Después de cuatro años de inactividad y silencio, en fechas recientes la Fiscalía General de la República reactivó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, abierta en el año 2020 a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que involucra a 19 individuos, encabezados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, su papá, su mamá, dos hermanas, un tío y varios asociados más. El expediente incluye como objetivos de investigación a 20 empresas, la mayoría de las cuales son propiedad de la familia Gallardo. El dinero objeto de operaciones sospechosas asciende a 724 millones 608 mil 296 pesos.
Obra en nuestro poder un legajo de documentos que acreditan lo que en esta columna será relatado. Proceden de fuentes confiables con acceso a las instancias donde se origina la documentación de referencia. Nos fue entregado a finales de octubre pasado, con algunas condiciones que aceptamos: no publicar reproducciones facsimilares de los documentos, no citar números de oficios y no identificar por sus nombres a los firmantes.
El documento de mayor “antigüedad” de esta nueva etapa que obra en nuestro poder está fechado el 24 de julio del presente año. Es una solicitud de información girado por un agente del Ministerio Púbico Federal, debidamente identificado incluso con el número de la célula de investigación de la que es titular, y con el aval de un “Fiscal en Jefe”. Está dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, solicitándole que en un plazo de diez días hábiles informe si en los archivos y bases de datos a su cargo “existen inmuebles o vehículos registrados a nombre de…” (vienen a continuación los nombres de las 19 personas y 20 empresas referidas). Otras dependencias oficiales recibieron escritos similares.
El texto incluye un párrafo en el que se lee: “No resulta óbice establecer que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone a los servidores públicos la obligación de proporcionar la información que les requieran para la investigación de un hecho delictivo”, y a continuación se reproduce íntegro el citado artículo.
Viene luego un oficio dirigido al titular de la Policía Federal Ministerial, firmado por cuatro funcionarios: el titular de una “célula” de investigación, otro funcionario que revisó; uno más que supervisó y al final la titular de una fiscalía especializada que da el visto bueno. Este documento tiene fecha 9 de agosto pasado, y luego de invocar las distintas normas legales que facultan al solicitante, puntualmente dice: “por medio del presente, solicito sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que con carácter de urgente, dirija sus apreciables órdenes a quien corresponda para que se designen elementos bajo su mando y lleven a cabo los siguientes actos de investigación: Identificar el modus vivendi de las siguientes personas (sigue la lista que encabezan José Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez). Enlistados los 19 nombres, se añade: “deberán identificar domicilios donde habitan, actividades comerciales y laborales, así como vínculos personales y familiares, si tienen antecedentes penales, registro de propiedades y vehículos a su nombre.
Otro párrafo solicita “identificar el modo de operaciones de las morales (se agregan los datos de las 20 empresas), e instruye: “deberá identificar el o los domicilios donde se encuentran operando, así como las sucursales que tuvieren, debiendo realizar una inspección en los mismos a fin de corroborar si las citadas morales cuentan con personal e infraestructura para operar, de igual manera deberá identificar el giro de las empresas, relaciones comerciales y/o cualquier otro elemento que evidencien la existencia de las citadas morales”.
Justo un mes más tarde, el 9 de septiembre, la corporación policiaca rinde un “Informe de Investigación Criminal” de carácter preliminar. Son 32 páginas con información básica, fotografías incluidas, parte de la cual se puede obtener en fuentes abiertas. Advierte el informe que son “resultados obtenidos hasta la fecha”.
Recibimos también otros dos oficios, ambos de la misma fecha (29 de agosto 2024), dirigidos con carácter de urgente y confidencial a la en ese momento alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez y al alcalde de la Capital. A ambos funcionarios se les requiere para que informen si cuentan con registros contables de que entre 2012 y 2019 sus respectivos ayuntamientos hayan celebrado contratos con las empresas Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C.V.; Grupo Axioma Kusuri, S.A. de C.V., e Investigaciones Médicas del Potosí. En caso de ser positiva la respuesta, se les solicita hagan llegar a la autoridad ministerial federal los respectivos expedientes.
LOS ANTECEDENTES
Con fecha 14 de agosto del 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República una “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito”. Son 66 páginas en las que se describe cómo Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona operaron una red de socios y empresas para disponer de casi 725 millones de pesos procedentes de los presupuestos de los ayuntamientos de Soledad y la Capital, durante los años en que ambos fueron alcaldes (2009 a 2018).
En octubre de 2020, Nieto Castillo estuvo en visita de trabajo en esta ciudad, para junto con el gobernador Juan Manuel Carreras constituir la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), que se pretendía fuera una especie de UIF local. En reunión privada de ellos dos con otros cuatro o cinco funcionarios, Nieto informó de la denuncia recién presentada en la FGR, dio detalles y preguntó si había alguna observación. Ninguno de los presentes dijo nada relevante.
