A propósito del súbito veto del Ejecutivo a la llamada Ley Gobernadora, hay propuestas de explicación para todo tipo de intereses y gustos. Sin embargo, la que más agrada e impulsan desde el gallardismo, esa que muestran a su jefe como el gran estadista que salvó de graves peligros al Estado y la República, adolece de un error recurrente en esta administración: creer que la gente es tonta; que comulga con ruedas de molino.
Según la idea central de esa explicación agradable al régimen, repentinamente el gobernador del estado se percató de que la iniciativa presentada por el Ceepac y aprobada en el Congreso, estaba mal; tenía visos de inconstitucionalidad, le había faltado análisis y discusión; se prestaba a interpretaciones inconvenientes como la de ser una ley ad-hoc, tensaba las negociaciones cupulares de la reforma electoral federal y ponía en riesgo acuerdos aliancistas.
Estos argumentos que complacen a los ahora contritos autores del desaguisado son, en el fondo, un insulto a la inteligencia de los potosinos. En esa ruta, entronizan como verdad incuestionable una falacia devenida en mito útil: que el Ceepac y el Congreso del Estado son organismos capaces de tener iniciativas y decisiones propias. No hay ningún potosino medianamente informado que se trague semejante embuste. El Ceepac y 19 de 27 diputados locales hicieron lo que hicieron porque así se los ordenaron de Palacio de Gobierno.
Algún día, que espero no tarde mucho, tendré la autorización de mis confidentes para relatar los métodos con que fueron sometidas las pocas voces disidentes en este lance. Unas con dinero o prebendas y otras con duras presiones y amenazas. Por ahora, basta con hacer memoria: Hace menos de dos meses el que hoy veta, aplaudía. Ahí están los registros periodísticos donde consta que Gallardo Cardona aplaudió a rabiar la iniciativa, supuestamente del Ceepac. Era, dijo, el modo de corregir una injusticia histórica para que por primera vez en el 2027 tuviéramos una mujer gobernadora. Apostó públicamente a que quienes se opusieran a su proyecto quedarían evidenciados como hipócritas en su apoyo a la equidad de género y serían castigados por el voto femenino, que representa el 52 por ciento del padrón electoral.
En términos de lógica elemental, ahora habrá que suponer que esas admoniciones, fustigamientos y satanizaciones se revertirán en contra de quien mediante un inesperado veto privará ahora a las mujeres potosinas de la oportunidad histórica de ser gobernadoras en el 2027 sí o sí. Hay en este deplorable episodio una cierta dosis de medrosidad política. “Yo no fui, fueron esos vagos consejeros electorales y diputados locales”, nos vienen a decir ahora.
No sé cuál sea la verdadera razón del brusco golpe de timón. Para unos, simplemente le doblaron la mano desde Palacio Nacional a Gallardo Cardona; para otros, fue resultado de una reflexión íntima y profunda. No falta quienes especulen que el gobernador supo escuchar un consejo sabio, o quien sostenga que el jalón de orejas vino de la dirigencia nacional del Verde, a quien la ley feminista estaba complicando las negociaciones nacionales con Morena.
Sea lo que fuere, no hay manera alguna de que la interposición del veto se pueda entender como un triunfo político, ni personal ni de clan, del mandatario potosino. Se trata -y no hay manera de desvirtuarlo- de una contrariedad que de ninguna manera fortalece su posición negociadora de cara al 2027. Bien dice la máxima que en política lo que parece, es.
De acuerdo con los artículos 67, 68, 78 y 80 de nuestra Constitución, al devolver la vetada reforma electoral al Congreso del Estado, el Ejecutivo debe aclarar por lo menos dos cosas: si está vetando todo el decreto, transitorios incluidos, o si tiene objeciones puntuales y cuáles son éstas, acompañando las razones pertinentes.
El Congreso decidirá (es un decir) si atiende o ignora los alegatos del Ejecutivo. Cualquiera que sea su decisión, debe someterla nuevamente al pleno, y si volviera a ser aprobada con mayoría calificada al Ejecutivo no le quedaría otro camino que promulgarla. Por ahora, la también llamada Ley Esposa queda sin vigencia. Cabe también la posibilidad de que el Congreso aplique tácticas dilatorias y el asunto se vaya al cajón del olvido.
La política nunca ha sido ciencia exacta ni tarea de ángeles, pero no tiene por qué ser terreno fangoso convertido en reino del embuste.
CON FLORETE O CON MARTILLO
Junto con una decena de colegas, el lunes asistí a una sesión informativa convocada por la rectoría de la UASLP, con el tema de su situación financiera general para este año. Ya en algunos medios se ha dado cuenta de los principales aspectos. Yo me detengo en unos pocos que me llamaron la atención y su coincidencia temporal con una respuesta del gobierno del estado.
El primer dato que me sorprendió es que la UASLP atiende el 34 por ciento del alumnado de educación superior en el estado -posgrados incluidos-. En un primer momento, asumí que se refería a la matrícula de las instituciones de educación superior públicas, pero no. En toda la entidad, al concluir el 2025, había 92 mil 160 jóvenes cursando estudios de educación superior en instituciones tanto públicas como privadas. El 34 por ciento de ellos -unos 33 mil- lo hacen en las aulas y laboratorios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Yo conocía el dato del total de estudiantes en la UASLP, incluidos sus campus en Matehuala, Valles, Tamazunchale, Rioverde, Salinas y Soledad, pero no tenía idea de que tuviera en sus aulas un tercio del total de jóvenes potosinos cursando licenciaturas, maestrías o doctorados.
