requerimientos en un cien por ciento y de allí los problemas.
Sin embargo, y es aquí donde hay que detenerse, llaman la atención las declaraciones del síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo, quien afirma que existen elementos para que al Ayuntamiento de la capital se le otorgue la razón en el recurso de revisión contra la invalidación.
Pareciera que el representante jurídico del Ayuntamiento todavía no se percata (o desconoce) que el Ayuntamiento no tiene o carece de legitimidad para ir a revisión por ser la autoridad responsable, no quejoso ni tercero afectado. No le vendría mal leer y –sobre todo– razonar el artículo séptimo de la Ley de Amparo, en el que se “establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión.”
Dado que el alcalde es abogado, debería preguntarse: ¿en manos de quién está la defensa de los intereses municipales?, ¿tiene la capacidad para desempeñar su papel?, ¿no hizo un seguimiento del proceso de elaboración y una revisión del documento el muy bien remunerados asesor jurídico del Ayuntamiento? Lo que el “abogado Ferragamo” cobre sería lo de menos (con todo y que sus honorarios se cubran con recursos públicos), siempre y cuando ofreciera resultados, el problema es que demuestran no desconocimiento sino trabajar al “ahí se va”, sin profundizar en un tema en el que deberían ser conocedores. Mejor hubieran seguido con los abogados que contrató el alcalde Montessori.
Gracias por la lectura.