Meses después, en junio del 2021, el titular de la UIF concedió en la Ciudad de México una entrevista a diversos medios y sobre distintos temas, durante la cual se tocó el asunto potosino. Ahí confirmó que en agosto del año anterior había presentado la denuncia ya mencionada, pero agregó que ignoraba por qué la Fiscalía General de la República no había avanzado en su procesamiento. Nieto Castillo renunció a su cargo pocos meses después.
Los detalles de la compleja trama denunciada por Santiago Nieto han sido publicados varias veces en estos últimos cuatro años en medios locales y nacionales, impresos y electrónicos, con mayor o menor extensión, ya que como indicamos líneas arriba el documento entregado a la Fiscalía General de la República consta de 66 páginas.
Para quienes no lo conozcan y se interesen en leerlo, es fácil googlearlo. Quienes lo busquen se encontrarán además con no pocas notas o columnas en medios nacionales que retoman el tema de los “hechos posiblemente constitutivos de delito”. En varias de las publicaciones accesibles aparecen los 39 nombres citados en la denuncia: 19 personas físicas y 20 personas morales.
Hay que tener presente que la multicitada denuncia de la UIF se presentó a la FGR un año antes de que Ricardo Gallardo Cardona se convirtiera en gobernador de San Luis Potosí.
Al día de hoy, me parece que lo más relevante de todo esto será saber por qué hasta ahora, cuatro años después, la FGR comienza a mover sus engranajes para investigar y analizar a fondo la denuncia de Nieto Castillo. No está de más señalar que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sigue siendo el mismo desde el 2018.
Imposible pasar por alto otro dato que me parece de lo más significativo: según los documentos en nuestro poder, la maquinaria de la FGR se comenzó a mover pocas semanas después de que se llevaran a cabo las elecciones del 2 de junio, de las que emanó el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Casualidad? Sería mucha.
Pareciera que el infortunio comienza a rondar a Gallardo Cardona. Un infortunio, hay que decirlo, que él mismo ha invocado con tanto exceso, tanto abuso, tanto derroche, tanto desorden, tanto endeudamiento, tanta legión extranjera, tanta mentira, tanto autoritarismo, tanta improvisación, tanto capricho, tanta desfachatez.
Dice el dicho que las desgracias nunca vienen solas, y apenas el martes se publicó una foto muy reveladora. Corresponde a la visita de cortesía que “los liderazgos del PVEM” le hicieron a la secretaria de Gobernación, la paisana Rosa Icela Rodríguez. Los recibió junto con su subsecretario César Yáñez: asistieron la presidenta nacional, los coordinadores de las fracciones verdes en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México, y otro miembro de la dirigencia.
Extrañamente, no acudió Ricardo Gallardo Cardona, único gobernador del PVEM, que sin duda es un liderazgo importante en ese partido. O por lo menos lo era. Preguntamos a alguien confiable que conoce bien el percal y nos respondió muy lacónicamente: “No lo invitaron. Y se tocó su tema”. Parece que vienen tiempos difíciles para el gallardismo.
Hay otra indagatoria también federal que involucra a Uñas Largas, dos socios hermanos entre sí y una empresa de su propiedad. Esa corre por separado.
COMPRIMIDOS
Vino a visitarnos hace una semana la presidenta Sheinbaum, y así que digamos novedades, novedades no hubo. El tren de pasajeros ya se había anunciado varias veces; la modernización del aeropuerto de Tamuín lleva años parado y también ya se le había mencionado varias veces. Lo mismo sucede con las carreteras Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla. Lo del hospital general de Valles lo anunció Gallardo Cardona unos días después. Lo de pedirle a la presidenta apoyo para tapar el boquete financiero en Pensiones, ni siquiera podemos estar seguros de que se le haya planteado. Respuesta no hay.
Me quedo con la impresión de que lo políticamente más interesante de la visita presidencial fueron tres cosas: una, que se despartidizó por completo, y por ello nadie fue con chalecos verdes ni guindas, lo que ahorró empujones y sillazos; dos, que le volvieron a gritar ¡Gobernadora! A doña Rosa Icela, y tres, que el evento abierto no estuvo a cargo de las autoridades estatales, de lo contrario nadie hubiera lanzado abucheos al mandatario potosino, por pocos que hayan sido.
El mismo día, en la misma ceremonia, en alguna fecha que no logro recordar pero que debe haber sido por ahí de 1977, nos hicimos compadres Jacobo Payán, José Luis Paulín y yo. Cada uno de ellos apadrinó a cada uno de mis hijos varones. Jacobo se nos adelantó el lunes 4, y José Luis partió el domingo 10. Días perros éstos.
Hasta el próximo jueves.