Opción A: El Rey de España y previsiblemente también el Jefe del Estado Vaticano se niegan a pedir perdón a los pueblos originarios mexicanos por los crímenes y abusos cometidos durante la conquista de hace 500 años. ¿En qué perjudica esto a nuestros indígenas, a quienes iría dirigida la disculpa histórica,? ¿Van a vivir peor que como viven ahora?, ¿van a perder lo que quede de sus culturas ancestrales?; ¿se van a cancelar los programas oficiales destinados a beneficiarlos?, ¿va a caer en picada su autoestima?; el resto de los mexicanos los vamos a ver de diferente manera? ¿En qué medida se van a enterar de lo ocurrido y qué tanto les va a importar?
Opción B: Felipe VI y el Papa Francisco obsequian la demanda del presidente Andrés Manuel López Obrador y se avienen a pedir perdón. Lo hacen en eventos internacionales de alto nivel, con toda la solemnidad posible y la más amplia difusión mundial. ¿Qué beneficios concretos, prácticos, reales traerá ello a nuestros 14 o 15 millones de indígenas? ¿Saldrán rápidamente de la marginación, opresión y pobreza en que hoy viven en su gran mayoría?; ¿se volcará a su favor la filantropía mundial y ascenderá radicalmente su calidad de vida?, ¿cambiará su visión del mundo y se volverán cosmopolitas? ¿Los gobiernos de todos los niveles multiplicarán los presupuestos destinados a sus comunidades? ¿Cesará de inmediato y como por arte de magia cualquier forma de discriminación en su contra?
No creo que nada de eso suceda, ni en una ni en otra opción. En consecuencia, la discusión nacional, eso que a ratos intenta ser un debate serio, se convierte en algo particularmente complejo, ajeno a sus verdaderos e insustituibles protagonistas, y se instala en los campos de la interpretación histórica, de la filosofía social; se vuelve tema subjetivo, materia de estudio para especialistas. Se convierte, esencialmente, en cuestión de élites, sean éstas políticas, académicas, intelectuales, religiosas o mediáticas.
Las cartas de AMLO al Rey y al Papa -de las cuales, por cierto, no se conocen sus respectivas versiones íntegras- han desatado una polémica que ha traído a cuenta numerosas y muy diversas opiniones, reflexiones, interpretaciones, posicionamientos a favor y en contra; repasos históricos a la luz de nuevas lecturas y visiones. De entre todo ese formidable cúmulo de información, yo me quedo con dos cuestiones:
Una, que las peticiones de perdón de una nación a otra o a un grupo social por agravios históricos, no son algo inédito, ni siquiera inusual. Suman decenas los casos donde tal hecho se ha dado, pero siempre con dos características: que la gran mayoría de las veces la iniciativa la ha tomado el ofensor, y que han sido resultado de un proceso diplomático muy cuidadoso, discreto y lento. Como es obvio, las cartas lopezobradoristas no cumplen con ninguno de esas condiciones.
Segunda, la demanda del presidente López Obrador encaja en esa visión de la historia que la inmensa mayoría de los historiadores serios rechazan: la maniquea; esa según la cual todo en el acontecer humano a lo largo de los siglos y milenios es producto de la eterna lucha entre el bien y el mal. Esa, que induce a dividir a los protagonistas de la historia entre buenos y malos; entre héroes puros y villanos sin remedio. Cualquier historiador que se respete, reitero, sabe que eso no es así. Con frecuencia en el bando de los malos aparecen buenos y viceversa.
Por lo demás, así sea solamente como elementos informativos para nutrir las propias reflexiones sobre el tema, no me parece ocioso reproducir una información que ha sido repetidamente publicada en estos últimos días de la polémica: en el asedio y embate final contra la Gran Tenochtitlán, que era defendida por unos 300 mil guerreros mexicas, participaron entre 1,000 y 1,300 soldados españoles de infantería; 86 jinetes con sus respectivas monturas, y unas pocas docenas de artilleros para abastecer 16 cañones. Los acompañaban unos 200 mil indígenas tlaxcaltecas, texcocanos, otomíes, xochimilcas y de otras varias etnias, todas con un común denominador: su enorme odio a los aztecas que los explotaban desde casi dos siglos antes. Hay varios testimonios históricos de que la inmensa mayoría de los actos de crueldad extrema en esas jornadas los cometieron los tlaxcaltecas, por venganza.
Por supuesto que los agravios que se pueden reclamar a los españoles invasores no se agotan en los intensos días de la caída de la Gran Tenochtitlán, pues algunos venían de los dos años previos y muchos más siguieron durante los decenios de conquista en todo lo que hoy es el territorio nacional y en aquella otra mitad que nos despojaron los norteamericanos en el siglo XIX.
Al final del día, sea que jamás se pida perdón a nuestro indígenas o sea que alguna vez se les llegue a pedir, de lo que podemos estar convencidos es de que su vida seguirá el curso normal que lleva; que su visión del mundo seguirá siendo la misma y que muchos ni siquiera se enterarán.