Así, los regateos presupuestales, invectivas y desatenciones del poder público resultan atentar contra los intereses legítimos de la tercera parte de los jóvenes potosinos que cifran su futuro en una carrera profesional.
El otro dato que también me parece interesante es que el gobierno potosino es el tercero en aportar menos recursos a la educación superior de su entidad. Me explico: La Universidad de Yucatán recibe de la federación el 87.9 por ciento de su presupuesto público y únicamente el 12.1 por ciento del estado; la Universidad de Oaxaca tiene una proporción casi idéntica: 87.7 federación y 12.3 el estado. Viene luego la UASLP que de su subsidio público recibe el 84.1 por ciento de la federación y el 15.9 por ciento del estado.
En el otro extremo encontramos a la Universidad de Veracruz, que recibe el 46.0 por ciento de recursos federales y el 54 por ciento de estatales.
Dicho en otras palabras, el gobierno potosino aporta poco, tarde y de mala gana a su máxima casa de estudios.
Pudiera ser que esto se componga pronto. ¿Por qué lo digo? Porque la reunión del lunes se llevó a cabo de las once de la mañana a las doce y media. Unas horas más tarde, la secretaría de Finanzas hizo entrega del préstamo de 100 millones de pesos que solicitó semanas antes la UASLP. ¿Coincidencia? Puede ser, como igual puede ser que hayan pensado que juntar el descalabro de la Ley Gobernadora con un nuevo conflicto con el alma mater ya era mucho tentar al diablo.
Hoy, a partir de las nueve de la mañana, en el Centro Cultural Bicentenario, se llevará a cabo un Diálogo Universitario que tiene confirmada la participación de cinco rectores (los de la UNAM, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo y Nuevo León); del presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF). Vienen también altos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación.
El tema es uno sólo: Autonomía
Universitaria y Fiscalización Superior.
A’i te hablan Lecourtois.
Decía Mao que hay quienes hacen política con florete y quienes a martillazos. Lo estamos viendo.
COMPRIMIDOS
En su libro Diario de una Transición Histórica (página 138), que da cuenta de su recorrido con el presidente López Obrador por todo el país entre el 14 de junio y el 29 de septiembre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum relata que en su visita a San Luis Potosí el 24 de agosto “Nos recibió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Debo decir que la elección en San Luis no fue sencilla. A lo largo de la campaña hubo distanciamiento entre el Partido Verde, al cual pertenece el gobernador, y Morena. Esa división nos llevó a perder una senaduría. La de minoría. Lo menciono porque estoy convencida de que entre los partidos que respaldan el movimiento de transformación no debe haber fracturas. Lo que ocurrió en San Luis Potosí fortaleció a la oposición. Es una lección que no debemos olvidar para la elección del 2027”. ¿Así, o más claro?
En la página 130 hace referencia a la visita que hicieron al puerto de Manzanillo el viernes 16 de agosto ella y López Obrador, etapa en la que los acompañó Rosa Icela Rodríguez, su futura secretaria de Gobernación. La presidenta se refiere a ella en los siguientes términos: “Rosa Icela es, sin duda, la mejor política que conozco. Respira, piensa y traduce la política como muy poca gente lo hace. Es además, una mujer honesta, con método y valentía. Una mujer extraordinaria”. Estas palabras van a alentar mucho a quienes están convencidos de que si doña Rosa Icela no es la candidata de Morena a la gubernatura, sí será quien defina al afortunado o afortunada.
Decíamos hace una semana que al despuntar el año entre los conocedores del tema se afianzaba la idea de que en las elecciones del 2027 Morena y el Verde irán por separado. Es decir, cada uno con su propio candidato o candidata. Curiosamente, ese mismo día, la presidenta estatal de Morena, doña Rita Ozalia, comenzó a subir a sus redes unos breves videos muy curiosos. En uno aparece peinándose con quién sabe qué productos para el pelo y en el otro, a bordo de un automóvil, habla de unas islas muy cercanas entre sí pero en husos horarios diferentes, por lo que si se pasa a una se avanza al mañana y si se regresa se vuelve al ayer. Una de dos, o ambos reels son ocurrencias trasnochadas, o estamos ante el inicio de una muy sofisticada campaña de posicionamiento.
Vista la insistencia del ayuntamiento soledense, y ahora también del Concejo Municipal de Villa de Pozos, de que se proponen abandonar el Interapas, su junta de gobierno decidió no designar un nuevo director general sino poner uno provisional, hasta que se aclare el panorama con esas amenazas. Debo de insistir: dada la cultura de no pago, alentada por el gallardismo sobre todo en Soledad, para su ayuntamiento hacerse cargo del servicio de agua potable sería comprarse un bronconón financiero. Sería la sepultura política de Navarro y sus aspiraciones políticas. Pero él no decide, es de la servidumbre.
Hasta el próximo jueves.