Cosa muy aparte es la motivación real que haya detrás de esta controvertida iniciativa de López Obrador. No sé si algún día se conozca con toda veracidad, pero por ahora lo mismo puede suponerse que se trata de una pulsión profunda que tiene que ver con el respeto y afecto a nuestros pueblos originarios, o de una maniobra política para tender una cortina de humo sobre otros temas que no conviene al Presidente que dominen el escenario informativo, como la imbatible inseguridad que se ha disparado o la sospecha de que tras la iniciativa para la revocación de mandato se ocultan intenciones reeleccionistas.
Una historia para estos días
Debe haber sido en 1969 o 1970. Trabajaba yo para El Sol de Zacatecas cuando acudió a esa bella ciudad el ya para entonces afamado y respetado abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Iba a dictar una conferencia en la Universidad local. Previo al evento, tuve en suerte ser invitado a un desayuno con dos o tres personas más que le ofrecía un antiguo alumno suyo en la UNAM, por esas fechas funcionario federal en la capital zacatecana y amigo de Servidor.
No logro recordar qué originó entrar en el tema, pero el caso es que el maestro Burgoa platicó la historia de un abogado español al que había conocido recientemente, quien años antes, en su primera visita a México, quiso conocer con los mayores detalles posibles el Centro Histórico del entonces Distrito Federal.
Para cumplir su propósito, se anotó en un grupo de turistas que sería conducido por un guía en su recorrido a pie. A poco de iniciar la caminata, el guía se percató de la nacionalidad del protagonista de esta historia, y comenzó a expresarse cada vez más ofensivamente contra los españoles. Cualquier pretexto era bueno para decir cosas tipo “y aquí donde ven este edificio, antes estuvo una gran pirámide azteca que fue estúpidamente destruida por una horda de invasores malolientes e ignorantes”.
No tardó mucho en agotar la paciencia del abogado ibérico, quien en voz alta y tono enérgico lo increpó: “Perdón, señor guía, ¿pero de quiénes está usted hablando tan mal?”.
“¡Cómo que de quien, pues de sus antepasados que vinieron a invadirnos!”. La respuesta fue memorable: “Usted disculpará, pero mis antepasados nunca salieron de España, por eso es que yo nací allá. A los que usted está maldiciendo es a sus antepasados, a los que vinieron y acá se quedaron. Y se lo digo con certeza porque veo en su gafete que usted ostenta un apellido español. Así es que por mí sígale, siga insultando a sus abuelos y tatarabuelos”.
Realidades como esta son las que dotan de una gran complejidad asumir definiciones o interpretaciones categóricas de nuestra identidad nacional. Lo primero, creo yo, que siempre debemos tener presentes al entrar en estos escabrosos terrenos, es que de los casi 130 millones de mexicanos que hoy somos, unos 115 millones somos mestizos. También, como de inmediato no faltó quién nos lo recordara, lo que nuestros pueblos originarios realmente necesitan es justicia, progreso, seguridad, bienestar, y eso es responsabilidad absoluta de las autoridades mexicanas que gobiernan este país desde ya 200 años, a raíz de nuestra independencia nacional.
Comprimidos
En el marco de las conmemoraciones locales del 25 aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio, quien fuera largos años su coordinador de asesores, Samuel Palma César, estará en esta ciudad el próximo sábado para dictar una conferencia denominada “Luis Donaldo Colosio y su Tiempo”, que sin duda alguna será docta e interesante. Poca gente conoció mejor las ideas políticas y sociales de LDC que Samuel. El evento será a las 10:45 horas en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes (la antigua penitenciaría para los viejos de la comarca).
En su columna del sábado 16 de marzo, en el periódico Reforma, René Delgado incluyó al final el siguiente comentario: “Si la gestión de Morena en el poder no es más de lo mismo, ¿por qué suma en la Cámara de Diputados a los ex perredistas que simbolizan, por antonomasia, la dilución de la frontera entre política y delito”. Entre los aludidos por Delgado figura un legislador potosino de nombre Ricardo Gallardo Cardona.
Hace dos o tres días, cuando el presidente López Obrador desautorizó a su Secretaría de Hacienda porque “se quedó corta” en sus estimaciones de crecimiento económico para el próximo, agregando que él tiene unos datos diferentes, me vino a la mente la declaración de Luis Echeverría, en mayo de 1973, cuando removió al titular de Hacienda, Hubo B. Margáin, y lo justificó con el argumento de que (cito de memoria), “Las finanzas públicas se manejan desde Los Pinos”. No son pocos los especialistas que consideran que justo en ese momento comenzaron a soplar los vientos de nuestras desgracias económicas, que nos llevaron a terribles crisis desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. Da escalofrío.
Los potosinos sabemos bien que el gobernador Juan Manuel Carreras es patológicamente reacio a hacer cambios en su gabinete, pero no siempre es tolerable, ni inteligente. Aunque invariablemente los malos desempeños en la administración pública perjudican de una forma u otra a la población, a veces son daños poco perceptibles o que afectan a sectores reducidos. Sin embargo, hay casos en que los estragos son graves y los afectados muchos o todos los integrantes de una comunidad. Eso es lo que está sucediendo con las fallas en materia de seguridad pública, que pueden convertirse en el Waterloo del mandatario potosino. Los demonios andan sueltos y no hay quien los ataje.
Hasta el próximo jueves.